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Macron se derrumba en las encuestas de la mano de la reforma jubilatoria
El descontento contra el Gobierno estaría siendo capitalizado por la ultraderechista Marine Le Pen y la coalición de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon.
La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, mandó su apoyo a la Gendarmería y a los Bomberos frente a una «intolerable oleada de violencia» en Sainte-Soline, la comuna donde los choques entre manifestantes ecologistas y las fuerzas policiales dejaron más de 200 heridos, al menos tres graves, mientras que las encuestas señalan un retroceso en la intención de voto al Gobierno a partir del descontento por la reforma jubilatoria.
«Estos actos son inaceptables, como lo es la irresponsabilidad del discurso radical que los alienta», escribió Borne en su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio del Interior condenó la violencia contra los agentes, también aseguró que tomará medidas tras la filtración de un audio en el que varios policías amenazaban con «enviar al hospital» a unos manifestantes, según ha publicado el canal BFMTV.
«El prefecto de Policía habló y dijo que condenaba estos comentarios inaceptables y que se había abierto una investigación, que en las próximas horas, esperemos, se darán las conclusiones. Evidentemente, habrá sanciones», declaró el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, citó la agencia de noticias Europa Press.
Más de 6.000 manifestantes ecologistas, según las autoridades; unos 30.000, según los convocantes, se concentraron ayer en la localidad de Sainte-Soline, en el centro-oeste de Francia, para protestar contra la construcción de embalses agrícolas.
Durante la manifestación se produjo una suerte de batalla campal y hubo graves enfrentamientos con la policía que derivaron en la detención de al menos once personas.
Además, hay 200 manifestantes heridos, al menos tres de gravedad, uno de ellos por un impacto en un ojo, según los convocantes. En tanto, fuentes de la Gendarmería informaron de 37 heridos, incluidos varios agentes.
Las protestas de los ecologistas se suman a las manifestaciones que se suceden en el país en contra de la reforma que eleva de 62 a 64 la edad de jubilación impulsada y aprobada sin mayoría parlamentaria por el presidente Emmanuel Macron.
El mandatario, según una encuesta de Ifop publicada este domingo por el diario Le Journal du Dimanche retrocede en intención de votos.
«En esta encuesta hay una perdedora y es la mayoría actual. Si hubiera una votación, el castigo sería muy claro», subrayó el director gerente de Ifop, Frédéric Dabi.
En tanto, el descontento contra el Gobierno estaría siendo capitalizado, según una última encuesta, por el partido Unión Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen y la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), liderada por Jean-Luc Mélenchon.
Estas serían las dos formaciones más votadas en unas posibles elecciones anticipadas con un 26 por ciento de apoyo cada una.
Ambas formaciones se verían así beneficiadas por la reciente ola de protestas contra la reforma jubilatoria con un aumento de 5 puntos desde noviembre en el caso de Unión Nacional y de uno en el caso de Nupes.
«La gran lección es que la Unión Nacional está en cabeza. Es algo inédito. Tiene una base electoral comodín. Ya casi no hay categorías en las que sea muy débil», explicó Dabi.
Los grandes perdedores serían así los partidos que apoyan a la mayoría del presidente, ya que la coalición Renacimiento del propio Macron caería al tercer puesto (22 por ciento, 5 puntos menos).
También caen, aunque solo un punto, el partido tradicional de la derecha francesa, Los Republicanos, que pasa de un 11 a un 10 por ciento de intención de voto.
El estudio se basa en 1.094 entrevistas a personas de 18 años o más representativas de la población francesa realizadas entre el 20 y el 21 de marzo de 2023.
También hoy, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, pidió a todas las fuerzas políticas condenar la violencia en las recientes protestas, en referencia a los graves disturbios del jueves en la última jornada de paro general contra la reforma.
«La violencia debe ser condenada sin reservas, sin un ‘sí, pero’. Obviamente no confundo las manifestaciones de las últimas semanas organizadas por los sindicatos, las familias que seguían marchando el jueves y los rebeldes que vienen a sembrar el caos», apuntó.
El portavoz del Gobierno reconoció que «desde hace 20 años» se ve «un incremento en el uso de la violencia en los grandes momentos de protesta social».
«Este fenómeno no es exclusivo de las (protestas por la reforma de las) pensiones. Vea los grupos violentos de ultraizquierda en Sainte-Soline», apuntó.
«Debemos evitar que la violencia migre mañana de los márgenes de las manifestaciones al centro. Para ello pido un discurso fuerte de todas las fuerzas políticas para afirmar que no tiene cabida en la sociedad», argumentó.
Además, Véran cargó contra Le Pen y Mélenchon, por su «ambigüedad». «Hay una continuidad entre la violencia del discurso político y la violencia expresada en la calle», reprochó.
Mientras, continúan las reacciones por la respuesta policial a las protestas. Así, el jueves se registró un pedido en la plataforma web de la Asamblea Nacional que pide la disolución de la unidad antidisturbios Brigadas Motorizadas de Represión de Acciones Violentas (BRAV-M) que cuenta ya 28.615 firmas.
Se necesitan 500.000 para que la petición sea debatida en la Cámara. «El país se asfixia ante los abusos violentos y brutales que cometen estas brigadas motorizadas contra los manifestantes que intentan expresar su oposición a un proyecto de regresión social», señala la petición.
Tres diputados de Nupes habían pedido ya el miércoles la suspensión provisional de las actividades de las BRAV-M.
El reclamo creció después de la filtración de audios con amenazas policiales a los que se refirió hoy la primera ministra.
Las BRAV-M fueron creadas en 2019 por el prefecto de la Policía de París, Didier Lallement, en respuesta a las protestas de los «chalecos amarillos».
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Imputaron al acusado por el intento de asesinato contra Trump y podría recibir cadena perpetua
La próxima audiencia ya fue fijada y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos procesales siguientes.
Cole Tomas Allen fue formalmente imputado por el intento de asesinato del Trump
El ciudadano estadounidense Cole Tomas Allen fue formalmente imputado por el intento de asesinato del presidente de EEUU, Donald Trump, tras el tiroteo ocurrido durante una cena en el Hotel Hilton, en el marco de la tradicional gala de corresponsales de la Casa Blanca.
El acusado, de 31 años, compareció ante el juez federal Matthew Sharbaugh, donde respondió preguntas y solicitó la designación de una defensa pública. Según se informó, permanecerá detenido bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial.
Cargos graves y posible condena máxima
Allen enfrenta múltiples cargos:
- Intento de asesinato del presidente de Estados Unidos
- Uso de arma de fuego en un delito violento
- Transporte de armas con fines delictivos en comercio interestatal
De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua. Además, algunos de los cargos prevén penas adicionales obligatorias, que podrían extender aún más su tiempo en prisión.
La acusación fue impulsada por la fiscal federal Jeanine Pirro, quien sostuvo que el ataque no dejó lugar a dudas sobre la intencionalidad: aseguró que el acusado buscaba atentar no solo contra Trump, sino también contra otros altos funcionarios del gobierno.
Un manifiesto con amenazas al Gobierno
En paralelo, la investigación reveló la existencia de un manifiesto redactado por Allen antes del ataque. El documento fue alertado por su propia familia a la policía minutos antes del hecho.
Según trascendió, el texto incluía expresiones de odio hacia el mandatario y referencias a un plan más amplio para atacar a miembros del gabinete. También describía la intención de avanzar de manera escalonada contra distintos objetivos políticos.
Las autoridades indicaron que el contenido del manifiesto será una pieza clave dentro de la causa, ya que refuerza la hipótesis de premeditación.
Investigación en curso
El caso sigue bajo análisis de la justicia federal estadounidense, que deberá determinar el grado de responsabilidad penal del acusado. La próxima audiencia ya fue fijada y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos procesales siguientes.
El intento de atentado reavivó las preocupaciones en torno a la seguridad presidencial en Estados Unidos, especialmente en eventos públicos de alto perfil donde confluyen dirigentes políticos, periodistas y figuras influyentes.
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