Geopolítica 🌎
Apriete en la Patagonia: Washington amenazó a una cooperativa neuquina para frenar un acuerdo con China
La embajada china en Buenos Aires presentó una protesta formal contra la representación diplomática estadounidense, que amenazó con revocar visas a directivos de la cooperativa neuquina CALF por avanzar en un acuerdo tecnológico con la empresa Huawei. El episodio convierte a Neuquén en escenario del enfrentamiento global entre las dos superpotencias.
La disputa tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China llegó a la Patagonia argentina con una intensidad que difícilmente puede calificarse de incidental. La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), proveedora de electricidad e internet en la capital provincial, denunció que recibió mensajes de un funcionario de la embajada estadounidense en los que se advertía sobre la revocación de visas a sus directivos si la entidad avanzaba en un acuerdo con la empresa tecnológica china Huawei. La respuesta de Beijing no se hizo esperar: la embajada china en Buenos Aires emitió un comunicado formal que acusa a Washington de ejercer prácticas hegemónicas y de obstruir de manera arbitraria la cooperación entre China y Argentina.
Un mensaje de WhatsApp que encendió la mecha
El origen del conflicto puede rastrearse hasta el 12 de julio, cuando Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la embajada de Estados Unidos en Argentina, envió un mensaje de WhatsApp al teléfono de Sergio Fernández Novoa, gerente de CALFibra (la unidad de servicios de fibra óptica de la cooperativa). En ese mensaje, Dilts advirtió que una política del gobierno estadounidense restringe o revoca las visas de directivos que expandan las operaciones de Huawei en el país. El canal elegido (un mensaje informal al celular de un trabajador) no pasó inadvertido para la cooperativa, que consideró la metodología tan llamativa como el contenido.
El acuerdo que motivó la presión había comenzado a gestarse a fines de abril, cuando autoridades de CALF viajaron a China para avanzar en la construcción de un datacenter regional. A principios de julio, la cooperativa y un representante de Huawei presentaron públicamente proyectos vinculados a movilidad y planificación urbana inteligente para Neuquén. Fue precisamente ese avance el que disparó la intervención diplomática estadounidense.
CALF exigió fundamento técnico y recurrió a Cancillería
Lejos de ceder, la cooperativa respondió con firmeza institucional. En un comunicado emitido este miércoles 6 de agosto, CALF señaló que el 29 de julio solicitó por escrito a la embajada estadounidense que sus preocupaciones fueran formuladas con fundamento técnico. Según la entidad, esa respuesta nunca llegó: solo recibieron advertencias informales sobre visas, sin ninguna objeción técnica concreta que sustente la supuesta amenaza de seguridad.
La cooperativa cuestionó además el procedimiento elegido por la diplomacia de Washington. En su comunicado planteó que «una cosa es que un Estado decida sobre sus propias visas y otra distinta es que esa facultad se invoque de manera informal ante un trabajador». Por esa razón, CALF envió una nota formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que intervenga en el conflicto a nivel diplomático.
La entidad también aclaró que sus redes de telecomunicaciones no dependen exclusivamente de proveedores chinos: trabaja con empresas estadounidenses, europeas y suizas. Señaló que eligió a Huawei por la combinación de calidad, precio y financiamiento, y remarcó que la tecnología de esa empresa ya opera en gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones y energía del país, incluyendo operadoras nacionales de primera línea. CALF subrayó además que ninguna otra empresa del sector recibió advertencias equivalentes por parte de la embajada de Estados Unidos.
La embajada china acusó a Washington de «prácticas hegemónicas»
Beijing tomó el episodio como una afrenta que excedía los límites de una disputa comercial bilateral. La embajada china en Buenos Aires difundió un comunicado titulado «Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos». El texto acusó al gobierno de Washington de haber instalado artificialmente la idea de una «amenaza china» para bloquear contratos legítimos, y calificó el uso de la revocación de visas como una herramienta de presión contra terceros países como una «grave falta de respeto» a su soberanía.
El comunicado extendió la crítica al plano político más amplio: sostuvo que la postura de Washington «no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país», y afirmó que eso pone al descubierto la «naturaleza hipócrita» del discurso estadounidense sobre democracia y libre mercado. La embajada instó a Washington a corregir su percepción de China y a abandonar lo que definió como prácticas hegemónicas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, declaró ante periodistas del diario Clarín que la cooperación entre CALF y Huawei era encuadrada por Washington como un «asunto de seguridad nacional», sin ofrecer mayores precisiones técnicas sobre los fundamentos de esa clasificación.
Repercusión política en Neuquén y la Argentina en el centro del tablero global
El episodio no tardó en generar reacciones en la escena política provincial. La diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Cielubi Obreque presentó una declaración legislativa de rechazo a lo que describió como una presión indebida del gobierno de Donald Trump sobre una entidad argentina.
El conflicto en torno a CALF y Huawei no es un hecho aislado. Forma parte de una disputa global en la que Washington busca desde hace años limitar la expansión internacional de la tecnológica china, invocando riesgos de espionaje y vulnerabilidades en redes de infraestructura crítica. China rechaza sistemáticamente esas acusaciones y las atribuye a una estrategia de competencia desleal disfrazada de preocupación por la seguridad. La Argentina, atrapada entre su creciente vínculo estratégico con Beijing y la presión de Washington, vuelve a quedar en el centro de un tablero que excede con creces sus propias fronteras.
Puntos clave
- El agregado de Asuntos Económicos de la embajada de EE.UU., Andrew Dilts, advirtió el 12 de julio al gerente de CALFibra que los directivos de la cooperativa podrían perder sus visas si expandían las operaciones con Huawei.
- CALF reclamó fundamento técnico a la embajada estadounidense el 29 de julio y recurrió formalmente a la Cancillería argentina para que intervenga en el conflicto.
- La embajada china emitió un comunicado que acusa a Washington de ejercer «prácticas hegemónicas» y de obstaculizar arbitrariamente la cooperación China-Argentina.
- El embajador estadounidense Peter Lamelas calificó el acuerdo CALF-Huawei como «un asunto de seguridad nacional» sin ofrecer fundamentos técnicos.
- La diputada neuquina Cielubi Obreque presentó una declaración legislativa de rechazo a la presión diplomática de Estados Unidos.
Energía
Sea Lion: Londres autorizó el saqueo del petróleo argentino en Malvinas
Ed Miliband dio el aval final para explotar Sea Lion, con primer petróleo previsto para 2028, y Londres prepara una ley para que Navitas y Rockhopper ignoren las normas argentinas. Ambas están sancionadas en el país y bajo investigación penal.
El Reino Unido dio el aval final para extraer petróleo de la plataforma continental argentina en las Islas Malvinas. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, firmó el consentimiento al plan de desarrollo del Área Norte del yacimiento Sea Lion, y Londres anunció en paralelo una ley para que las petroleras puedan ignorar la legislación argentina. Según la operadora, el primer petróleo saldría en marzo de 2028.
La confirmación llegó este martes por la propia empresa, la israelí Navitas Petroleum, antes del anuncio formal del Gobierno británico. Era el último aval pendiente: la administración colonial británica en las islas ya había aprobado el plan de desarrollo y producción, vigente desde la decisión final de inversión de diciembre de 2025.
Qué se llevan
Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte. Según estimaciones citadas por la prensa británica, el yacimiento contiene hasta 1.700 millones de barriles. Navitas opera el proyecto con el 65 por ciento y la británica Rockhopper Exploration, que lo descubrió en 2010, conserva el 35 por ciento.
El plan publicado por Navitas prevé una primera fase con 11 pozos submarinos conectados a un buque de producción y almacenamiento, y una segunda fase con otros 12 pozos unos tres años después del primer petróleo. La empresa calcula más de 30 años de producción, con operaciones desde Londres, Aberdeen y Puerto Argentino. Son recursos de la plataforma continental argentina explotados bajo licencias que la Argentina no otorgó ni reconoce.
Según The Guardian, el proyecto puede triplicar el producto bruto de las islas. La riqueza del subsuelo argentino queda así en manos de una petrolera israelí, una británica y la administración colonial que las habilitó.
Una ley para blindar a las petroleras
El mismo día, el Departamento de Comercio y la Cancillería británica (FCDO) anunciaron medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés), que impide a personas y empresas británicas cumplir con medidas extraterritoriales de otros países. El objetivo declarado es que ninguna compañía vinculada a la actividad en las islas se vea obligada a acatar las normas argentinas. Según el Gobierno británico, la legislación secundaria está en preparación y la meta es que rija antes de fin de año.
El secretario de Comercio, Jonathan Reynolds, dijo (en traducción de este medio): «Estos pasos envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la Argentina busca aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas». Miliband agregó que «los intentos de la Argentina de intimidar a empresas e individuos que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables».
Londres llama coerción a que la Argentina aplique su ley sobre su propia plataforma continental, en un territorio argentino ocupado cuya disputa de soberanía reconocen las Naciones Unidas.
Las empresas ya están sancionadas en la Argentina
Para el Estado argentino, Navitas y Rockhopper operan de forma ilegal. Según la Cancillería, Rockhopper fue declarada clandestina por la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía e inhabilitada por 20 años para operar en el país por la Resolución 456/2013. Navitas recibió las mismas sanciones por la Resolución 240/2022.
A eso se suma la causa penal que tramita el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli. La Justicia pidió al Reino Unido y a Israel los registros de directivos, representantes legales y composición societaria de ambas empresas desde 2012, para identificarlos y citarlos a indagatoria. En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó el 16 de septiembre a las dos compañías abstenerse de iniciar o continuar las obras, a pedido del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Esa causa es la que Londres buscó desactivar por adelantado: según The Guardian, el Reino Unido le pidió a Interpol que considere motivados políticamente eventuales pedidos argentinos de detención. Fuentes de la Cancillería argentina negaron ante La Nación haber presentado alguno.
Soberanía energética en juego
El aval de Miliband llegó horas después de que la Argentina pidiera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para impedir la explotación de Sea Lion y el otorgamiento de nuevos permisos, mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Fue el paso siguiente al ultimátum del 28 de septiembre, que venció el lunes 12 sin respuesta favorable.
La contradicción británica es evidente: como secretario de Energía, Miliband había frenado toda nueva exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte. En el Atlántico Sur, en cambio, firma el desarrollo de un yacimiento de hasta 1.700 millones de barriles.
Defender las Islas Malvinas exige una política de Estado sostenida, no gestos aislados de un gobierno que en otros frentes resigna soberanía económica. Mientras el Tribunal del Mar define si dicta las medidas pedidas, el petróleo argentino del Atlántico Sur ya tiene aval británico y fecha de extracción.
Lo que tenés que saber:
- Ed Miliband dio el aval final británico al Área Norte de Sea Lion; Navitas prevé el primer petróleo para marzo de 2028.
- El yacimiento, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, tendría hasta 1.700 millones de barriles: Navitas tiene el 65% y Rockhopper el 35%.
- Londres prepara medidas bajo la ley de Protección de Intereses Comerciales para que las petroleras no cumplan las normas argentinas.
- Ambas empresas están sancionadas e inhabilitadas en la Argentina, y Ercolini y Stornelli buscan identificar a sus directivos desde 2012 para indagarlos.
- La Argentina pidió al Tribunal del Mar medidas provisionales para frenar la explotación.
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