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Lawfare

Caso Ciccone: denunciaron a jueces de la Corte Suprema por abuso de autoridad en la causa contra Amado Boudou

El abogado Tomás Pérez Bodría promovió una causa por el rechazo sin niguna argumentación del máximo tribunal a los recursos presentados contra las condenas dictadas en la causa, entre las que estaba la del ex vicepresidente.

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El abogado Tomás Pérez Bodría promovió una causa por el rechazo sin niguna argumentación del máximo tribunal a los recursos presentados contra las condenas dictadas en la causa, entre las que estaba la del ex vicepresidente.

El abogado Tomás Pérez Bodria presentó una denuncia contra los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quienes acusó de haber «abusado de su autoridad», al rechazar sin exponer argumento alguno los recursos que se habían presentado contra las condenas dictadas en el caso Ciccone, entre las que estaba la del exvicepresidente Amado Boudou.

El abogado, que además es integrante de la conducción nacional del movimiento político sindical Primero la patria, acusó a los miembros de la Corte de ser los «garantes» de la continuidad del denominado «Lawfare» –guerra jurídica- a nivel local contra quienes conformaron la oposición política al Gobierno de Mauricio Macri.

«La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene una enorme responsabilidad en que ese mecanismo siga vigente», sostuvo hoy Pérez Bodría durante un reportaje radial en el que detalló que la «guerra» supuestamente desatada contra quienes integraron el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene como actor principal a una «entente» conformada por «el Poder Judicial, algunos medios masivos de comunicación y el poder real».

La denuncia contra Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por «abuso de autoridad» y «prevaricato», por dictar fallos arbitrarios y no conformes a derecho, quedó radicada por sorteo ante el juzgado federal 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini.

El abogado denunciante explicó que la presentación judicial fue radicada luego de notar «desde hace tiempo y con preocupación la incidencia del ´lawfare´ en la política nacional». En el texto de la denuncia, el letrado remarcó que «es la utilización de una muy diversa vara para resolver casos que denotan como factor común el principio de ´trascendencia´» lo que lo impulsó a efectuar el planteo ante la justicia.

El abogado destacó que esa «disparidad» quedó en evidencia cuando los mismos jueces decidieron en cuestión de días desestimar a un planteo formulado por un exvicepresidente de la Nación contra una condena a 5 años y diez meses de prisión en su contra, mientras que dieron tratamiento una ´per saltum´ -un recurso de salto de instancia- presentado por tres jueces trasladados que se oponían a volver a sus cargos de origen «después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri».

«¿Cobró para los cortesanos una trascendencia tal que se sintieron obligados a habilitar una vía extraordinaria y casi nunca utilizada, como la del salto de instancia planteado por tres jueces subrogantes cuya solución, además, estaba en manos de un tribunal contencioso administrativo que había decidido pronunciarse en esos días y, por el contrario, no avizoraron la existencia de idéntica o mayor trascendencia en el pronunciamiento de un fallo relativo a una condena de un exvicepresidente de la Nación, y reconocida referencia política de un amplio espectro de la misma?», se preguntó el abogado.

Además, recordó que, junto al planteo contra su condena, los abogados del exvicepresidente habían acercado a la Corte Suprema una serie de «hechos nuevos» cuando denunciaron que, según información periodística respaldada con documentación oficial, uno de los declarantes estrella del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, había sido beneficiado durante el Gobierno de Macri con una paga de 1 millón y medio de pesos para el desarrollo de un hotel boutique en Mendoza.

Judiciales ⚖️

El naufragio de los cuadernos: un video editado expone las grietas del armado judicial contra CFK

El Tribunal Oral Federal 7 aceptó un material audiovisual donde el «arrepentido» Oscar Centeno admite ante la justicia española que no conoce a los empresarios ni vio entregas de dinero; lo que debilita aún más una causa viciada por irregularidades y tachaduras.

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​★ En una jornada que dejó al desnudo la fragilidad del andamiaje probatorio construido en los tribunales de Comodoro Py; el Tribunal Oral Federal N°7 permitió la reproducción de un video editado que compromete seriamente la acusación central del juicio. El empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de Isolux; fue quien encabezó la sesión del pasado jueves al exhibir una declaración de Oscar Centeno ante la justicia de España que contradice los pilares del expediente local.

​Una audiencia bajo control de la defensa

​La dinámica en la sala Auditorium resultó inédita. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli autorizaron la proyección del material a pesar de la fuerte oposición de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial argumentó que el tribunal desconocía la cadena de custodia del video y que su reproducción forzaba la voluntad del exchofer; quien ya manifestó su decisión de no declarar en el debate argentino.

​A pesar de las advertencias sobre la falta de certeza sobre el origen del material; los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa. Este hecho se suma a la larga lista de anomalías de una causa que se sostiene sobre cuadernos que el propio Centeno dijo haber quemado; pero que luego aparecieron parcialmente en manos de un periodista; con claras evidencias de adulteraciones, sobreescrituras y tachaduras confirmadas por peritajes calificados.

​Las confesiones de Centeno en el exterior

​El contenido del video; correspondiente a una teleconferencia en un proceso vinculado a la firma Isolux Corsán en Madrid; dinamitó la narrativa de la fiscalía. Ante las preguntas de los funcionarios españoles; Centeno fue categórico al afirmar que no conocía a los directivos de la empresa ni sabía de la existencia de una matriz en España. «No conozco a nadie», sentenció el testigo clave cuando le consultaron por los interlocutores de la firma.

​El golpe de gracia a la acusación llegó cuando le preguntaron sobre las supuestas entregas de fondos entre 2011 y 2014. «Tampoco lo sé», respondió Centeno; para luego rematar asegurando que no le constaba que ningún responsable de la empresa hubiera entregado dinero a funcionarios públicos. Estas declaraciones contrastan con las anotaciones de los cuadernos; donde el propio Centeno vinculó a la compañía con licitaciones de la central termoeléctrica de Río Turbio. Al respecto; admitió en España que escribió esos datos basándose en comentarios de terceros y no en una percepción directa.

​El fantasma del Lawfare y las pruebas viciadas

​Este episodio refuerza la tesis de las defensas; especialmente la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la existencia de una persecución judicial coordinada por el denominado Partido Judicial. La causa Cuadernos acumuló desde su inicio cuestionamientos por la utilización de la Ley de Arrepentidos bajo presunta coacción y la falta de grabaciones de las declaraciones testimoniales durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio.

​La justicia española ya descartó en 2022 los cargos contra directivos de Isolux al considerar que las pruebas; basadas en los mismos cuadernos y el testimonio de Centeno; eran insuficientes. Ahora; el TOF 7 enfrenta el desafío de sostener un juicio con 87 imputados mientras su prueba estrella admite bajo juramento en el extranjero que el relato incriminatorio carece de sustento fáctico.

Puntos clave:

  • ​El TOF 7 aceptó un video de Centeno declarando en España donde niega conocer a empresarios de Isolux.
  • ​La declaración desmiente las anotaciones de los cuadernos sobre presuntas coimas de esa firma.
  • ​La fiscalía se opuso a la prueba por desconocerse su cadena de custodia y ser un material editado.
  • ​El antecedente de la justicia española ya desestimó estas pruebas por considerarlas débiles.
  • ​El juicio continúa en medio de denuncias por adulteración de documentos y falta de garantías procesales. ★
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