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Bolsonaro reivindicó la masacre realizada por la policía en la favela de Rio, donde murieron 27 personas

Fue en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. El procedimiento ya es considerado como el más letal de la historia de la «ciudad maravillosa», mientras la Corte Suprema investiga las denuncias de violación de derechos humanos.

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Por Pablo Giuliano

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reivindicó este lunes la masacre perpetrada el último jueves por la policía en la favela Jacarezino, de Río de Janeiro, que mató a 27 civiles en una operación contra el tráfico de drogas, el procedimiento más letal de la historia de la «ciudad maravillosa» que está bajo investigación de la Corte Suprema y provocó denuncias de violación de derechos humanos.

«Al tratar como víctimas a los traficantes que roban, matan y destruyen familias, la prensa y la izquierda los igualan al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y al prójimo. Felicito a la policía de Río de Janeiro», dijo el ultraderechista ex capitán del Ejército en sus redes sociales.

La operación tuvo «indicios de ejecución arbitraria», según el juez del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, quien ordenó a la fiscalía federal de la república abrir una investigación contra la Policía Civil (investigaciones) que el jueves perpetró la mayor matanza de personas en una operación antidrogas en una favela.

Jacarezinho, zona norte de Río y famosa porque allí se crió el senador y exastro del fútbol Romario, está en el centro de las políticas de mano dura del gobernador Claudio Castro, un cantor gospel de la ultraderecha evangelista que es socio político del presidente Bolsonaro.

Castro era vice de Wilson Witzel, un exbolsonarista destituido del cargo por sobrefacturación en las compras de emergencia de los hospitales de campaña para pacientes con Covid-19.

Bolsonaro, cuyo terruño electoral original es Río de Janeiro, calificó a los 27 muertos en la operación como «criminales» y rindió «homenaje» al único policía fallecido en la operación, André Leonaro Mello. «Será recordado por su coraje así como todos los guerreros que arriesgan sus vidas en la misión diaria de proteger al ciudadano de bien», agregó el presidente,

Este lunes, el mandatario defendió que la población rural se arme «para evitar invasiones» en sus tierras, al hablar con sus seguidores al frente del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.

La Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro denunció que hubo ejecuciones y manipulación de la escena del crimen. En tanto, el sábado, 6 detenidos en Jacarezinho relataron ante la fiscalía que fueron obligados a trasladar los cadáveres de 24 de los 27 muertos.

La operación estuvo basada en la investigación de redes sociales de supuestos integrantes del Comando Vermelho (comando Rojo), ningún cabecilla, que están acusados de reclutar niños y adolescentes para perpetrar robos.

Por otra parte, el bolsonarismo se juega gran parte de su capital político en Río de Janeiro, sobre todo porque públicamente tanto el presidente como su hijo, el senador Flavio, han defendido desde hace más de 15 años el accionar de las «milicias», los grupos paramilitares que supuestamente ofrecen seguridad en las comunidades más pobres.

Actualmente, los paramilitares dominan un mayor territorio que las organizaciones de narcos y salieron a la luz porque dos de sus integrantes fueron detenidos acusados de acribillar a la concejala socialista Marielle Franco en 2018.

Los dos asesinos salieron para cometer el crimen del condominio de casas donde vive en el barrio de Barra de Tijuca, frente al Atlántico, el presidente.

Este lunes, la policía civil de Río realizó un operativo contra paramilitares que movilizaron unos 2 millones de dólares fraguando escrituras y ocupando terrenos donde construyeron en forma ilegal edificios de departamentos, en la zona oeste de Río de Janeiro.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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