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Política 📢

Milei convirtió el reclamo comercial de Paolo Rocca en una teoría conspirativa

El presidente reposteó mensajes que atribuyen al CEO de Techint una estrategia para desestabilizar la gestión libertaria tras las elecciones de septiembre. La escalada de insultos presidenciales continúa sin que se aporten evidencias de las graves acusaciones.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Javier Milei intensificó su campaña de descalificaciones contra Paolo Rocca y ahora lo acusa directamente de conspirar para derribar su gobierno. A través de su cuenta de X, el presidente reposteó mensajes de seguidores que atribuyen al empresario ítalo-argentino una supuesta estrategia para desestabilizar la administración libertaria luego de las elecciones legislativas de septiembre, sin aportar ninguna prueba de tales afirmaciones.

«Que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste», escribió el usuario identificado como «Ziberial». Milei citó la publicación y añadió escuetamente: «Dato». Con esa palabra, el mandatario avaló una acusación gravísima, conspiración contra el gobierno democráticamente electo, sin presentar evidencia alguna que la sustente.

La viralización de acusaciones sin fundamento

El presidente no se limitó a ese mensaje. También destacó una serie de publicaciones en contra del CEO de Techint, incluyendo una que decía: «Visita a una amiga canta con ella y después da un discurso dejando al descubierto a empresarios prendarios como Roca que más se puede pedir amo a JM». La referencia parece aludir a alguna aparición pública de Milei, aunque el contexto específico no queda claro en la publicación original.

Milei también hizo propias las palabras de un militante de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien expresó: «Es coherente con todo lo que venimos viendo: parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral. Perdieron la apuesta. El esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político. Domadisimo Don Chatarrin».

El mensaje presidencial resulta particularmente grave porque sugiere que Rocca habría participado de «aprietes» y «operaciones» contra el gobierno, sin especificar cuáles ni aportar evidencia. Se trata de acusaciones serias que, de ser ciertas, configurarían delitos. Pero Milei las lanza desde sus redes sociales con la liviandad con la que comenta el resultado de un partido de fútbol.

El trasfondo: una licitación perdida convertida en guerra política

El conflicto entre Milei y Rocca surgió cuando Techint perdió la licitación para proveer tubos al gasoducto de Vaca Muerta frente a la empresa india Welspun. Southern Energy adjudicó el contrato por US$203 millones a la firma asiática, mientras que las sucesivas ofertas de Tenaris oscilaron entre US$296 millones y US$250 millones, según distintas versiones.

El grupo de Rocca evaluó presentar una denuncia por dumping, argumentando que la competencia asiática perjudica la producción local. La paradoja es notable: durante décadas, Techint fustigó las políticas de protección industrial implementadas por gobiernos peronistas. Ahora que le toca perder en el mercado abierto que tanto pregonó, reclama intervención estatal.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también participó del debate público y sostuvo que la oferta de Welspun estuvo un 40% por debajo de la realizada por Techint. La empresa desmintió esa cifra en declaraciones al Financial Times, asegurando que el dato es «incorrecto» y que su propuesta final implicaba trabajar con «margen prácticamente cero».

De la discrepancia comercial a la acusación de golpismo

Lo que comenzó como una disputa por una licitación empresarial escaló rápidamente hacia acusaciones de conspiración política. Milei pasó de burlarse de Rocca llamándolo «Don Chatarrín» y «Señor Chatarra» a sugerir que el empresario intentó derribar su gobierno apostando a que no sobreviviría a las elecciones legislativas.

La gravedad de la acusación amerita una pregunta elemental: ¿cuál es la evidencia? Hasta ahora, Milei no presentó ninguna. No mencionó contactos específicos entre Rocca y opositores políticos, no reveló conversaciones comprometedoras, no aportó documentos que prueben financiamiento a candidatos adversos, ni señaló acciones concretas destinadas a desestabilizar el gobierno.

Lo único verificable es que Techint perdió una licitación comercial, presentó ofertas más caras que la competencia, y evaluó recurrir a mecanismos legales (denuncia por dumping) para defender sus intereses. Nada de eso constituye conspiración política ni intento de derribar un gobierno.

El estilo presidencial: acusar primero, probar nunca

El episodio expone un patrón recurrente en la gestión de Milei: la descalificación personal de quienes cuestionan sus políticas, con acusaciones graves que no se sustentan en pruebas. Ya lo hizo con periodistas a quienes atribuyó recibir «sobres» de Rocca sin evidencia. Ahora acusa al propio empresario de conspirar contra la democracia, también sin sustento.

Paolo Rocca no es un dirigente político opositor. Es el CEO del principal grupo industrial argentino, con inversiones multimillonarias en el país y vínculos históricos con gobiernos de distinto signo. Que haya respaldado o no a Milei en las elecciones de 2023 es materia de especulación periodística, no de certeza documental. Y aunque lo hubiera hecho, cambiar de opinión sobre un gobierno no constituye conspiración.

La acusación presidencial también ignora un hecho evidente: si Rocca realmente hubiera «jugado all in» para derribar al gobierno, y Milei ganó las elecciones legislativas de septiembre como afirma el mensaje que reposteó, entonces la supuesta conspiración fracasó estrepitosamente. ¿Por qué seguir atacando a alguien que ya perdió su apuesta?

Las contradicciones que nadie resuelve

La disputa entre Milei y Rocca expone contradicciones en ambos bandos que nadie termina de resolver. Por un lado, Techint descubrió tardíamente los beneficios de la protección estatal que combatió durante décadas. Por otro, el presidente que predica el libre mercado dedica tiempo y energía presidenciales a insultar y acusar sin pruebas a un empresario que simplemente perdió una licitación.

Ninguno de los dos aborda el debate de fondo que mencionan retóricamente: qué modelo productivo quiere Argentina, cómo se equilibran las asimetrías impositivas con países asiáticos, qué rol debe tener el Estado en el desarrollo industrial, cómo se protege el empleo local sin caer en ineficiencias crónicas.

En lugar de ese debate necesario, tenemos un presidente que viraliza acusaciones conspiranoides y un empresario que admite trabajar sin margen de ganancia tras décadas de fustigar a quienes defendían exactamente eso. Es el nivel del debate público argentino en 2026: insultos, contradicciones y acusaciones sin pruebas.

Puntos clave

• Milei reposteó mensajes que acusan a Paolo Rocca de conspirar para derribar su gobierno tras las elecciones de septiembre, sin aportar ninguna evidencia
• El presidente avaló con la palabra «Dato» acusaciones de que el empresario participó de «aprietes y operaciones» contra el poder político
• El conflicto surgió por la pérdida de Techint en la licitación de tubos para Vaca Muerta frente a la firma india Welspun
• Milei intensificó su estrategia de descalificación personal, pasando de burlas a acusaciones de conspiración política
• La escalada presidencial convirtió una disputa comercial en acusaciones gravísimas que no se sustentan en pruebas verificables

Educación

En plena Marcha Universitaria, la Cámara frenó la multa diaria a Santilli

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de forma provisoria las astreintes de $100.000 por día que el juez Martín Cormick le había impuesto al jefe de Gabinete por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión llegó tras una queja de Capital Humano y apenas un día después de la sanción.

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La sanción duró menos de veinticuatro horas. Mientras miles de estudiantes, docentes y no docentes colmaban las calles en la quinta Marcha Federal Universitaria, un tribunal de alzada le concedió al Gobierno de Javier Milei el respiro que la ley no le da: la multa diaria por desobedecer una cautelar firme quedó en suspenso, aunque la obligación de pagar salarios y becas sigue intacta.

La resolución corresponde a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que suspendió de manera provisoria la aplicación de las astreintes de $100.000 por día que debía afrontar el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El tribunal se pronunció a partir de una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra la sanción dictada por el juez federal Martín Cormick.

Una multa con nombre y apellido

Cormick había resuelto el miércoles hacer efectivo el apercibimiento que formuló el 30 de septiembre y fijó una primera multa de $100.000 diarios. El planteo que derivó en la sanción fue presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía sin cumplir la medida cautelar.

La particularidad de la medida era su destinatario. Las astreintes no recaían sobre el Estado en abstracto, sino sobre el funcionario que encabeza la Jefatura de Gabinete. Además, el magistrado aclaró que se trataba de una primera etapa y que podía modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados si el incumplimiento persistía.

Diez meses de una cautelar que nadie cumple

El conflicto judicial se arrastra desde diciembre de 2025, cuando Cormick dictó la cautelar que ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición salarial del personal docente y no docente y a la actualización de las becas estudiantiles. La medida fue confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio.

El Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento mediante el Decreto 759/2025. El 6 de octubre, en la causa principal, el propio Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó aplicar la norma de manera inmediata. El Gobierno respondió con apelaciones, mientras el juez insistía en que la cautelar seguía siendo de cumplimiento obligatorio.

Se trata de una ley que el Congreso sancionó y luego ratificó con dos tercios tras el veto presidencial. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su costo total equivale al 0,23% del PBI, un dato que relativiza el argumento fiscal con el que la Casa Rosada justifica su resistencia.

Becas congeladas y una marcha que no se detiene

Detrás del expediente hay números concretos. Las becas estudiantiles que la cautelar obliga a actualizar quedaron congeladas en $35.000, de los cuales los beneficiarios solo perciben $28.000 por las retenciones que aplica la ANSES. Ese monto, que no alcanza siquiera para cubrir un mes de transporte en el AMBA, es una de las banderas del reclamo que hoy volvió a movilizar a la comunidad universitaria.

La coincidencia temporal no es menor. La suspensión de la multa llegó el mismo día en que la universidad pública volvió a ganar la calle en todo el país, en la quinta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Por ahora, la decisión de la Cámara es provisoria y no anula la cautelar: el Gobierno conserva la obligación de recomponer salarios y becas, solo que sin la presión económica diaria sobre su jefe de Gabinete.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de forma provisoria la multa de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
  • La decisión respondió a una queja del Ministerio de Capital Humano contra la sanción dictada por el juez Martín Cormick.
  • La multa se había impuesto a pedido del CIN por el incumplimiento de la cautelar que ordena actualizar salarios universitarios y becas.
  • La cautelar, dictada en diciembre de 2025, quedó firme tras un rechazo de la Corte Suprema en junio y sigue vigente.
  • Las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, con un cobro efectivo de $28.000 por retenciones de la ANSES.

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