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Denuncia

Espionaje: citan al juez presionado por Macri para detener a Moyano

Se trata Luis Carzoglio, quien denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

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El-Argentino-El juez Carzoglio

La ronda de declaraciones testimoniales en la causa que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo seguirá este próximo lunes con la citación al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri.

Por otro lado, en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado Diego Santilli y la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, informaron fuentes judiciales.

En cuanto a Mariano Macri, el magistrado reprogramará la audiencia luego que el hermano del exPresidente pidió postergarla por razones de salud.

Carzoglio está convocado para el lunes al trámite que se haría a través de la plataforma Zoom, pero según fuentes del caso podría pedir postergación.

El juez de Avellaneda estuvo suspendido y está en la actualidad de licencia y fue convocado para que «se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano», dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal «cuentapropista» de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La exfuncionaria quedó procesada por presunto «incumplimiento de deberes» a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como «Súper Mario Bros» por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de «muy urgente» informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de «un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente» entre ese organismo y la AFI «a través de un enlace dedicado o mecanismo similar».

La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe «si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación», entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los «números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros» entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

Denuncia

Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado

Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Flavio Bolsonaro.
Del discurso a la frontera: la Justicia investiga el rol del Gobierno de Milei en la salida de Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.

El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.

La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación

Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.

El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.

El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Migraciones: de la falta de registro a la confirmación

Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.

Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias

Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.

El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.

Un aliado que prometió no irse

Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.

El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.

La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.

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