DDHH
Bolsonaro reivindicó la masacre realizada por la policía en la favela de Rio, donde murieron 27 personas
Fue en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. El procedimiento ya es considerado como el más letal de la historia de la «ciudad maravillosa», mientras la Corte Suprema investiga las denuncias de violación de derechos humanos.
Por Pablo Giuliano
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reivindicó este lunes la masacre perpetrada el último jueves por la policía en la favela Jacarezino, de Río de Janeiro, que mató a 27 civiles en una operación contra el tráfico de drogas, el procedimiento más letal de la historia de la «ciudad maravillosa» que está bajo investigación de la Corte Suprema y provocó denuncias de violación de derechos humanos.
«Al tratar como víctimas a los traficantes que roban, matan y destruyen familias, la prensa y la izquierda los igualan al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y al prójimo. Felicito a la policía de Río de Janeiro», dijo el ultraderechista ex capitán del Ejército en sus redes sociales.
La operación tuvo «indicios de ejecución arbitraria», según el juez del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, quien ordenó a la fiscalía federal de la república abrir una investigación contra la Policía Civil (investigaciones) que el jueves perpetró la mayor matanza de personas en una operación antidrogas en una favela.
Jacarezinho, zona norte de Río y famosa porque allí se crió el senador y exastro del fútbol Romario, está en el centro de las políticas de mano dura del gobernador Claudio Castro, un cantor gospel de la ultraderecha evangelista que es socio político del presidente Bolsonaro.
Castro era vice de Wilson Witzel, un exbolsonarista destituido del cargo por sobrefacturación en las compras de emergencia de los hospitales de campaña para pacientes con Covid-19.
Bolsonaro, cuyo terruño electoral original es Río de Janeiro, calificó a los 27 muertos en la operación como «criminales» y rindió «homenaje» al único policía fallecido en la operación, André Leonaro Mello. «Será recordado por su coraje así como todos los guerreros que arriesgan sus vidas en la misión diaria de proteger al ciudadano de bien», agregó el presidente,
Este lunes, el mandatario defendió que la población rural se arme «para evitar invasiones» en sus tierras, al hablar con sus seguidores al frente del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.
La Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro denunció que hubo ejecuciones y manipulación de la escena del crimen. En tanto, el sábado, 6 detenidos en Jacarezinho relataron ante la fiscalía que fueron obligados a trasladar los cadáveres de 24 de los 27 muertos.
La operación estuvo basada en la investigación de redes sociales de supuestos integrantes del Comando Vermelho (comando Rojo), ningún cabecilla, que están acusados de reclutar niños y adolescentes para perpetrar robos.
Por otra parte, el bolsonarismo se juega gran parte de su capital político en Río de Janeiro, sobre todo porque públicamente tanto el presidente como su hijo, el senador Flavio, han defendido desde hace más de 15 años el accionar de las «milicias», los grupos paramilitares que supuestamente ofrecen seguridad en las comunidades más pobres.
Actualmente, los paramilitares dominan un mayor territorio que las organizaciones de narcos y salieron a la luz porque dos de sus integrantes fueron detenidos acusados de acribillar a la concejala socialista Marielle Franco en 2018.
Los dos asesinos salieron para cometer el crimen del condominio de casas donde vive en el barrio de Barra de Tijuca, frente al Atlántico, el presidente.
Este lunes, la policía civil de Río realizó un operativo contra paramilitares que movilizaron unos 2 millones de dólares fraguando escrituras y ocupando terrenos donde construyeron en forma ilegal edificios de departamentos, en la zona oeste de Río de Janeiro.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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