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Comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad más grande de Corrientes

Se iniciará el próximo 7 de agosto. Se trata del juicio de la causa «Séptima Brigada de Infantería».

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El décimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Corrientes comenzará el 7 de agosto próximo, con un debate al que llegan como acusados 10 hombres que actuaron en diversas fuerzas durante la última dictadura cívico militar y en el que se debatirán los casos de más de 100 víctimas, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes orientará el debate en el juicio de la causa «Séptima Brigada de Infantería», en el que se investiga una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas e incluso un homicidio.

El presidente del Tribunal será el juez Fermín Amado Ceroleni y debido a que entre los imputados hay exmilitares y un gendarme condenados en otra causa juzgada en ese estrado, participarán como subrogantes los magistrados Juan Manuel Iglesias, de Chaco, y Eduardo Belforte, de Formosa.

Por el Ministerio Público actuará el fiscal Flavio Ferrini junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes y el fiscal Diego Vigay.

Por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervendrá el abogado Manuel Brest Enjuanes.

Los imputados son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231 con poder de decisión sobre la planificación represiva.

De la nómina de imputados fueron apartados por incapacidad sobreviniente, dado el paso de los años, los exmiembros del Ejército Julio Rafael Manuel Barreiro -que purga una condena a 25 años de prisión por otro juicio de lesa humanidad- y Cyris Dalmis Marcelo Feu, quien también fue interventor militar de la provincia de Corrientes.

En el transcurso de la investigación y el trámite procesal hasta la elevación a juicio murieron los acusados José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana.

Un total de 104 víctimas fue registrado en los hechos que integran esta investigación, que toma como base el circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes a partir de una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, como la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el emblemático ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, hoy Espacio de Memoria.

No obstante, la Brigada de Infantería VII, si bien tenía asiento en la capital correntina y abarcaba los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, también tenía jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Chaco y Formosa.

Es que, dentro de los lineamientos establecidos por las directivas secretas del gobierno de facto, el país se dividió territorialmente en cuatro zonas y al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército le correspondió el comando de la Zona de Defensa 2, con cuatro subzonas: 21, 22, 23 y 24.

La 23 quedó bajo la responsabilidad de la Séptima Brigada de Infantería que ahora irá a juicio.

Así lo hicieron saber fuentes de la causa, que especificaron que las investigaciones en este proceso judicial cotejaron documentos históricos y otras fuentes documentales, con el fin de develar cómo se planificó, organizó, funcionó y ejecutó la represión en esta región.

Algunos de los procesados ocuparon cargos decisivos en esta estructura, otros integraron los grupos operativos pertenecientes al ex Regimiento 9, la Jefatura local de policía provincial y de la Gendarmería Nacional, que no habían sido individualizados en otras causas ya juzgadas.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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