La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse el próximo martes para recibir los testimonios del exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quienes expondrán sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

El grupo parlamentario -que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT)- reanudará así su actividad tras el receso invernal con el objeto de avanzar en la acumulación de pruebas para el enjuiciamiento a los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz, a quienes se los investiga por «mal desempeño de sus funciones» .

Las causales por las cuales se abrió la investigación es por el fallo dictado a favor del distrito porteño; la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura; la sentencia del 2×1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.

D’Alessandro y Robles fueron citados para que expongan en la tercera reunión donde se analiza la conducta de los miembros del tribunal en la causa del fallo de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Además de Robles y D’ Alessandro, la comisión resolvió citar también para ese mismo día al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, que no asistió a la reunión del 11 de julio y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.

Fuentes de la comisión señalaron que fueron notificados hace dos semanas los cuatros testigos convocados para que asistan al Congreso.

Si bien la presencia de D’Alessandro y Robles estaba prevista originalmente para el 4 de julio, los corrimientos del calendario obligaron a que finalmente se postergara para el primer martes de agosto, tras el receso invernal.

Una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.

Esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

Sobre la citación de Robles y D’Alessandro, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, sostuvo que ni D’Alessandro ni Robles tienen «ningún motivo» para no asistir a la comisión donde se investiga si hubo una «connivencia entre funcionarios públicos» en el fallo sobre coparticipación.

Sostuvo que «son dos personas que no tienen ningún motivo para escudarse en ningún artilugio legal para evitar ir a la Comisión de Juicio Político. Hasta ahora tuvimos una gran ausencia de (el fiscal Carlos) Stornelli que se escudó en reglamentos del Ministerio Público Fiscal para no venir. Después, del resto vinieron absolutamente todos».

En la última reunión del 11 de julio expusieron exfuncionarios y fiscales de Estado de provincias y la exsecretaria de Provincias y presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri transfirió «un exceso de recursos» a la administración porteña.

La funcionaria indicó entonces que «no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos» establecidos por decreto del Gobierno de Macri de 2016, que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.

Batakis dijo que «lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son».

Además, resaltó que «el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función».

Ante un pedido del diputado del FdT Leopoldo Moreau, la exsecretaria de Provincias dijo que Robles, mano derecha de Rosatti, participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación como asesor del ministro de la Corte.

Batakis realizó un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión.

Moreau dijo que Robles fue «deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido», y señaló que por eso esa acta «carece de validez».

En la ocasión también expusieron los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, Marcos Denett; Santiago del Estero, Raúl Abate, y de Santa Cruz, Pablo Tannaro.

La Comisión de Juicio Político empezó a sesionar el pasado 26 de enero y ya realizó 18 reuniones en las cuales analizó el fallo del 2×1 por el cual se intentó beneficiar al represor Luis Muiña, y las denuncias de irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

El grupo parlamentario dedicó mas de dos meses a recibir testimonios de las denuncias de irregularidades de la obra social del Poder Judicial y del papel que tuvo Maqueda en la administración de ese organismo.

Incluso se citó al juez de la Corte para el 6 de julio, pero el ministro del tribunal no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan «provisionalmente», a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

Además, a propuesta del FdT se creo una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.