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Denuncia

Espionaje: citan al juez presionado por Macri para detener a Moyano

Se trata Luis Carzoglio, quien denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

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El-Argentino-El juez Carzoglio

La ronda de declaraciones testimoniales en la causa que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo seguirá este próximo lunes con la citación al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri.

Por otro lado, en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado Diego Santilli y la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, informaron fuentes judiciales.

En cuanto a Mariano Macri, el magistrado reprogramará la audiencia luego que el hermano del exPresidente pidió postergarla por razones de salud.

Carzoglio está convocado para el lunes al trámite que se haría a través de la plataforma Zoom, pero según fuentes del caso podría pedir postergación.

El juez de Avellaneda estuvo suspendido y está en la actualidad de licencia y fue convocado para que «se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano», dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal «cuentapropista» de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La exfuncionaria quedó procesada por presunto «incumplimiento de deberes» a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como «Súper Mario Bros» por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de «muy urgente» informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de «un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente» entre ese organismo y la AFI «a través de un enlace dedicado o mecanismo similar».

La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe «si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación», entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los «números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros» entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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