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Investigación 🔎

Explosión en Ezeiza: Iron Mountain otra vez en el ojo de la tormenta, tuvo ocho siniestros en 17 años

Una potente deflagración en el polígono industrial de Spegazzini destruyó varios depósitos, entre ellos uno de la controvertida empresa que en 2014 protagonizó una tragedia en Barracas donde murieron 10 bomberos en un incendio que la Justicia determinó como intencional.

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Iron Mountain otra vez en el centro de un incendio: ¿casualidad o patrón en una empresa con ocho siniestros en 17 años?

★ La noche del pasado viernes, cerca de las 21, una explosión que hizo temblar el conurbano sur dejó al descubierto una vez más el nombre de Iron Mountain. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que uno de los depósitos destruidos por el incendio que siguió a la explosión pertenece a la empresa estadounidense de resguardo documental, la misma que quedó en el centro de la escena tras el incendio intencional de Barracas en 2014, donde perdieron la vida diez bomberos y rescatistas.

La onda expansiva alertó a los vecinos y causó daños en viviendas, con al menos 24 personas heridas. Las autoridades de Ezeiza, La Matanza y Esteban Echeverría pidieron a los vecinos cerrar puertas y ventanas por el humo tóxico que se desprendió del siniestro.

Un historial que no deja de arder

En febrero de 2015, pericias de la Policía Federal concluyeron que el incendio del 5 de febrero de 2014 en el depósito de Barracas fue intencional. La tragedia se llevó la vida de ocho bomberos de la Policía Federal y dos rescatistas de Defensa Civil que intentaron controlar el fuego que terminó derrumbando una pared lateral del edificio.

Los peritos encontraron en el lugar donde se inició el fuego conexiones de dispositivos que generaron calor, restos de sustancias combustibles, tanques sin agua que debían estar previstos para contingencias, y fallas y obstrucciones en el sistema contra incendios. La investigación apuntó a que el objetivo del siniestro pudo haber sido eliminar información comprometedora sobre lavado de dinero.

Cuatro meses antes de que el fuego arrasara con todo, la AFIP había allanado oficinas y locales de la empresa por una investigación de lavado de dinero, fuga de capitales y evasión de impuestos. Entre los papeles desaparecidos había cajas del banco HSBC y de Sideco, la empresa de Franco Macri.

Por ese hecho, 18 personas, entre directivos y exfuncionarios porteños, fueron enviados a juicio oral, aunque diez años después las familias de las víctimas siguen reclamando que se concrete el proceso judicial.

El incendio que no cesa

Iron Mountain tiene un historial inquietante. Antes del incendio de Barracas, la empresa tuvo siete siniestros en 17 años alrededor del mundo. Y el 24 de abril de 2023, el mismo depósito de Barracas volvió a arder. En aquella oportunidad no hubo víctimas fatales, pero cinco vehículos estacionados afuera fueron aplastados por el derrumbe de las paredes.

Ahora, en Ezeiza, vuelve a repetirse la historia. El incendio comenzó alrededor de las 21 horas en un depósito de la firma Logischem, que realiza logística de agroquímicos, ubicada frente a un depósito de Iron Mountain. Según Granados, la firma hace poco mudó un depósito al polo industrial y allí se almacenaban documentos de la administración pública.

La pregunta incómoda: ¿Por qué en zona industrial?

La decisión de instalar un depósito de archivos sensibles en un polígono industrial rodeado de empresas químicas y con materiales altamente inflamables despierta interrogantes. Además de Iron Mountain y Logischem, resultaron afectadas Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

Los bomberos trabajaron durante horas para evitar que las llamas alcanzaran la empresa Flamia, que almacena productos inflamables, en lo que podría haber desatado una catástrofe de proporciones mucho mayores. En las cercanías también se encuentra la fábrica de pinturas Sinteplast y la planta de Molinos Cañuelas. La profesionalidad de las fuerzas de seguridad, Defensa Civil y más de 20 dotaciones de bomberos de distintos municipios evitó un desastre aún mayor.

Un gobierno que no descarta nada

En el entorno de Casa Rosada, las alarmas se encendieron. Según fuentes consultadas por este medio, el gobierno nacional aguarda por definiciones del equipo de trabajo que se desplazó a Ezeiza para comprender qué ocurrió y evaluar si existe alguna relación entre el historial de Iron Mountain y estos nuevos hechos que involucran focos ígneos masivos.

«No podemos descartar nada y nuestra gente está en Ezeiza tomando nota de lo que ocurrió», explicó un funcionario cercano a Karina Milei consultado por este medio. La sospecha quedará flotando como una nube tóxica durante toda la investigación que se realice para deslindar responsabilidades.

Iron Mountain: el custodio que se quema

La empresa fundada en 1951 por Herman Knaust en Boston durante la Guerra Fría nació con el propósito de proteger información corporativa de ataques nucleares. Su llegada a Argentina fue en el año 2000, tras adquirir y fusionar a CADA Storage con Box Security. Desde entonces, el 98,8 por ciento de la subsidiaria argentina es propiedad de Iron Mountain South America LTD, radicada en Luxemburgo, uno de los paraísos fiscales más populares del planeta.

Durante las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa fue incorporada al Distrito Tecnológico de Parque Patricios y gozó de exenciones impositivas, pese a que sus servicios no tienen relación directa con la tecnología. En 2009, Macri la premió por ser una de las tres primeras firmas en el Registro de Empresas TIC de la CABA.

Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la Ciudad, fue el artífice del plan que otorgó las exenciones impositivas. Pirovano, al igual que Francisco Cabrera, fueron ejecutivos de Máxima AFJP, la administradora de fondos de jubilación del HSBC. Precisamente el HSBC guardaba en el depósito de Barracas 25 mil cajas con archivos que se esfumaron justo cuando había estallado el escándalo por las 4040 cuentas reveladas por el informático Hervé Falciani.

La lista de empresas con material custodiado en el depósito de Barracas incluía también documentos de Cablevisión, Edenor, IRSA, Alto Palermo, Swiss Medical, Banco Patagonia, Banco Santander Río, Monsanto, Banco BNP Paribas, Deloitte, GlaxoSmithKline, Exxel Group y Pago Fácil, entre otras.

La memoria de los bomberos no olvida

Los cuerpos de bomberos de todo el país no olvidan la tragedia de Barracas. Los familiares de Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi y Pedro Barícola siguen reclamando justicia diez años después.

El incendio de Ezeiza reaviva el dolor de aquella mañana del 5 de febrero de 2014, cuando una empresa que supuestamente debía proteger archivos sensibles terminó convertida en una trampa mortal para quienes quisieron salvar vidas y patrimonio.

Ahora, con el fuego extinguiéndose lentamente en Spegazzini y los vecinos todavía resguardándose del humo tóxico, la pregunta vuelve a flotar en el aire: ¿cuántos incendios más hacen falta para que Iron Mountain deje de ser vecino peligroso?

Puntos clave

• El viernes 14 de noviembre por la noche se produjo una explosión en el polígono industrial de Spegazzini, Ezeiza, que destruyó varios depósitos, incluido uno de Iron Mountain.

• El intendente Gastón Granados confirmó que la empresa almacenaba documentos de la administración pública en el depósito afectado.

• En 2014, un incendio intencional en otro depósito de Iron Mountain en Barracas causó la muerte de diez bomberos y rescatistas.

• La Justicia determinó que el fuego de 2014 buscaba eliminar documentación vinculada a lavado de dinero, y 18 personas fueron enviadas a juicio oral.

• Iron Mountain registra al menos ocho incendios en sus depósitos alrededor del mundo en los últimos 17 años.

Goles! ⚽

Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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