Judiciales ⚖️
La Justicia avaló que Cristina siga en su casa por conducta “adecuada” pero cierra el cerco sobre su patrimonio
El Tribunal Oral Federal N°2 renovó la prisión domiciliaria de la expresidenta en San José 1111, tras constatar que cumplió con todas las condiciones impuestas. En paralelo, avanzan el embargo preventivo de sus bienes y las investigaciones por el entorno que rodea al edificio donde cumple condena.
El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad. La decisión llegó tras un informe trimestral que acreditó que la expresidenta no solo cumplió con las condiciones impuestas, sino que lo hizo con «buena predisposición y un trato cordial y respetuoso» hacia los profesionales que la monitorearon.
El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo del seguimiento, fue contundente en su evaluación: «Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria.» El fallo llegó a la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al documento.
Monitoreo sin fisuras y una sola salida autorizada
Durante el período evaluado, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) realizaron entrevistas domiciliarias de forma aleatoria para verificar el cumplimiento de las condiciones. En ese marco, Cristina Kirchner registró una única salida autorizada, para una consulta médica que se concretó «sin inconvenientes».
Las visitas también se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal, con una única demora de parte de una visitante que fue debidamente justificada ante la Justicia. El monitoreo electrónico no registró anomalías y, pese a las movilizaciones de militantes y simpatizantes frente al domicilio, la Justicia señaló que no se produjeron comportamientos que perturbaran la tranquilidad del vecindario ni quedas de vecinos.
Embargo de bienes y la sombra del decomiso
La renovación de la domiciliaria se produce en un contexto de avance judicial sobre el patrimonio de la exmandataria. El mismo TOF N°2 confirmó previamente el embargo preventivo de varios bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, incluyendo el propio departamento de San José 1111 donde cumple condena. El objetivo es alcanzar el decomiso del perjuicio económico estimado al Estado argentino, que asciende a aproximadamente 685.000 millones de pesos.
En ese mismo frente, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia para intentar frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., dos empresas familiares que también están en la mira de la Justicia.
El entorno bajo la lupa: Calle, Recalde y La Cámpora en San José 1111
El expediente judicial no se limita a la situación procesal de la expresidenta. Paralelamente, la Justicia investiga la compra del departamento ubicado debajo del de Cristina por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora con vínculos a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante los magistrados, Calle declaró haberlo adquirido para que funcionara una fundación, aunque no aportó mayores precisiones sobre el proyecto.
A eso se suma que el senador nacional peronista Mariano Recalde también resultó ser propietario de un departamento en el mismo edificio, ubicado en el primer piso. La concentración de figuras del universo kirchnerista en ese inmueble transformó a San José 1111 en un punto de atención permanente para la Justicia, más allá del seguimiento de la condena domiciliaria.
Lo que tenés que saber
- El TOF N°2 renovó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner tras verificar que cumplió «adecuadamente» con todas las condiciones impuestas durante el trimestre.
- El juez Rodrigo Giménez Uriburu destacó su «buena predisposición» en las entrevistas con los profesionales de control y la ausencia de irregularidades en el monitoreo electrónico.
- El mismo tribunal confirmó el embargo preventivo de bienes de los condenados en la causa Vialidad, incluyendo el departamento donde cumple condena, en busca de un decomiso de unos $685.000 millones.
- La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
- Se investigan las propiedades de la dirigente camporista María Soledad Calle y del senador Mariano Recalde en el mismo edificio de San José 1111.
Corrientes
El juicio por Loan Danilo Peña suma unos 120 testigos y la búsqueda sigue abierta
Este jueves declaran gendarmes, peritos de la PFA y un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a 17 acusados y no hay fecha para los alegatos ni para el veredicto.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes dedica este jueves, última audiencia de la semana, a las declaraciones de gendarmes, peritos de la Policía Federal, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga, en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño sigue desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de esa localidad correntina, y la búsqueda sigue abierta. En el debate ya declararon alrededor de 120 personas, según se informó.
El juicio arrancó el 16 de junio de 2026, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. El tribunal lo integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, con Enrique Jorge Bosch como suplente. El Ministerio Público Fiscal interviene a través del fiscal general Carlos Schaefer y de la fiscal general subrogante Tamara Pourcel.
En qué etapa está el debate
Al inicio, la fiscalía previó más de 170 testigos. Con unos 120 escuchados, el juicio sigue en la etapa de prueba testimonial: faltan los testigos restantes, los alegatos y el veredicto, y no hay una fecha oficial para ninguno de los dos últimos. El tribunal fijó dos audiencias semanales, los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se hace efectivo el retiro de Ceroleni, que se jubila. Schaefer afirmó en septiembre que el juicio continúa y que Bosch, que ya integra la sala, puede reemplazarlo.
Quiénes declaran este jueves
Están citados los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, que participaron del rastrillaje y de un allanamiento a fines de junio de 2024. También declara Abril Pizarro, perito química de la Policía Federal Argentina, que inspeccionó la camioneta Ford Ranger del matrimonio acusado, formado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez. Junto a ella exponen Paula Antonella Altamirano, de la sección Rastros de esa fuerza, y Diego Terry. De la inspección ocular de la misma camioneta declaran el gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la Federal Leandro Simón.
Jorge Luis Rómulo es el testigo convocado por lo que observó en el allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio, en julio de 2024. Por último, la psicóloga María Daniela Balbi debe dar cuenta del acompañamiento y de las entrevistas que realizó a menores. Al cierre de esta nota, no había un parte oficial sobre el contenido de esas declaraciones.
Los 17 acusados y lo que se les imputa
Siete personas están acusadas de la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años, previsto en el artículo 146 del Código Penal, con penas de 5 a 15 años de prisión. En calidad de coautores, el requerimiento incluye a Bernardino Antonio Benítez, a su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), a María Victoria Caillava, a Carlos Guido Pérez, a Daniel Oscar Ramírez y a su pareja Mónica del Carmen Millapi. El entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, está acusado como partícipe necesario. Ninguno tiene condena: rige la presunción de inocencia. Al inicio del debate, en junio, la fiscalía informó que esos siete acusados estaban detenidos con prisión preventiva.
La acusación sostiene que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina Peña apartaron al niño de la custodia de su padre, José Peña, con la excusa de ir a buscar naranjas a un monte alejado de la casa de la abuela, Catalina Peña, donde el resto de la familia hacía la sobremesa con Pérez y Caillava. Los fiscales afirmaron que, para concretar la sustracción y el posterior ocultamiento, se contó con la participación de Maciel, “quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda” e impartió medidas para entorpecer el hallazgo. En el requerimiento sostuvieron que el niño fue sustraído y que esa situación “perdura al día de la fecha”.
Los otros diez imputados llegaron a juicio acusados de maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación. Son Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Se les atribuyen, en distinta medida, delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, el grupo se presentó como integrante de la “Fundación Dupuy”.
Qué sostiene cada parte
En una entrevista de septiembre, Schaefer dijo que la acusación debe demostrar “quién se lo llevó”, que tiene pruebas para la sustracción y el ocultamiento, y que el delito es permanente porque se ignora el paradero del niño. Citó la prueba odorológica entre los elementos centrales y afirmó que “el entorpecimiento comenzó en el minuto uno”. Reconoció que siguen sin respuesta el motivo de la sustracción y el destino de Loan, que se investigan por separado.
Las defensas no coinciden entre sí. Ernesto González, abogado de Pérez y Caillava, afirmó en septiembre que “no hay nada objetivamente demostrable respecto de un accidente de tránsito”, una versión que ubicó en la estrategia de la defensa de Maciel, y cuestionó cómo se hicieron las pericias odorológicas. Según las coberturas locales, Laudelina Peña declaró ante el tribunal que la historia del accidente fue inventada y se la atribuyó a un abogado. Son planteos de las partes en el juicio, que todavía no fueron resueltos.
Una de las líneas de la causa quedó cerrada en primera instancia. El 25 de agosto, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas por trata de personas, al concluir que no hubo finalidad de explotación. Schaefer aclaró que esa decisión no afecta al juicio y, en septiembre, informó que la fiscalía la apeló, por lo que no está firme.
La desaparición y una búsqueda que no se cerró
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela, en 9 de Julio. Tenía 5 años. La última fotografía lo registró a las 13.52, cuando se dirigía a una zona de monte con naranjales junto a otras personas. El juicio evalúa las responsabilidades penales de los 17 acusados, pero el niño no apareció y la búsqueda sigue abierta. Al inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal recordó que la Alerta Sofía permanecía vigente y que “la familia espera justicia”.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos por datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, una suma que fijó en enero la Resolución 51/2026. La recompensa figura vigente en la página oficial de búsqueda de personas del organismo. Pozzer Penzo ordenó en agosto renovar las alertas de Interpol y volver a difundir la foto del niño y la recompensa.
Lo que deja la investigación
La causa se inició en la Justicia provincial y pasó al fuero federal. Más de dos años después, la acusación sostiene que parte de la pesquisa se desvió desde adentro, por la actuación del entonces comisario, y desde afuera, por las maniobras de otros diez imputados. Schaefer dijo que nunca vio algo así en una causa. Si esas hipótesis se confirman o no es algo que decidirá el tribunal en su sentencia; hasta entonces, el dato firme es que Loan no apareció y que las preguntas centrales siguen abiertas.
Lo que tenés que saber:
- Este jueves, última audiencia de la semana, declaran gendarmes, peritos de la PFA, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga.
- El juicio comenzó el 16 de junio de 2026 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Ya declararon alrededor de 120 personas; no hay fecha oficial para los alegatos ni para el veredicto.
- Siete acusados deben responder por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña; otros diez, por el presunto desvío de la investigación. Ninguno tiene condena.
- Las audiencias son los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se retira el juez Ceroleni.
- La recompensa de 20 millones de pesos por datos sobre Loan figura vigente. El niño desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, y sigue sin aparecer.
- Al cierre de esta nota, no trascendió un parte oficial sobre el contenido de las declaraciones de hoy.
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