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FMI: Argentina sigue «firme» y «buscando un acuerdo que le permita crecer»

Fueron las declaraciones de Alberto Fernández. Mientras tanto en EEUU, un grupo de legisladores y otras personalidades pidieron que su país respalde la revisión de sobrecargos

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Fernández: Argentina «busca un acuerdo con el FMI que le permita crecer y ordenar la economía»El presidente Alberto Fernandez aseguro hoy que el Gobierno sigue «firme buscando un acuerdo con el FMI que le convenga a la Argentina» para que el país pueda «crecer y ordenar la economía» y destacó que a lo largo del 2021 se logró «un alto crecimiento», de «más de diez puntos», que superó lo que se había caído durante la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Radio 750, el jefe de Estado expresó: «Buscamos un acuerdo que permita crecer y ordenar la economía, estamos en ese proceso, logramos que en 2021 haya un alto crecimiento, más de 10 puntos, todo lo que nos caímos en la pandemia y un poco más», sostuvo.

En EEUU se suman partidarios de revisar los sobrecargos

Un grupo de legisladores demócratas solicitó hoy a la titular del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, que Estados Unidos respalde ante el FMI la idea de revisar los sobrecargos que se aplican a los países con préstamos excepcionales, entre los cuales se encuentra la Argentina.

La iniciativa es promovida por 18 legisladores demócratas, entre los que se encuentran Jesús García, Alexandria Ocasio-Cortez y Pramila Jayapaly, entre otros. Los congresistas escribieron a Yellen que: «la política de recargos del FMI es un obstáculo para el crecimiento y la inversión social en los países en desarrollo y debilita los esfuerzos para abordar los inmensos desafíos que enfrenta el mundo en este momento”, según detalla un cable de la agencia Bloomberg.

En la carta, los legisladores demócratas urgieron a revisar la actual política de sobrecargos del FMI, luego de que los EEUU se negara a innovar en esta política, según la última votación realizada en diciembre en el directorio del FMI. En la misiva, los legisladores calificaron la actual política de sobrecargos del FMI como «injusta y contraproducente» y dijeron que restaba a los países los recursos necesarios para combatir la pandemia de Covid-19, a la vez que indicaron que podría aumentar el riesgo de default de países con problemas de deuda.

El pedido de los legisladores demócratas es el mismo que solicita la Argentina y otros países emergentes, y fue respaldado por el G20 en la última cumbre de presidentes realizada Roma, en octubre pasado, donde se indicó al FMI que revise la actual política de sobrecargos.

El directorio del FMI debatió este tema en una de sus últimas reuniones antes de Navidad, donde algunos integrantes se mostraron a favor de un alivio temporal, mientras que otros dijeron no que no ven la necesidad de revisar esa política, según un comunicado del FMI.

Entre los que se opusieron, «mencionaron el bajo costo total general de los préstamos del Fondo y el papel que tienen los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada de reservas de riesgo del organismo», reveló el FMI.

Luego se supo que los Estados Unidos, el principal accionista del Fondo con 16% de participación, se había negado a revisar esa política. En tanto, Alemania, Francia y Gran Bretaña están abiertos a revisar la política de recargos del FMI, entre los de mayor peso.

La revisión de los sobrecargos es respaldada también por una comunidad de economistas de peso internacional, entre los que se encuentran el Premio Nobel Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia; y Kevin Gallagher, director del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston; y Jeffrey Sachs, director del instituto de la Tierra, también de la Universidad de Columbia.

El Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz conversando con Martin Guzmán

A propósito también hoy Stiglitz elogió la «sorprendente» recuperación de la economía argentina, y se mostró en contra de los miembros del directorio que promueven ajuste drástico, como condición para alcanzar un acuerdo.

En un artículo publicado hoy en el medio independiente Project Sindicate, el economista de la Universidad de de Columbia dijo que «si bien todos deberían saber a estas alturas que la austeridad es contraproducente, es posible que algunos estados miembros influyentes del FMI aún la defiendan», al aludir a los miembros del directorio que buscan que la Argentina aplique una reducción más acelerada del déficit fiscal, como condición para avalar el acuerdo.

También Stiglitz consideró que «un acuerdo que simplemente amplíe el plazo de amortización de 4,5 a diez años no es suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la deuda de Argentina». El premio Nobel recordó que «el FMI reconoce ahora que su programa no logró los objetivos económicos que había establecido. La Evaluación Ex-Post del Fondo atribuye gran parte de la culpa al gobierno de Macri».

Advirtió por último que «si se invirtiera el rumbo con anticuados requisitos de austeridad a la Argentina (…) podría amenazar la estabilidad política y financiera mundial. Al final, todos perderían».

El gobierno argentino trabaja contra reloj para poder avanzar en un nuevo programa de financiamiento con el FMI, con el objetivo explícito de que la pauta fiscal no afecte la recuperación actual de la economía.

En lo que respecta a los vencimientos previstos para los primeros meses del corrientre año, entre fines de enero y principios de febrero, la Argentina deberá abonar entre intereses y sobrecargos alrededor de 1.655 millones de dólares.

La negociación entre las partes implica refinanciar los casi 45.000 millones de dólares contraídos durante la administración de Mauricio Macri, de un programa stand by fallido, donde sólo en 2022 la Argentina está obligada a pagar unos 19.000 millones de dólares. El próximo vencimiento de capital será a fines de marzo, momento del año que marca un plazo límite para la renegociación de la deuda argentina con el Club de Paris.

Por otra parte, hoy se informó que el economista británico del Fondo Monetario Internacional, Ben Kelmanson, comenzará esta semana a trabajar al frente de la oficina en Buenos Aires del organismo, en reemplazo del jamaiquino Trevor Alleyne.

Kelmanson es un economista con 22 años de experiencia en el Fondo, ha trabajado «en una variedad de asuntos a nivel global y regional y de políticas de la institución para economías avanzadas, de bajos ingresos y emergentes», según detalló el FMI tras la designación.

Durante los últimos tres años, el economista se desempeñó como representante permanente del organismo en Turquía. Kelmanson trabajará de manera directa bajo las órdenes del economista brasileño Ilan Goldfajn, quien la semana pasada asumió como nuevo director para el Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, cargo que dejó vacante el mexicano Alejandro Werner.

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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