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Más de 40 muertos tras explosión de una bomba en Pakistán

Ocurrió durante un acto político organizado por un partido islámico.

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Al menos 44 personas murieron y decenas quedaron heridas hoy en el noroeste de Pakistán por la explosión de una bomba durante un acto organizado por un partido islámico, en un atentado suicida, informaron autoridades.

El ataque iba dirigido contra el partido religioso conservador Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), que celebró una asamblea bajo una carpa a la que asistieron más de 400 miembros y simpatizantes en la ciudad de Jar, en la provincia noroccidental de Jíber Pajtunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

«La carpa colapsó por un lado, dejando atrapadas a personas que buscaron escapar de forma desesperada», contó el testigo Abdulá Jan, según la agencia de noticias AFP.

«Hubo una confusión total, había carne humana, restos de extremidades esparcidas y cadáveres», aseguró.

Sabeeh Ulá, un simpatizante del partido de 24 años, dijo que sufrió la fractura de un brazo debido a la explosión.

«Me encontré tirado junto a una persona que había perdido sus piernas, el aire estaba intoxicado con el olor de la carne humana», relató.

Riaz Anwar, un delegado del Ministerio de Salud en la provincia de Jaiber Pastunjuá, indicó que había 44 muertos y más de 100 heridos.

En tanto, según el último balance del ministro del Interior en funciones, Feroze Yamal Sha Kakajel, citado por Geo TV, habría unos 200 heridos.

Al menos 35 heridos fueron trasladados en estado grave hasta la ciudad de Timergara.

Entre los fallecidos está el líder del partido en la localidad de Jar, el maulana Ziaulá Jan, y el secretario general de la formación en Nawagai, Hamidulá Haqqani, informó la agencia Europa Press.

El JUI-F está liderado por el clérigo Fazal ur Rehman, uno de los más destacados exponentes islamistas en la política del país y socio menor de la coalición de gobierno.

En su primera reacción al ataque, el clérigo exigió al primer ministro, Shehbaz Sharif, y al ministro principal del Estado, Azam Jan, una investigación inmediata de lo acontecido antes de llamar a la calma a sus seguidores.

Sharif anunció que ordenó investigar lo ocurrido e identificar a los responsables.

El inspector general de la Policía en la provincia Jíber Pajtunjua, Ajtar Hayat Jan, confirmó que la investigación preliminar reveló que se trató de un atentado suicida.

«Fue un atentado suicida y el atacante se hizo explotar cerca del escenario», dijo el funcionario.

Las imágenes del lugar de la explosión que circulaban en las redes sociales mostraban cuerpos esparcidos y voluntarios ayudando a las víctimas ensangrentadas a subir a las ambulancias.

La Asamblea Nacional de Pakistán va a disolverse en las próximas semanas, antes de las elecciones previstas para octubre o noviembre, y los partidos políticos están en campaña.

Hasta esta noche (la tarde en la Argentina), ningún grupo se había atribuido la responsabilidad del ataque.

El brazo local del grupo Estado Islámico (EI) llevó a cabo recientemente ataques contra JUI-F.

El año pasado, EI dijo que estaba detrás de los ataques violentos contra los eruditos religiosos afiliados al partido, que tiene una enorme red de mezquitas y escuelas en el norte y el oeste del país.

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El grupo yihadista acusa a JUI-F de hipocresía por ser un grupo islámico religioso que apoya a sucesivos gobiernos y a los militares.

En tanto, Pakistán sufre también un importante aumento de los ataques desde que los talibanes afganos volvieron al poder en Kabul en 2021.

La provincia de Jíber-Pajtunjua, fronteriza con Afganistán, es una de las más conflictivas del país y es la base de operaciones de los Tehrik e Taliban Pakistán (TTP), los conocidos como «talibanes paquistaníes», que han incrementado sus atentados tras dar por finalizado el alto el fuego en noviembre de 2022.

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Este grupo ha dirigido sus operaciones contra los funcionarios de seguridad y agentes de la policía.

El grupo TTP, que difiere de los talibanes afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.

En enero, un atacante suicida vinculado a los talibanes de Pakistán se inmoló en una mezquita dentro de un recinto policial en la ciudad noroccidental de Peshawar, matando a más de 80 agentes.

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Los ataques se centraron en las regiones que limitan con Afganistán.

Islamabad alega que algunos están siendo planeados en suelo afgano, una acusación que Kabul niega.

Analistas dicen que combatientes en las zonas tribales adyacentes a Peshawar y en la frontera con Afganistán han ganado fuerza desde el regreso al poder de los talibanes en Kabul.

«Esto forma parte de la violencia terrorista que parece estar en aumento en Pakistán antes de las elecciones para crear una sensación de inestabilidad que podría llevar un aplazamiento de las elecciones», explicó Imtiaz Gul, director ejecutivo del Centro de Investigación y Estudios de Seguridad, con sede en Islamabad.

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El vocero del gobierno afgano, Zabihulá Mujahid, condenó el ataque y expresó «su más sentido pésame con las familias afectadas».

Desde la oposición, el presidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto Zardari, instó al Gobierno a llevar a los «responsables y terroristas» ante la justicia y trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos.

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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo

El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.

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La propuesta "Chat Control 2.0" plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.

Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.

La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.

Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre

El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.

Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.

El fallo humano en la cadena de verificación

En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.

Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.

Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.

Una regulación que depende de la app que uses

Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.

Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.

El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.

Lo que tenés que saber

  • La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
  • La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
  • El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
  • Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
  • La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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