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Investigación 🔎

La Justicia investiga a cinco funcionarios del BCRA por vínculos con Elías Piccirillo

La justicia federal avanza en la investigación del «rulo» millonario con divisas durante la gestión anterior. Cinco funcionarios del BCRA están imputados tras el secuestro de dispositivos electrónicos. Audios revelan admisiones sobre irregularidades y complicidades jerárquicas.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio.

— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La causa por presunta corrupción financiera vinculada a maniobras ilegales con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández avanza en los tribunales federales. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi investigan a cinco funcionarios de alta jerarquía del Banco Central (BCRA) que permanecen en sus cargos pero enfrentan un sumario administrativo interno: Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández. La justicia ya secuestró sus teléfonos y computadoras para determinar el alcance de las presuntas complicidades.

Audios que comprometen: «Había gente de arriba toda entongada»

El caso tomó estado público tras la difusión de conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, y Francisco Hauque. En los audios, Hauque le reclama a Piccirillo una deuda de US$ 6 millones derivada de operaciones ilegales con divisas. Ante la negativa de pago, Hauque amenazó con denunciar el esquema ante las nuevas autoridades.

En uno de los registros más comprometedores, la inspectora del BCRA Romina García admite frente a Piccirillo que durante la gestión anterior denunciaron internamente las irregularidades detectadas, pero nadie actuó «porque había gente de arriba toda entongada», según consta en la grabación.

El mecanismo del «rulo»: dólares oficiales volcados al mercado informal

Según la hipótesis de la investigación judicial, los financistas accedían a dólares al tipo de cambio oficial mediante operaciones fraudulentas para luego venderlos en el mercado paralelo (blue), obteniendo ganancias millonarias por la diferencia de cotización. De acuerdo a las declaraciones de testigos y financistas «arrepentidos», parte de esos fondos se habrían destinado a la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.

La justicia también investiga una propiedad que Piccirillo le habría regalado a Jésica Cirio apenas dos días antes de su casamiento, según figura en la causa.

Maniobras de silenciamiento: armas y drogas plantadas

Para intentar acallar las amenazas de denuncia de Hauque, Piccirillo habría contado con la colaboración del policía Carlos Sebastián Smith, hoy convertido en arrepentido, quien le habría plantado armas y drogas al financista denunciante. Smith aportó pendrives con información que actualmente analiza el juzgado de Casanello.

Dos causas paralelas por maniobras similares

Mientras Casanello avanza en esta línea de investigación, la jueza María Servini tramita desde 2023 una causa paralela por operaciones similares de especulación cambiaria. La justicia busca establecer si ambos expedientes forman parte de una misma organización delictiva estructurada.

Por su parte, el BCRA abrió un sumario administrativo para determinar si los funcionarios implicados violaron el Código de Ética institucional. La clave del expediente reside en el contenido de los teléfonos secuestrados, que podrían revelar la identidad de los responsables políticos que habrían avalado estas operaciones mientras regía el cepo cambiario.

Puntos clave:

• Cinco funcionarios del BCRA están imputados por presuntas complicidades en maniobras ilegales con dólares durante el gobierno anterior

• Audios comprometedores revelan admisiones sobre irregularidades y menciones a «gente de arriba entongada» que frenaba las denuncias internas

• La justicia investiga un esquema de acceso fraudulento a dólares oficiales que luego eran volcados al mercado blue para obtener ganancias millonarias

• Un policía arrepentido admitió haber plantado armas y drogas a un financista que amenazaba con denunciar el sistema

• Dos juzgados tramitan causas paralelas que podrían formar parte de la misma organización delictiva

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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