La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos falló a favor de Argentina en una causa iniciada por acreedores internacionales que reclamaban el pago de los llamados “cupones PBI”, instrumentos atados al crecimiento de la economía. La decisión ratificó el fallo previo de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 desestimó los argumentos de los demandantes por considerar que no habían demostrado de manera suficiente un fraude deliberado por parte del país.

Los cupones PBI fueron emitidos como parte del proceso de reestructuración de deuda de 2005 y 2010, durante la presidencia de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner. Su activación implicaba pagos adicionales a los bonistas en caso de que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino superara un determinado umbral de crecimiento. A partir de 2013, varios acreedores sostuvieron que el país había modificado el año base de medición del PBI para evitar disparar esos pagos, incurriendo —según su interpretación— en una maniobra de manipulación estadística.

La demanda y el contexto político de las estadísticas

El reclamo ante la justicia estadounidense se basó en una serie de cambios metodológicos implementados por el INDEC a partir de 2014, que incluyeron un nuevo año base para el cálculo del PBI. Las modificaciones fueron ampliamente cuestionadas por organismos técnicos y por la oposición política, en el marco de la intervención del organismo dispuesta por el Gobierno en 2007 y que se extendió hasta 2015.

Los fondos demandantes alegaron que esa alteración permitió evitar pagos por más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal de apelaciones neoyorquino consideró que no había elementos suficientes para probar que la Argentina incurrió en dolo o engaño sistemático.

“El fallo representa una victoria judicial importante para la defensa de los intereses del Estado argentino”, evaluaron desde el Ministerio de Economía, aunque admitieron que el litigio en tribunales internacionales aún no concluyó.

Una batalla desigual en Londres: 1.300 millones en contra

A diferencia del resultado en Nueva York, la justicia británica sí falló a favor de los acreedores. En octubre de 2023, el Tribunal Superior de Londres determinó que Argentina debía pagar unos 1.300 millones de euros por no haber abonado los cupones correspondientes al ejercicio 2013. En ese caso, el juez Simon Picken consideró que los cambios estadísticos fueron intencionales y que afectaron de manera directa los derechos de los bonistas.

Ese fallo fue apelado por la Argentina, y aún se espera una decisión definitiva de la Corte de Apelaciones británica. En paralelo, los equipos legales del país continúan intentando diferenciar el tratamiento jurídico entre ambos fueros, ya que los bonos fueron emitidos bajo distintas legislaciones.

El trasfondo económico y político de los cupones PBI

La creación de los cupones PBI fue vista en su momento como un gesto de buena voluntad hacia los acreedores que aceptaron los canjes de deuda luego del default de 2001. Sin embargo, el diseño técnico del instrumento —que ataba pagos a la performance del PBI medida en dólares y según un año base específico— generó controversias recurrentes.

Con la caída del crecimiento desde 2012 y los conflictos sobre las estadísticas oficiales, el mecanismo dejó de activarse, y muchos bonistas consideraron que el país utilizó artilugios técnicos para evitar los pagos. El gobierno de Mauricio Macri intentó normalizar las estadísticas del INDEC, pero no revirtió las consecuencias judiciales de las acciones previas.

El reciente fallo en Estados Unidos representa un alivio parcial para el Tesoro, que aún enfrenta decenas de litigios en cortes extranjeras. La posición jurídica del país dependerá de su capacidad para demostrar que las decisiones técnicas tomadas por el INDEC respondieron a criterios estadísticos y no a objetivos fiscales.