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Sociedad

Testimonio de un sobreviviente de abusos sexuales

«Los chicos y las chicas no mentimos. No somos una cosa a la cual le pueden llenar la cabeza. Por eso (el ISAP) está tan desacreditado y ya no se puede usar más», afirma Vázquez Ghisoni, víctima de ataques sexuales.

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Tomás Vázquez Ghisoni, un joven de 21 años que denunció haber vivido tanto él como sus hermanos abusos por parte de su progenitor cuando eran niños, afirma que las y los hijos no mienten y no son «una cosa a la que le pueden llenar la cabeza», en relación a las críticas que vivió él y su madre, a quienes trataron de «locos» cuando contaron lo sucedido, fundadas en el Inexistente Síndrome de Alienación Parental (ISAP).

«Los chicos y las chicas no mentimos. No somos una cosa a la cual le pueden llenar la cabeza. Por eso (el ISAP) está tan desacreditado y ya no se puede usar más», afirma Vázquez Ghisoni, en una conversación con Télam, en referencia al supuesto trastorno infantil por el cual los niños mentirían tras presión de sus progenitores (en general madres), el cual se utiliza para desacreditar denuncias sobre abusos sexuales.

El joven se encuentra junto a su novia, sentado en un sillón mientras toma un café de especialidad -una práctica que a ambos le gusta compartir- y cada vez que se dispone a responder una pregunta, primero respira hondo.

Se prepara para el juicio que se desarrollará entre el 3 y el 11 de agosto, desde las 9, en el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo de los jueces Marcelo Hugo Dellaure, Luis Miguel Gabián y Claudio José Fernández.

«Estoy bastante ansioso. No sé si tengo miedo. Antes sí teníamos, o yo por lo menos, de lo que podía llegar a hacer mi progenitor porque tenía una conducta recurrente de violar las medidas cautelares, las perimetrales, todo. Ha llegado a poner pasacalles en la puerta de nuestro colegio, en la casa de la jueza», cuenta Tomás.

El acusado es su progenitor, Pablo Ghisoni, quien es médico ginecólogo en el Sanatorio Juncal de la localidad bonaerense de Temperley, denunciado por el delito de abuso sexual agravado contra sus dos hijos menores, reiterado en varias oportunidades entre 2010 y 2016.

La madre de Tomás y sus hermanos, Andrea Vázquez, hace más de 12 años que lleva adelante una lucha para que se la escuche tanto a ella como a sus hijos.

Más allá de que Vázquez realizó 40 denuncias contra su ex pareja, a esta instancia judicial llegaron a partir de la radicada por la Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Nora Schulman, al tomar conocimiento de la situación del hijo menor, que en ese momento tenía 7 años y hoy, 14.

Tomás, el hijo del medio, cocina «muy bien», asegura su madre, y es el más deportista de sus hermanos: juega al paddle, al tenis y el entrenamiento lo ayuda a despejarse, dice.

También cursa Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, donde ingresó inspirado en su abogada Edith Aida Puente, la primera que lo escuchó dentro del entorno judicial y le «cambió la vida». Desde su profesión espera poder cambiar algunas prácticas del manejo del Poder Judicial con las y los sobrevivientes de abusos.

«Cuando no estoy en el juzgado, estoy en el colegio o en mi casa», respondió Tomás en una audiencia cuando de chico le preguntaron cómo se desarrollaba su vida. Ahora lo recuerda: «Iba tres veces por semana, por lo menos, al juzgado. Eso no tiene que ser más así».

Para él, el Poder Judicial «reconoce a les niñes como un objeto, es una cosificación total. Hacen un ‘como sí’ sobre la Convención de Derechos del Niño, pero nunca se respeta».

El joven cuenta que vivía «una vida normal» con su familia hasta que comenzaron los actos de violencia de parte de su progenitor.

«Yo solía tener problemas de conducta en el colegio, pero dadas las circunstancias era más que entendible. Por eso sufría las represalias de parte de mi progenitor. Me cagaba a palos, me decía que estaba loco, que tenía que ser medicado», cuenta.

Tras estos hechos y otros, Andrea se separó en 2009 de esa pareja y lo denunció por violencia contra ella y sus hijos.

Sin embargo, el Tribunal N° 3 de Familia de Lomas de Zamora la acusó del delito de «impedimento de contacto» de sus hijos con Ghisoni y el 2 de octubre de 2012, efectivos uniformados instalaron definitivamente a sus hijos en el domicilio del progenitor, mientras le impusieron a ella una prohibición de acercamiento de 500 metros.

Si bien Vázquez fue absuelta en 2013 de esta acusación, hasta el 2015 no pudo tener contacto con sus hijos y recién en 2016 volvió a convivir con dos de ellos.

«Dentro de esos cuatro años que vivimos sin contacto con mi mamá, a mí lo que me hacía era encerrarme en este círculo de él, no tenía amigos, en quién confiar, psicólogos que me mandaba el Poder Judicial pero que todo lo que les contaba se terminaba enterando mi progenitor, no tenía un espacio de verdad donde poder confiar en alguien», dice Tomás.

También dudó «de la realidad», según sus palabras: «Cuando estás en un círculo donde te llega solamente una información durante tanto tiempo es difícil. Yo no podía tener ninguna información de mi mamá, porque no era solamente no verla. Todo era información negativa. En el colegio, ‘tu mamá es una loca’; y entonces pensaba ‘bueno, debe ser'».

Durante este período, que reconoce como «un calvario» ya que su progenitor tuvo «libre albedrío para hacer lo que quería», cuenta que le diagnosticaron «trastorno oposicional parental» y lo medicaron.

«Por eso estaba un poco más disociado de la realidad y no me pude enterar de lo que le hacía a mis hermanos y la verdad que eso me mortifica bastante hoy, pero entiendo que no podía hacer mucho», comparte.

Aunque tanto él como sus hermanos expresaban que no querían ver a su progenitor, Tomás recuerda que desde el Poder Judicial les respondían que su discurso «era adulto y estaba influenciado».

En 2019, Ghisoni fue procesado por el delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y el 8 de febrero pasado, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantía de Lomas de Zamora le concedió la excarcelación, a la espera del juicio.

«Estuvimos esperando más de diez años para que haya algo parecido a justicia. Todo este tiempo, él estuvo con prisión preventiva dándose una vida de lujo porque estuvo en una clínica privada donde es amigo de los dueños y luego internado en su propia clínica donde es uno de los socios fundadores. Después, en la casa, trabajando los 7 días de la semana», detalla Tomás.

Estos diez años, el joven tuvo «la vida en pausa». «No podés disfrutar, tenés esa carga que la llevás permanentemente con vos. No es algo que lo ves en la tele: es tu vida», narra.

Con este juicio espera una «sentencia ejemplificadora donde le den muchos años» al acusado, aunque reconoce que «es difícil que pase» ya que su progenitor «es poderoso».

«Me conformaría con una sentencia culpable para reivindicar tanto mi nombre como el de mi mamá que fue desacreditado por tantos años. Ella fue ‘la loca del megáfono’, la que se encadenaba en Tribunales, y lo único que hizo fue ser una madre protectora. Y yo, al que le llenan la cabeza, ‘el loco’, ‘el medicado'», concluye.

Judiciales ⚖️

Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa

Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.

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Pity Álvarez durante el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz
Legítima defensa u homicidio: las dos lecturas que enfrentan a querella y defensa en el juicio a Pity Álvarez.

Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.

El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales

La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.

Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.

La acusación fiscal y la estrategia de la defensa

El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.

El relato de Álvarez ante el tribunal

Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.

También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.

Dos lecturas que el tribunal deberá resolver

La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.

Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber

  • La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
  • El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
  • El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
  • Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
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