Quienes buscaban ser reconocidos como víctimas con derecho a impulsar la acción penal son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, este último el inversor que en audiencias previas ante el mismo tribunal describió la maniobra como una «estafa monumental» de 286 millones de dólares con 84.000 damnificados en el mundo. El fallo les cierra esa vía y deja la investigación en manos exclusivas del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado públicamente por las propias partes afectadas por la parsimonia con la que conduce el expediente.

El argumento del tribunal: el riesgo era conocido

En el fallo, Llorens y Bertuzzi compartieron la tesis de Martínez de Giorgi según la cual la operatoria cripto «se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito». Para los magistrados, quienes adquirieron el token asumieron conscientemente las consecuencias de esa apuesta, y la pérdida patrimonial sufrida no es más que el resultado lógico de ese riesgo voluntariamente aceptado.

Los jueces también rechazaron la hipótesis central de los afectados: que la maniobra fue diseñada «desde las altas esferas gubernamentales» junto con un grupo de desarrolladores de criptoactivos, mediante un ardid doloso destinado a provocar una disposición patrimonial perjudicial. Según el tribunal, esa versión «se encuentra diluida» ante el material probatorio reunido hasta el momento. Ninguno de los apelantes logró demostrar, a los fines de su legitimación, la existencia de una afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a comprar el token, ni la conexión entre esa supuesta maniobra y el daño patrimonial que alegan haber sufrido.

Bertuzzi: el juez recién llegado y ya comprometido

El dato político más saliente del fallo no es jurídico sino institucional. Pablo Bertuzzi prestó juramento como juez de la Sala I el jueves, un día antes de firmar la resolución que perjudica a los inversores damnificados. Bertuzzi fue propuesto por el gobierno de Javier Milei para ocupar ese cargo, en el marco de las negociaciones que definieron la integración del tribunal que tiene en su órbita la causa que involucra directamente al Presidente. Pablo Yadarola, el otro magistrado propuesto por el Ejecutivo, juró en la misma ceremonia pero no integró esta decisión.

La coincidencia temporal entre la jura de un juez oficialista y el fallo que beneficia al entorno presidencial no pasó inadvertida en el ambiente judicial ni entre los abogados de los afectados. La causa que investiga si hubo engaño en el lanzamiento de $LIBRA, un token que el presidente Milei promocionó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025 y que colapsó horas después, será juzgada en adelante por un tribunal cuya composición fue rediseñada con participación directa del Ejecutivo.

Taiano: el fiscal que no avanza

Con los querellantes afuera, la instrucción recae únicamente en el fiscal federal Eduardo Taiano, señalado por los propios damnificados y sus letrados como el principal obstáculo para el avance de la causa. Desde que el expediente se abrió en febrero de 2025, Taiano no solicitó indagatorias, no impulsó medidas de prueba sustanciales sobre la ruta del dinero y fue denunciado penalmente por encubrimiento por uno de los propios querellantes ahora excluidos. En ese expediente paralelo, el fiscal acusado de obstruir la investigación principal es, paradójicamente, el mismo que ahora queda como único impulsor de la causa original.

Las investigaciones previas de la Policía Federal argentina determinaron que el contrato del token $LIBRA se hizo público por primera vez con el posteo de Milei, descartando la versión oficial de que el lanzamiento era preexistente y el Presidente simplemente lo había difundido. Un contrato hallado en el celular del trader Mauricio Novelli, imputado en la causa y vinculado al círculo presidencial, proyectaba una tarifa de un millón y medio de dólares por un tuit del mandatario, dentro de un acuerdo global de cinco millones de dólares. Esos elementos probatorios forman parte del expediente del que Taiano, hasta ahora, no extrajo consecuencias procesales concretas.

Puntos clave

• La Sala I de la Cámara Federal ratificó el apartamiento de cinco inversores que buscaban ser querellantes en la causa $LIBRA.
• El tribunal sostuvo que quienes compraron el token asumieron voluntariamente el riesgo de un mercado sin regulación.
• Pablo Bertuzzi, propuesto por el gobierno de Milei, firmó el fallo apenas un día después de prestar juramento.
• La investigación queda en manos exclusivas del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por los afectados por la demora en la causa.
• Peritajes previos de la Policía Federal establecieron que el contrato de $LIBRA se publicó por primera vez con el tuit presidencial del 14 de febrero de 2025.