Viejos tuits, nuevas pruebas

El escándalo que rodea a José Luis Espert sumó en las últimas horas un giro inesperado. Publicaciones de 2020 y 2021 de CMI-Guatemala (@cmiguate), un medio de investigación especializado en “mapear redes de poder”, confirman que la empresa “Minas del Pueblo S.A.” —que le transfirió 200.000 dólares al diputado libertario— pertenece al empresario argentino Federico “Fred” Machado, detenido y acusado por la Justicia de Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

En mayo de 2020, el medio guatemalteco había sido categórico:

“#DATO Minas del Pueblo, S.A., es del argentino Federico Machado. La avioneta también es propiedad de Machado, quien fue capturado recientemente en Argentina, a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos incluyendo narcotráfico”.

Un año más tarde, el propio Ministerio Público de Guatemala (@MPguatemala) reforzó el dato al informar sobre la investigación de “una pista de aterrizaje y una aeronave” vinculadas a la firma, acompañando la publicación con la foto de una avioneta matrícula N584LU.

Un golpe a la defensa de Espert

Estas revelaciones dejan sin sustento la línea argumental del diputado de La Libertad Avanza. En su descargo reciente, Espert había intentado diferenciar a Machado de la empresa, asegurando que el pago fue “un contrato de consultoría privada” posterior a la campaña presidencial de 2019.

Pero los registros públicos en Guatemala trazan un vínculo directo: la empresa que le pagó a Espert es la misma que aparece en causas internacionales de narcotráfico y lavado. La existencia de una pista clandestina y una avioneta bajo investigación judicial suman sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus actividades.

Contexto político explosivo

El episodio golpea en un momento delicado para el oficialismo libertario, atravesado por denuncias de financiamiento irregular y vínculos con empresarios bajo la lupa internacional. Que el dinero recibido por Espert provenga de una empresa controlada por un presunto narco detenido a pedido de EE.UU. agrava el cuadro de complicidades y expone grietas en la narrativa de “transparencia” que el gobierno de Javier Milei intenta sostener.