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Casación ratificó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el procesamiento del expresidente por negociaciones incompatibles en la causa Seguros. También alcanzó a su círculo íntimo.

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★ La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como «Seguros», que investiga el direccionamiento de contratos de seguros estatales.

Según la resolución, también fueron procesados Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo íntimo del exmandatario, y su esposa, María Cantero, quien se desempeñaba como secretaria privada de Fernández.

Qué se investiga

El juez Sebastián Casanello procesó a Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se lo acusó de favorecer un esquema en el que intermediarios vinculados a él recibieron comisiones millonarias. Esto ocurrió a raíz de un decreto presidencial que obligaba al Estado a contratar seguros mediante Nación Seguros S.A.

Casanello ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández por $14.634.220.283,68.

Rol de Martínez Sosa y Cantero en la trama

El fallo judicial señaló una «comunidad de intereses económicos» entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero. La Justicia indicó que la relación entre ellos excedió lo profesional o amistoso: existieron intercambios frecuentes por WhatsApp, llamadas, visitas e incluso obsequios.

En algunos casos, Fernández intervino directamente para remover obstáculos que afectaban los negocios del broker. Por ejemplo, gestionó cambios en Nación Seguros para que Martínez Sosa mantuviera contratos.

Además, un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) determinó que el vínculo comercial entre Fernández y Martínez Sosa fue sostenido durante más de nueve años.

La defensa del expresidente y sus apelaciones

Fernández calificó el procesamiento como parte de una persecución política. Afirmó que se interpretaron las pruebas «con el solo propósito de mantenerlo arbitrariamente ligado al proceso».

Su defensa apeló pidiendo la nulidad del procesamiento. Argumentó que nunca fue indagado sobre algunas de las «conductas novedosas» que señaló Casanello. En marzo de 2025, la Cámara de Casación ya rechazó un intento de Fernández por anular su llamado a declarar.

Consecuencias políticas y judiciales del fallo

La confirmación del procesamiento por parte de Casación representó un paso significativo hacia un posible juicio oral. Esta decisión refuerza la acusación en su contra.

Además del procesamiento por corrupción, Fernández ya enfrenta otro proceso judicial por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez.

La causa de los seguros proyecta tensión política, especialmente por el vínculo entre el poder público y operadores privados. También genera repercusiones por involucrar un decreto presidencial que centralizó la contratación en Nación Seguros.

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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado

Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.

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El Argentino Diario-Pity Álvarez.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.

El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.

Cuatro disparos y ninguna agresión previa

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.

Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.

El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.

Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.

Una pena en la mitad de la escala

El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.

La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.

El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
  • Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
  • Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
  • La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
  • La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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