DDHH
Comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad más grande de Corrientes
Se iniciará el próximo 7 de agosto. Se trata del juicio de la causa «Séptima Brigada de Infantería».
El décimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Corrientes comenzará el 7 de agosto próximo, con un debate al que llegan como acusados 10 hombres que actuaron en diversas fuerzas durante la última dictadura cívico militar y en el que se debatirán los casos de más de 100 víctimas, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes orientará el debate en el juicio de la causa «Séptima Brigada de Infantería», en el que se investiga una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas e incluso un homicidio.
El presidente del Tribunal será el juez Fermín Amado Ceroleni y debido a que entre los imputados hay exmilitares y un gendarme condenados en otra causa juzgada en ese estrado, participarán como subrogantes los magistrados Juan Manuel Iglesias, de Chaco, y Eduardo Belforte, de Formosa.
Por el Ministerio Público actuará el fiscal Flavio Ferrini junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes y el fiscal Diego Vigay.
Por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervendrá el abogado Manuel Brest Enjuanes.
Los imputados son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231 con poder de decisión sobre la planificación represiva.
De la nómina de imputados fueron apartados por incapacidad sobreviniente, dado el paso de los años, los exmiembros del Ejército Julio Rafael Manuel Barreiro -que purga una condena a 25 años de prisión por otro juicio de lesa humanidad- y Cyris Dalmis Marcelo Feu, quien también fue interventor militar de la provincia de Corrientes.
En el transcurso de la investigación y el trámite procesal hasta la elevación a juicio murieron los acusados José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana.
Un total de 104 víctimas fue registrado en los hechos que integran esta investigación, que toma como base el circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes a partir de una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, como la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el emblemático ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, hoy Espacio de Memoria.
No obstante, la Brigada de Infantería VII, si bien tenía asiento en la capital correntina y abarcaba los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, también tenía jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Chaco y Formosa.
Es que, dentro de los lineamientos establecidos por las directivas secretas del gobierno de facto, el país se dividió territorialmente en cuatro zonas y al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército le correspondió el comando de la Zona de Defensa 2, con cuatro subzonas: 21, 22, 23 y 24.
La 23 quedó bajo la responsabilidad de la Séptima Brigada de Infantería que ahora irá a juicio.
Así lo hicieron saber fuentes de la causa, que especificaron que las investigaciones en este proceso judicial cotejaron documentos históricos y otras fuentes documentales, con el fin de develar cómo se planificó, organizó, funcionó y ejecutó la represión en esta región.
Algunos de los procesados ocuparon cargos decisivos en esta estructura, otros integraron los grupos operativos pertenecientes al ex Regimiento 9, la Jefatura local de policía provincial y de la Gendarmería Nacional, que no habían sido individualizados en otras causas ya juzgadas.
CABA
Incendio en el Barrio 31: sin cuartel y dos niños muertos, la Ciudad debe responder
Valentín y Dante, de 5 y 2 años, murieron el jueves en el barrio Mugica, mientras los vecinos denuncian que los bomberos demoraron en ingresar y que el cuartel de la villa fue retirado. El peronismo porteño pidió informes al Gobierno de Jorge Macri, que desplegó 1.500 policías en el operativo Tormenta Negra.
Dos chicos de 2 y 5 años murieron en un incendio en la Villa 31 y los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron en ingresar al barrio por los pilotes colocados en las calles. Una Ciudad capaz de desplegar 1.500 policías en una sola noche no habría podido, según la denuncia barrial, llegar a tiempo con un camión de bomberos.
Los niños, Valentín, de 5 años, y Dante, de 2, fallecieron el jueves 5 de noviembre en una vivienda del sector Martín Güemes del barrio Padre Carlos Mugica, en Retiro, según publicó un medio local. La noticia fue difundida por el Movimiento de Villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de una tristeza absoluta y de repudio, y apuntó las responsabilidades contra el Gobierno porteño que encabeza Jorge Macri.
Pilotes, un cuartel retirado y un origen sin confirmar
El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico, aunque la causa no está confirmada y se desconoce con quiénes estaban los menores al momento del siniestro. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la vivienda. Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron su ingreso porque los pilotes en las calles impidieron el paso del camión, y cuestionaron el retiro del cuartel que funcionaba dentro de la villa.
El Movimiento de Villas y Barrios Populares expresó «bronca y hartazgo» por el desfinanciamiento de las políticas de urbanización y por lo que calificó como violaciones sistemáticas de derechos humanos. Acusó al Gobierno de la Ciudad de ignorar año tras año el riesgo eléctrico y de priorizar el operativo Tormenta Negra.
La Garganta Poderosa: «Exigimos justicia y condiciones de vida dignas»
La organización La Garganta Poderosa publicó un mensaje en Instagram que superó los 9.000 me gusta en pocas horas. Sostuvo que los niños murieron en un incendio «por la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» y afirmó que ni los bomberos ni la ambulancia llegaron a tiempo, una versión que no fue confirmada oficialmente.
El posteo contrapuso esa situación con los operativos policiales en los barrios: el mismo Gobierno que no garantiza la asistencia en una urgencia aparece con la policía, a través de operativos como Tormenta Negra, para perseguir a familias y laburantes. La organización cerró con una pregunta que resume el reclamo: «¿Cuántas vidas nuestras vamos a dejar en el camino hasta que cumplan con sus obligaciones?».
Tormenta Negra, la prioridad de la Ciudad
El operativo Tormenta Negra desplegó más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 villas y asentamientos, entre ellos el barrio Mugica, según informó el propio Gobierno porteño. Jorge Macri siguió el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, en Villa Lugano.
Tras uno de esos despliegues, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo en una misa en la Villa 31: «Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira». La frase, pronunciada antes de esta tragedia, describe con crudeza el debate que reabrió el incendio: qué presencia tiene el Estado en los barrios populares y con qué herramientas llega cuando hay una emergencia.
El peronismo pidió informes en la Legislatura
La legisladora porteña Berenice Iáñez, de Fuerza Buenos Aires (bloque que conduce Claudia Neira), presentó un pedido de informes al Gobierno de Jorge Macri. En el texto, la legisladora calificó la muerte de los niños como «un hecho de extrema gravedad» que exige una respuesta estatal integral.
El pedido reclama que la Ciudad informe qué organismos intervinieron, qué recursos humanos y materiales desplegó, cuáles fueron los tiempos de respuesta y qué asistencia recibió la familia de Valentín y Dante. También solicita el estado de avance de la reurbanización del barrio Mugica y del sector Martín Güemes, las evaluaciones técnicas de la vivienda, el acompañamiento psicológico y social a los familiares y los motivos del cese de actividades del cuartel de bomberos voluntarios.
Iáñez recordó además que presentó en 2025 un proyecto para crear un Protocolo de Actuación frente a Incendios en Villas y Asentamientos, que ingresó a la Legislatura pero nunca fue tratado. Una herramienta pensada para prevenir tragedias como esta quedó sin debate legislativo mientras el riesgo eléctrico seguía sin resolverse en el barrio, según denuncian las organizaciones. Hasta el momento, en el material consultado por este medio no figuraba una respuesta oficial del Gobierno porteño a la denuncia por la demora de los bomberos.
Lo que tenés que saber:
- Dos niños de 2 y 5 años murieron el jueves 5 de noviembre en un incendio en el sector Martín Güemes del barrio Mugica, en Retiro.
- El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico; la causa no está confirmada.
- Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron por los pilotes en las calles y cuestionaron el retiro del cuartel de la villa.
- La legisladora Berenice Iáñez presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad.
- El protocolo de actuación ante incendios en villas, presentado por Iáñez en 2025, no fue tratado en la Legislatura.
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