Opinión
Elecciones en Honduras el 30 de noviembre
En Honduras libramos la batalla de todo el continente.
Por Ricardo Salgado*
Quizá el título de este breve trabajo quede muy corto para describir la situación política del país, lo que está en juego y la dimensión del ataque de la derecha. Como referencia a lo que debemos describir, basta mencionar que el candidato fascista Salvador Nasralla advirtió el domingo en un programa de televisión que, de no darse un resultado favorable a él, el último domingo de este mes, se podría mover parte de la flota gringa en el Caribe, actualmente dirigida contra Venezuela, a nuestras costas para “poner orden”.
Nasralla es el elegido por las esferas más reaccionarias de Washington para pelear la presidencia de la República con la candidata patriota, abogada Rixi Moncada. Existe un tercer candidato, Nasry Asfura, que compite por el partido del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy preso con condena a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y crimen organizado. Este partido luce poco potable para los lobistas gringos, que han preferido apostar todo a la resurrección del anacrónico Partido Liberal de Honduras, mismo que derrocó a José Manuel Zelaya en el 2009, y cuya renovación es cuasi nula, llenando sus filas de traidores, oportunistas y personajes oscuros de todos los sectores.
Recientemente, el Ministerio Público, presentó una serie de 26 audios, en los que la consejera por el Partido Nacional (JOH) ante el Consejo Nacional Electoral, en conversación con el diputado y jefe de bancada del mismo partido, desarrollan la idea de un sabotaje al proceso electoral del día 30 de noviembre, en el cual ellos declararan a Salvador Nasralla ganador, esperando la reacción de los seguidores de la candidata Moncada que es claramente favorita para ganar el proceso. Los audios narran con lujo de detalles un plan que, a todas luces, ya se encuentra en ejecución, por lo que ponerlos en tela de juicio es poco menos que irracional.
Sin embargo, los partidos tradicionales hondureños representan los intereses de las 10 familias y los 25 grupos económicos que acumulan el 80 por ciento del PIB del país, y que son dueños de prácticamente todo, incluido el 98 por ciento de los medios de comunicación. Es bastante difícil ignorar el factor lucha de clases en esta elección, en la que LIBRE, partido de izquierda, se enfrenta a toda la maquinaria nacional e internacional de la derecha fascista, determinada a borrar del mapa del continente todo vestigio de proyectos populares.
No se trata de sorprendernos, hace rato tenemos claro que la derecha no está dispuesta a lidiar con un gobierno de izquierda en Honduras, y ya en muchas ocasiones, han expresado en sus medios de comunicación la idea de llegar hasta la guerra civil si fuera necesario. Y es que los logros del gobierno de la presidenta Xiomara Castro han sido muchos y el programa del gobierno de la candidata Moncada apunta a profundizar en áreas como la transformación del modelo económico, el aumento de la inversión social y el incremento del rol del Estado como regulador de toda la sociedad hondureña.
Los planes de todos los candidatos de la derecha, en contraste, apuntan a retomar los programas privatizadores y de privilegios para las pequeñas elites del país, es decir, retornar a la situación en que quedó el país después de 12 años de dictadura neoliberal, que resultaron en 75 por ciento de pobreza, y la tercera mayor desigualdad del continente solo detrás de Chile y Perú. En general, se produce el choque de dos concepciones distintas del mundo, que han sido ventiladas en el marco de la posverdad, en la que la derecha no ha escatimado esfuerzo o gasto alguno en distorsionar la realidad.
Según lo narrado en los audios, la negativa a aceptar los resultados busca elevar el nivel de conflictividad hasta el punto de que las elecciones sean declaradas como inaceptables y se imponga una nueva fecha para su realización. De palabras de la propia consejera, esperan la ayuda activa de Estados Unidos, y menciona “herramientas” que les habrían sido proporcionadas por la Embajada norteamericana en el país.
Se debe dar por descontado que las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA, emitirán sendos informes confirmando la versión de la derecha. Suenan como a un complot de gran tamaño esos audios, pero la derecha se ha dado a la tarea de manipular la opinión pública al extremo de reducir a nada el contenido de los audios, mediante una feroz campaña de desprestigio contra el fiscal general de la República. Esto nos lleva a entender que el evento apunta a un resultado estilo lo de Pinochet en Chile.
La cuestión es que la verdad se ha vuelto irrelevante, y los fascistas se declaran perseguidos y participan como víctimas en foros de Derechos Humanos: los patos disparando a las escopetas. Parte de la narrativa, ha ido dirigida a implantar la idea de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro controla todas las instituciones, incluso la policía y las Fuerzas Armadas. No perdonan a la actual junta de comandantes que se haya inclinado por mantener su rol alejado de los golpes de Estado y la represión criminal contra la población.
En la realidad, la correlación de fuerzas a nivel institucional es desventajosa para el Partido Libre, pues en la Corte Suprema de Justicia, 9 de 15 magistrados pertenecen a los sectores conservadores más recalcitrantes, y en el Ministerio Público pululan los fiscales instalados después del golpe de Estado de 2009. En términos de libertad de expresión, debemos decir que nunca antes en la historia del país, los medios de comunicación mintieron tanto y calumniaron a tanta gente como en el presente, aun así, existen comunicados de carteles como la SIP condenando la violación a la libertad de expresión.
Caso particular se da en el Congreso Nacional, donde la mayoría de los diputados están alineados con las élites y los Estados Unidos, solo que no controlan la junta directiva del mismo, pero se mantienen en pose amenazante, con la intención de remover de sus cargos a los directivos actuales.
La derecha hondureña espera que un sector de los militares, leales al SOUTHCOM se revelen contra sus comandantes y produzcan un barracazo que instaure una nueva dirección que facilite el golpe de Estado, en caso de ser necesario. Esto también se menciona en los audios, y, curiosamente, también por el candidato Nasralla en televisión, donde ha conminado a las Fuerzas Armadas a sublevarse.
A pesar de todo este desarrollo, que más parece mostrarnos una especia de golpe de Estado de última generación, en el que la realidad se distorsiona a tal extremo que el pueblo se mueve a votar en un ambiente de miedo e inseguridad que en la práctica no existen, las mayorías lucen muy firmes y claras y pueden diferenciar entre lo real y lo virtual.
No es casual que el candidato Nasralla, no haya hecho una campaña territorial, y haya pasado un tercio de todo el tiempo previo a las elecciones en Estados Unidos y en España, reuniéndose con lo más granado del fascismo hispano parlante.
Al final, no existe victoria sin lucha y sin sacrificio, y eso lo entiende muy bien la candidata Rixi Moncada, quien ya vivió el golpe de Estado de 2009, un breve exilio, y una persecución judicial que no termina de llegar a su final. Estamos frente a una agresión total de la derecha, todos lo sabemos, y debemos esperar que no haya sorpresas extrañas desde el sector progresista de los gobiernos latinoamericanos.
En Honduras libramos la batalla de todo el continente.
*Ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica
Elecciones
¿Qué significa ser leales?: el pueblo vuelve a salir a buscar su propia historia
A 81 años de la jornada que parió al peronismo, el Día de la Lealtad llega con Cristina presa, un Gobierno que desprecia al Congreso y a la Justicia, y un feminismo que eligió la Ciudad de Buenos Aires para su Encuentro de 2027. La lealtad hoy tiene un nombre: organizarse para que Milei pierda.
El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y trabajadoras cruzaron el Riachuelo, se lavaron los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo y torcieron el rumbo de un país que hasta entonces decidía sin ellos.
No esperaron que nadie les concediera nada. Ese día el pueblo dejó de esperar y salió a buscar su propia historia. Ochenta y un años después, la fecha vuelve a interpelarnos con una pregunta urgente: qué significa ser leales cuando la democracia, los derechos y la propia identidad popular están bajo ataque.

Este Día de la Lealtad no es uno más. Llega con Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, cumpliendo prisión domiciliaria tras una condena que representa el fruto más acabado del lawfare de Comodoro Py; con un Gobierno nacional que gobierna por decreto y desprecia la división de poderes; y a menos de un año de unas elecciones presidenciales que definirán si la Argentina sigue por el camino del ajuste, el odio y la crueldad, o si recupera un horizonte de justicia social.
Una lealtad que se conjuga en presente
Este sábado, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto central del PJ provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. “Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo”, dijo ante la multitud.
El gobernador recordó que aquella gesta “le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, sostuvo que Cristina “está injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó el desafío que atraviesa a todo el campo popular: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”. También dejó una definición que debería ordenar el debate de los próximos meses: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”.
Un Gobierno que no respeta la democracia
Desde el primer día, Javier Milei eligió gobernar contra las instituciones. Inauguró su gestión con el DNU 70/2023, un megadecreto que pretendió derogar y modificar centenares de normas sin pasar por el Congreso.

Intentó designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, salteando el acuerdo del Senado, que finalmente rechazó ambos pliegos en abril de 2025.
Vetó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y obligó al Poder Legislativo a insistir con dos tercios para defender lo que la sociedad ya había defendido en las calles.
Llamó al Congreso “nido de ratas” y llegó a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
No se trata de exabruptos aislados, sino de un método: degradar a los otros poderes para concentrar el poder en uno solo. Cuando un presidente trata al Parlamento como un estorbo, a la Justicia como una herramienta y a la prensa crítica como un enemigo, lo que está en juego no es una gestión de gobierno, sino la propia arquitectura republicana que tanto dicen defender quienes lo votaron por odio al peronismo.


El odio como herramienta, el antiperonismo como tradición
El antiperonismo no nació con Milei. Tiene una genealogía sangrienta: el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, el golpe de septiembre de ese año, el decreto 4161 de 1956 que prohibió siquiera pronunciar el nombre de Perón y dieciocho años de proscripción del movimiento mayoritario del país. Cada vez que las élites no pudieron derrotar al peronismo en las urnas, intentaron borrarlo por la fuerza, por decreto o por los tribunales.
Lo nuevo es la escala y el tono. El discurso libertario convirtió el odio en política de Estado: contra los “kukas”, contra los “zurdos”, contra las feministas, contra la diversidad, contra los trabajadores estatales y los jubilados que reclaman. Ese clima no es inocuo. En septiembre de 2022, Cristina sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa, porque el arma no se disparó. Las palabras que deshumanizan preparan el terreno para la violencia que mata, y una democracia que naturaliza el odio termina pagando ese precio.
Las mujeres y disidencias van al centro del poder
Hace apenas cinco días, el 12 de octubre, terminó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, con más de 150.000 participantes y un centenar de talleres. En el acto de cierre, por decisión unánime, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro en 2027. No es un dato menor: el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en esa misma ciudad en 1986. Cuatro décadas después, el feminismo vuelve al lugar donde nació, en pleno año electoral, para hacerse oír frente a la Casa Rosada.
La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, lo resumió así: “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”. Esa es exactamente la lección que el campo popular necesita aprender: la unidad en la diversidad no es una consigna, es una condición para ganar.
Las razones para movilizarse sobran. Este Gobierno desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su ministro de Justicia anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el propio Presidente utilizó el escenario de Davos para atacar al feminismo y a la diversidad, lo que provocó la masiva Marcha Federal Antifascista y Antirracista de febrero de 2025. Para nosotras, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es menos asistencia a víctimas de violencia, menos políticas de cuidado y más trabajo no remunerado sobre las mismas espaldas.
Evita lo entendió antes que nadie. Fue ella quien impulsó el voto femenino en 1947 y organizó a las mujeres como sujeto político con voz propia. El feminismo popular argentino, del Ni Una Menos a la Marea Verde, es heredero de esa tradición. No hay 17 de Octubre sin las mujeres en la Plaza.
2027: la lealtad es organizarse
Decirlo con claridad no es una provocación, es una responsabilidad democrática: Milei tiene que perder en 2027. No por revancha, sino porque un proyecto que desprecia la división de poderes, persigue a opositores, insulta a periodistas, ajusta sobre jubilados, universidades y personas con discapacidad, y convierte el odio en programa de gobierno es incompatible con la Argentina que soñaron quienes se movilizaron aquel 17 de octubre.
Pero la derrota del proyecto libertario no vendrá sola. Exige un peronismo que deje atrás sus internas, que escuche a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las juventudes y al feminismo, y que vuelva a ofrecer un horizonte de futuro y no solo una defensa del pasado. La lealtad no es nostalgia: es la decisión colectiva de no volver a esperar que otros escriban nuestra historia. Como en 1945, el pueblo tendrá que salir a buscarla.
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