Región
Tras el balotaje en Ecuador, el desafío del nuevo gobierno será paliar el grave deterioro económico
Luego de las fallidas presidencias neoliberales de Guillermo Lasso y su predecesor, Lenín Moreno, el país tendrá que volver a la senda de la estabilidad política y económica.
La ola de violencia que atravesó Ecuador en los últimos meses hizo que en la última campaña proselitista quedara en segundo plano la discusión sobre el cuadro socio-económico que vive el país y que, en definitiva, será el que deberá enfrentar quien gane el balotaje de octubre, una pulseada en la que parece volver a ponerse en debate un modelo de expansión del Estado frente a otro que privilegia la iniciativa privada.
«El que gane va a encontrar un país con una economía totalmente desgastada y no tiene que ver únicamente con (Guillermo) Lasso, sino que esto viene del 2015. Es una economía anclada en el petróleo, sin que el petróleo haya podido ser, como fue para otros países, la palanca del desarrollo. Pero además hay un narcotráfico creciente, un costo de vida altísimo, poca inversión extranjera», afirmó el consultor y analista Christian Albuja en declaraciones a Télam.
Docente en la Universidad Católica de Quito, Albuja consideró que deben fijarse dos prioridades: «Por un lado, atender la cuestión seguridad, porque claramente afecta la economía; y por otro, una tregua política para poder hacer algo en 15 meses, no importa quien gane».
Luisa González, de la correísta Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), ganaron el domingo último la chance de ir a una segunda vuelta el 15 de octubre para definir quién completará el mandato del presidente Lasso, hasta mayo de 2025.
Los planes de González, que si gana sería la primera presidenta mujer electa en Ecuador, y de Noboa, que con 35 años es el candidato más joven, suponen modelos bien diferenciados, según el rol que cada uno planea para el Estado, aunque Albuja relativiza ese punto.
«Tres de cada diez personas de la población económicamente activa no tiene pleno empleo, el narcotráfico se apoderó del país y hay un costo de vida altísimo que asusta al extranjero. La economía no tiene una salida única, requiere de alternativas. Y los modelos acá no están definidos por ideologías ni por pensamientos de política económica, sino más bien por las urgencias», juzgó el analista.
Al difícil diagnóstico se agregó, el domingo, otro dato que puede agravar el cuadro: en una consulta se impuso la decisión de que se abandone la explotación petrolera en el Parque Yasuní, lo que, según el gobierno, implica perder un ingreso de 1.200 millones de dólares y 107.000 puestos de trabajo.
De acuerdo al Banco Central, la decisión reducirá el crecimiento económico en 1,9% desde ahora hasta el 2026,.
Además, Ecuador terminó el 2022 con un déficit de entre 2.200 y 2.500 millones de dólares, en línea con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a fin del año pasado entregó los últimos 700 millones de un préstamo de 6.500 millones acordado en 2020.
Por el cupo que le corresponde al país, este año ya no pudo lograr nuevos créditos del organismo, por lo que debió buscar dinero en mercados financieros internacionales.
Albuja evaluó que parte de las soluciones puede pasar por «destrabar los procesos para que las alianzas público-privada puedan darse», una variante que «no se dio en los últimos seis años por la desinstitucionalización que se generó, por el miedo de los funcionarios a firmar, por la resistencia a la inversión privada», pese a que claramente Ecuador es «un país que requiere al emprendedor para generar empleo».
Para el analista, el país tiene «una economía adicta al gasto público con pocos recursos internacionales y muchas complicaciones para el sector privado».
Aunque Albuja fue crítico de la gestión de Lasso porque, sobre todo durante la pandemia, «no usó políticas expansivas que ayuden a la economía», sino que «hubo mucha restricción en obra pública, inversión pública e inversión social», ahora también advirtió que es preciso «mantener un balance económico en los niveles presupuestarios y no tener déficit en la balanza de pagos, algo que en la dolarización es muy importante».
«No va a ser fácil, por la caída de ingresos y por la necesidad creciente en todos los ámbitos», avisó.
Sobre los planes de cada candidato, Albuja señaló que González «propone una vuelta al correísmo: gran intervención estatal, con mucho gasto público y usar las reservas monetarias para generar liquidez».
Y evaluó que «la lucha para que vuelva (el expresidente Rafael) Correa va a generar problemas». «Va en contra de un acuerdo para la gobernabilidad», alertó.
Sobre Noboa, explicó que «es más bien un candidato emergente, no es que tuviera un modelo muy definido», aunque propone «un cambio en la forma de hacer política, bajar la confrontación, entrar a un modelo más participativo, enfocado en la generación de empleo».
«Dice que quiere abrir los mercados, bajar la polarización. Se le da la oportunidad como alguien joven, por su propuesta menos confrontativa, pero no por su modelo económico», expresó el consultor.
En su programa, González propone un masivo sistema de créditos con tasas bajas para desendeudar, estrategias para subir el empleo, volcar 2.500 millones de dólares de la reserva internacional del Banco Central a la inversión pública, crear impuestos a las plataformas digitales y establecer un sistema de transparencia para «capturar el incremento patrimonial no justificado».
«No vamos a pagar una deuda para morirnos, para que nos dejen en el desempleo, para que nos dejen sin medicinas», avisó, por el acuerdo del país con el FMI.
Del lado de Noboa, el programa incluye promover el empleo en sectores estratégicos, especialmente tecnológicos, actualizar con regularidad el salario mínimo, estimular la creación de pymes y poner en marcha un esquema de sanciones para los casos graves de evasión.
Además, está a favor de una política de presupuesto base cero, esto es, un sistema en el que las entidades justifiquen cada año sus gastos en lugar del sistema actual, en el que las asignaciones parten de lo presupuestado el año anterior.
El debate sobre el plan a aplicar está atado al resultado de la segunda vuelta, para la que, en principio, Noboa aparece con alguna ventaja, por la chance de una alianza tácita anticorreísta.
Curiosamente, las dáos fuerzas que integran ADN, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover estn históricamente ligadas a Correa: el primero fue creado por Arturo Moreno, primo del exmandatario Lenin Moreno, y el segundo es el nombre que tomó Alianza País justamente cuando quedó en manos del exvice de Correa.
En la última semana, Noboa sumó el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), en caída pero aún con una estructura de peso, que en la primera vuelta llevó a Jan Topìc como candidato. Topic ya había adelantado que, «a título personal», votaría al empresario.
El postulante de ADN, además, tuvo también un marcado acercamiento con el Movimiento Construye, del asesinado candidato Fernando Villavicencio, con sendos comunicados en el que exhibieron sus coincidencias.
Topic fue cuarto con un 15% de los votos y Construye tercero con un 16,4%.
«El correísmo tiene un techo de votación. En las últimas tres presidenciales no pasó del 40%. Si insiste en acorazarse en sus comunidades de convencidos será imposible que sume más voluntades», evaluó en un análisis de los resultados el analista y experto en comunicación Andrés Jaramillo.
Para Jaramillo, «si el correísmo no baja el tono y hace una campaña más optimista, los jóvenes le darán la espalda», porque «una de las grandes lecciones de la primera vuelta electoral fue que hay un importante segmento de votantes que está hastiado de la pugna, la polarización y la retórica belicosa».
«RC no puede repetir las fórmulas que se aplicaron en la primera vuelta electoral y, al mismo tiempo, debe procurar, con humildad, tender puentes para aglutinar más fuerzas, grandes y pequeñas, que les permitan crecer. Por ejemplo, con parte del movimiento indígena que cree en su proyecto, con las asociaciones municipales y provinciales y con las asociaciones gremiales que se crearon en su Gobierno», concluyó el analista.
Región
Perú en vilo: el empate técnico entre Sánchez y Fujimori puede durar hasta el 15 de julio
El conteo rápido de Ipsos y Transparencia Internacional ubicó al centroizquierdista Roberto Sánchez con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de la derechista Keiko Fujimori, una diferencia de apenas 0,6 puntos dentro del margen de error. El escrutinio definitivo, voto por voto, culmina el 15 de julio, y la proclamación del ganador dependerá del resultado de ese proceso exhaustivo.
El escrutinio definitivo en Perú cerrará el 15 de julio tras un empate técnico en el balotaje
Perú amaneció este lunes sin presidente electo. La segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio entre el centroizquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori dejó un resultado tan ajustado que el país andino deberá esperar hasta mediados de julio para conocer quién ocupará la Casa de Pizarro. El escrutinio definitivo, que procesa las actas voto por voto, cerrará el 15 de julio, apenas dos semanas antes de la transferencia de mando prevista para el 28 de ese mes, según confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El conteo rápido y la guerra de cifras
Los boca de urna conocidos al cierre de la votación indicaban que Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, marchaba al frente con el 50,7% contra el 49,3% de Sánchez, exministro del depuesto expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, el conteo rápido posterior de Ipsos y Transparencia Internacional, realizado sobre una muestra estadística de más de 1.000 actas tanto en mesas del Perú como del exterior, invirtió los resultados: Sánchez quedó con el 50,3% y Fujimori con el 49,7%.
El presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, calificó la situación como un «empate técnico», dado que la diferencia de 0,6 puntos se encuentra dentro del margen de error del 1,9% del instrumento. El conteo rápido, por tratarse de una muestra sobre actas y no de declaraciones a la salida del cuarto oscuro, se considera metodológicamente más preciso que el boca de urna tradicional.
Reacciones inmediatas: victoria anticipada y cautela opositora
Ante sus seguidores, Sánchez afirmó que «recuperaremos el gobierno para el pueblo», en un mensaje que sus adversarios interpretaron como una declaración de victoria prematura. Desde el espacio fujimorista, Keiko Fujimori respondió con cautela táctica: «Nadie ha ganado en Perú», señaló, y exigió que se cuente el cien por ciento de las actas antes de sacar conclusiones. En paralelo, advirtió que sería «irresponsable» atribuir una victoria a partir de los datos del conteo rápido, en una posición que sus críticos leyeron como una apertura a disputar el resultado si el escrutinio final no le es favorable.
La historia reciente da motivos para esa cautela. En la segunda vuelta de 2021, Pedro Castillo derrotó a la propia Keiko Fujimori por menos de 44.000 votos, en un proceso que la candidata derechista intentó impugnar durante semanas antes de que el JNE proclamara al ganador.
El nuevo proceso de recuento y el calendario electoral
La demora hasta el 15 de julio responde a un cambio procedimental concreto. La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que la proclamación de los resultados se extenderá por la introducción de un proceso obligatorio de recuento de votos en las mesas impugnadas o con observaciones. «La proclamación para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos», precisó Rentería, quien además advirtió que durante estas elecciones las actas con observaciones se incrementaron en más del 50% en relación a comicios anteriores, lo que complejiza aún más el cuadro.
El contexto de una democracia en tensión permanente
El resultado incierto se produce en un país que acumula ocho presidentes en una sola década y donde ninguno de los dos candidatos del balotaje logró superar el techo de adhesiones que marca a una democracia consolidada. En la primera vuelta del 12 de abril, más del 70% del electorado no votó por ninguno de los dos finalistas, lo que convierte al ganador en un presidente con legitimidad de origen limitada en términos de representación popular.
Sánchez, exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Castillo, llegó al balotaje desde el quinto lugar en las encuestas previas a la primera vuelta, con un caudal electoral fuertemente anclado en el interior del país y las zonas rurales. Fujimori, en su cuarta candidatura presidencial, mantuvo su base tradicional en Lima y la costa, pero cargó durante toda la campaña con el peso del legado autoritario de su padre y sus tres procesos penales previos.
La fractura territorial entre una Lima que favoreció al fujimorismo y un interior que se inclinó por Sánchez reprodujo, con matices, la misma geografía política de la elección de 2021. Ese mapa de la desigualdad peruana, que divide al país entre la capital modernizada y las provincias históricamente relegadas, es el verdadero telón de fondo de un empate que no es solo estadístico, sino profundamente político y social.
Puntos clave:
– El conteo rápido de Ipsos y Transparencia Internacional ubicó a Sánchez con 50,3% y a Fujimori con 49,7%, dentro del margen de error del 1,9%.
– El JNE confirmó que el escrutinio definitivo cerrará el 15 de julio, dos semanas antes de la transferencia de mando prevista para el 28 de julio.
– Las actas con observaciones se incrementaron en más del 50% respecto a comicios anteriores, lo que explica la demora en el escrutinio.
– Fujimori rechazó declarar derrota y exigió el conteo del 100% de las actas.
– Más del 70% del electorado peruano no votó por ninguno de los dos finalistas en la primera vuelta del 12 de abril.
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