Conectate con El Argentino

Investigación 🔎

Explosión en Ezeiza: Iron Mountain otra vez en el ojo de la tormenta, tuvo ocho siniestros en 17 años

Una potente deflagración en el polígono industrial de Spegazzini destruyó varios depósitos, entre ellos uno de la controvertida empresa que en 2014 protagonizó una tragedia en Barracas donde murieron 10 bomberos en un incendio que la Justicia determinó como intencional.

Publicado hace

#

Iron Mountain otra vez en el centro de un incendio: ¿casualidad o patrón en una empresa con ocho siniestros en 17 años?

★ La noche del pasado viernes, cerca de las 21, una explosión que hizo temblar el conurbano sur dejó al descubierto una vez más el nombre de Iron Mountain. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que uno de los depósitos destruidos por el incendio que siguió a la explosión pertenece a la empresa estadounidense de resguardo documental, la misma que quedó en el centro de la escena tras el incendio intencional de Barracas en 2014, donde perdieron la vida diez bomberos y rescatistas.

La onda expansiva alertó a los vecinos y causó daños en viviendas, con al menos 24 personas heridas. Las autoridades de Ezeiza, La Matanza y Esteban Echeverría pidieron a los vecinos cerrar puertas y ventanas por el humo tóxico que se desprendió del siniestro.

Un historial que no deja de arder

En febrero de 2015, pericias de la Policía Federal concluyeron que el incendio del 5 de febrero de 2014 en el depósito de Barracas fue intencional. La tragedia se llevó la vida de ocho bomberos de la Policía Federal y dos rescatistas de Defensa Civil que intentaron controlar el fuego que terminó derrumbando una pared lateral del edificio.

Los peritos encontraron en el lugar donde se inició el fuego conexiones de dispositivos que generaron calor, restos de sustancias combustibles, tanques sin agua que debían estar previstos para contingencias, y fallas y obstrucciones en el sistema contra incendios. La investigación apuntó a que el objetivo del siniestro pudo haber sido eliminar información comprometedora sobre lavado de dinero.

Cuatro meses antes de que el fuego arrasara con todo, la AFIP había allanado oficinas y locales de la empresa por una investigación de lavado de dinero, fuga de capitales y evasión de impuestos. Entre los papeles desaparecidos había cajas del banco HSBC y de Sideco, la empresa de Franco Macri.

Por ese hecho, 18 personas, entre directivos y exfuncionarios porteños, fueron enviados a juicio oral, aunque diez años después las familias de las víctimas siguen reclamando que se concrete el proceso judicial.

El incendio que no cesa

Iron Mountain tiene un historial inquietante. Antes del incendio de Barracas, la empresa tuvo siete siniestros en 17 años alrededor del mundo. Y el 24 de abril de 2023, el mismo depósito de Barracas volvió a arder. En aquella oportunidad no hubo víctimas fatales, pero cinco vehículos estacionados afuera fueron aplastados por el derrumbe de las paredes.

Ahora, en Ezeiza, vuelve a repetirse la historia. El incendio comenzó alrededor de las 21 horas en un depósito de la firma Logischem, que realiza logística de agroquímicos, ubicada frente a un depósito de Iron Mountain. Según Granados, la firma hace poco mudó un depósito al polo industrial y allí se almacenaban documentos de la administración pública.

La pregunta incómoda: ¿Por qué en zona industrial?

La decisión de instalar un depósito de archivos sensibles en un polígono industrial rodeado de empresas químicas y con materiales altamente inflamables despierta interrogantes. Además de Iron Mountain y Logischem, resultaron afectadas Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

Los bomberos trabajaron durante horas para evitar que las llamas alcanzaran la empresa Flamia, que almacena productos inflamables, en lo que podría haber desatado una catástrofe de proporciones mucho mayores. En las cercanías también se encuentra la fábrica de pinturas Sinteplast y la planta de Molinos Cañuelas. La profesionalidad de las fuerzas de seguridad, Defensa Civil y más de 20 dotaciones de bomberos de distintos municipios evitó un desastre aún mayor.

Un gobierno que no descarta nada

En el entorno de Casa Rosada, las alarmas se encendieron. Según fuentes consultadas por este medio, el gobierno nacional aguarda por definiciones del equipo de trabajo que se desplazó a Ezeiza para comprender qué ocurrió y evaluar si existe alguna relación entre el historial de Iron Mountain y estos nuevos hechos que involucran focos ígneos masivos.

«No podemos descartar nada y nuestra gente está en Ezeiza tomando nota de lo que ocurrió», explicó un funcionario cercano a Karina Milei consultado por este medio. La sospecha quedará flotando como una nube tóxica durante toda la investigación que se realice para deslindar responsabilidades.

Iron Mountain: el custodio que se quema

La empresa fundada en 1951 por Herman Knaust en Boston durante la Guerra Fría nació con el propósito de proteger información corporativa de ataques nucleares. Su llegada a Argentina fue en el año 2000, tras adquirir y fusionar a CADA Storage con Box Security. Desde entonces, el 98,8 por ciento de la subsidiaria argentina es propiedad de Iron Mountain South America LTD, radicada en Luxemburgo, uno de los paraísos fiscales más populares del planeta.

Durante las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa fue incorporada al Distrito Tecnológico de Parque Patricios y gozó de exenciones impositivas, pese a que sus servicios no tienen relación directa con la tecnología. En 2009, Macri la premió por ser una de las tres primeras firmas en el Registro de Empresas TIC de la CABA.

Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la Ciudad, fue el artífice del plan que otorgó las exenciones impositivas. Pirovano, al igual que Francisco Cabrera, fueron ejecutivos de Máxima AFJP, la administradora de fondos de jubilación del HSBC. Precisamente el HSBC guardaba en el depósito de Barracas 25 mil cajas con archivos que se esfumaron justo cuando había estallado el escándalo por las 4040 cuentas reveladas por el informático Hervé Falciani.

La lista de empresas con material custodiado en el depósito de Barracas incluía también documentos de Cablevisión, Edenor, IRSA, Alto Palermo, Swiss Medical, Banco Patagonia, Banco Santander Río, Monsanto, Banco BNP Paribas, Deloitte, GlaxoSmithKline, Exxel Group y Pago Fácil, entre otras.

La memoria de los bomberos no olvida

Los cuerpos de bomberos de todo el país no olvidan la tragedia de Barracas. Los familiares de Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi y Pedro Barícola siguen reclamando justicia diez años después.

El incendio de Ezeiza reaviva el dolor de aquella mañana del 5 de febrero de 2014, cuando una empresa que supuestamente debía proteger archivos sensibles terminó convertida en una trampa mortal para quienes quisieron salvar vidas y patrimonio.

Ahora, con el fuego extinguiéndose lentamente en Spegazzini y los vecinos todavía resguardándose del humo tóxico, la pregunta vuelve a flotar en el aire: ¿cuántos incendios más hacen falta para que Iron Mountain deje de ser vecino peligroso?

Puntos clave

• El viernes 14 de noviembre por la noche se produjo una explosión en el polígono industrial de Spegazzini, Ezeiza, que destruyó varios depósitos, incluido uno de Iron Mountain.

• El intendente Gastón Granados confirmó que la empresa almacenaba documentos de la administración pública en el depósito afectado.

• En 2014, un incendio intencional en otro depósito de Iron Mountain en Barracas causó la muerte de diez bomberos y rescatistas.

• La Justicia determinó que el fuego de 2014 buscaba eliminar documentación vinculada a lavado de dinero, y 18 personas fueron enviadas a juicio oral.

• Iron Mountain registra al menos ocho incendios en sus depósitos alrededor del mundo en los últimos 17 años.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo