Economía 💲
Del impuesto al narco: crece el escándalo entre el Gobierno de Santa Fe y Mercado Libre
La empresa fundada por Marcos Galperin rechazó las acusaciones del funcionario provincial, quien vinculó sus dispositivos con operaciones del narcomenudeo.
La tensión entre Mercado Libre y el gobierno de Santa Fe escaló esta semana a niveles inusitados, luego de que el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, acusara a la empresa de facilitar transacciones vinculadas al narcotráfico y calificara como “represalia” un reciente comunicado del unicornio argentino sobre la suba de Ingresos Brutos.
En un comunicado oficial, Mercado Libre respondió con dureza: “Difamar no baja Ingresos Brutos”. La firma cuestionó el tono y el contenido de las declaraciones del funcionario, al que acusó de desviar el eje de la discusión fiscal con acusaciones “infundadas” y “sin sustento judicial”.
“El ministro busca desviar la discusión con acusaciones infundadas y no resuelve el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su provincia”, sostuvo la empresa.
El origen del conflicto: una suba tributaria
El conflicto se desató luego de que Mercado Libre difundiera un comunicado señalando que el aumento del impuesto a los Ingresos Brutos en algunas provincias —entre ellas Santa Fe— encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios que operan en su plataforma.
El mensaje, que tenía tono técnico, derivó en una fuerte reacción política de Olivares, quien aseguró que se trataba de una maniobra de presión para condicionar la política fiscal de la provincia. El ministro fue más allá: vinculó a la empresa con operaciones de narcomenudeo, al asegurar que “en muchos búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point de Mercado Pago”.
“La paradoja es que mientras se facilita indirectamente la actividad de los narcos, el Estado debe destinar los ingresos recaudados para financiar la lucha contra esas mismas actividades ilícitas”, afirmó Olivares.
Mercado Libre se defendió: “Trabajamos con la Justicia”
La empresa negó toda vinculación con redes delictivas y afirmó que, junto con Mercado Pago, colabora activamente con las autoridades para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad de las operaciones digitales.
“Somos muy rigurosos en la detección y sanción de conductas ilegales”, señalaron, y agregaron que utilizan tecnología, inteligencia de datos y protocolos de seguridad para evitar que sus plataformas sean usadas para actividades ilícitas.
En ese sentido, recordaron que en mayo desarrollaron un plan de capacitación en Santa Fe junto a autoridades provinciales y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de detectar usos indebidos de dispositivos de pago y contribuir al trabajo de las fuerzas de seguridad.
Un debate más amplio sobre fiscalidad y economía digital
Más allá del cruce de acusaciones, el caso revela una tensión de fondo entre los nuevos modelos de negocios digitales y los regímenes fiscales provinciales. Mientras empresas como Mercado Libre cuestionan lo que consideran una presión impositiva excesiva, los gobiernos locales defienden su potestad tributaria como fuente clave de financiamiento.
El modelo libertario impulsado desde el Gobierno nacional, que prioriza la baja de impuestos y la desregulación del mercado, también parece colarse en la disputa. No es la primera vez que Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, se muestra crítico del peso fiscal en Argentina y de lo que denomina “sobrerregulación estatal”.
En este caso, sin embargo, la discusión cruzó una línea sensible: la acusación directa de un ministro provincial hacia una de las mayores empresas tecnológicas del país por su presunto uso en transacciones delictivas.
Economía 💲
Milei destruyó 24.000 empresas y 200.000 empleos: Buenos Aires, la provincia más golpeada
Un informe advierte que el aumento del empleo precario e informal no compensa la destrucción de trabajo formal registrado. Los sectores más golpeados en empleo fueron Construcción, Textiles, Metalmecánica y Servicios a empresas.
El ajuste de Milei se cobró 24.180 empresas y 206.300 empleos en dos años
★ En dos años de ajuste fiscal, apertura indiscriminada a las importaciones y desregulación económica, el gobierno de Javier Milei destruyó 24.180 empresas y 206.300 puestos de trabajo privados registrados en todo el país. La Provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción más golpeada, con 6.174 firmas cerradas y 70.707 empleos perdidos. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande.
El relevamiento, que abarca desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, revela que el tejido productivo argentino sufrió una contracción del 4,7% de las empresas del país. La caída se registró en 23 de las 24 jurisdicciones del territorio nacional, con un impacto devastador sobre las provincias más industrializadas y, paradójicamente, también sobre las economías regionales más vulnerables.
El mapa de la destrucción productiva
Detrás de la Provincia de Buenos Aires en el ranking de empresas cerradas aparecen Córdoba, con 4.090 firmas menos, y Santa Fe, con 2.542. Sin embargo, el informe advierte que en términos relativos las provincias más castigadas fueron La Rioja (con una caída del 18,3% de sus empresas), Chaco (-12,9%) y Catamarca (-11,2%): datos que exponen el impacto diferencial del ajuste sobre las economías del interior con menor espalda financiera.
El análisis sectorial confirma que la contracción no respetó rubros. Sectores que el gobierno libertario suele presentar como «ganadores» de su modelo, como el financiero, también registraron destrucción de firmas, aunque con crecimiento del empleo precario y de plataformas. El informe del Instituto Argentina Grande es terminante al respecto: ese fenómeno «no se trata de una reconversión; si bien aumenta el empleo informal y precario, al mismo tiempo se incrementa la tasa de desempleo«.
Los sectores más afectados
En términos de actividad, los rubros que mayor caída registraron en cantidad de firmas son Transporte y Almacenamiento (-14,9%), Servicios Extraterritoriales (-13,7%), Inmobiliarios (-11,6%) y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (-8%).
La pérdida de empleos registrados se verificó en 21 de los 25 sectores relevados. Los más afectados fueron la Construcción (-59.266 puestos), los Textiles (-22.441), Otros servicios a empresas (-20.084) y la Metalmecánica (-18.452). Incluso la minería, el petróleo y las finanzas, sectores que el oficialismo exhibe como motores de su «revolución de la oferta», acusaron destrucción de empleo formal.
Los únicos tres sectores que registraron saldo positivo en materia de empleo fueron el agropecuario y pesca (+8.888 puestos), las actividades informáticas (+5.756) y la educación (+2.402), datos que subrayan la extrema concentración de los beneficios del modelo en sectores exportadores o formadores de divisas, con escaso impacto en el mercado interno y el consumo popular.
El costo social del modelo libertario
La Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, acumula así la mayor carga del ajuste nacional: 6.174 empresas menos y 70.707 empleos privados registrados destruidos. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 39.160 puestos menos y Córdoba con 15.660.
El informe del Instituto Argentina Grande subraya que el crecimiento de firmas y empleo en el sector financiero y en minería e hidrocarburos «no se traducen en demanda efectiva y consumo masivo«, lo que desnuda la contradicción estructural del modelo: los sectores que crecen son justamente los que tienen menor capacidad de tracción sobre la economía real, los salarios y el bienestar de las mayorías.
Dos años después del inicio de la gestión de Milei, el balance para la industria argentina es devastador. Más de 24.000 empresas cerradas, más de 206.000 trabajadores formales sin empleo, y una reconversión productiva que, según los datos del propio Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), no es tal: la informalidad crece al tiempo que el desempleo también sube.
Puntos clave:
- En dos años de gestión Milei cerraron 24.180 empresas en 23 de 24 provincias, según el Instituto Argentina Grande.
- Se perdieron 206.300 empleos privados registrados en 22 de 24 jurisdicciones del país.
- La Provincia de Buenos Aires fue la más afectada: 6.174 firmas cerradas y 70.707 puestos de trabajo destruidos.
- Los sectores más golpeados en empleo fueron Construcción, Textiles, Metalmecánica y Servicios a empresas.
- El informe advierte que el aumento del empleo precario e informal no compensa la destrucción de trabajo formal registrado.
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