Denuncia
Las fallas judiciales que podrían dejar impune una grave denuncia contra Hernán Sabbatella
Una empleada municipal denunció haber sido drogada con opiáceos por el secretario legal de Morón y hombre de confianza de la administración de Lucas Ghi. Tras el archivo inicial de 2021, la reapertura del caso enfrenta obstáculos que podrían derivar en impunidad total.
Daiana González perdió la conciencia durante cuatro horas y media el 30 de agosto de 2021. Los análisis médicos confirmaron que había sido drogada con opiáceos tras un encuentro con Hernán Sabbatella, secretario legal y técnico del Municipio de Morón y hermano del dirigente político Martín Sabbatella. La causa, archivada inicialmente por «falta de pruebas», fue reabierta este año pero enfrenta serios obstáculos que alertan sobre un posible escenario de impunidad.
«Me invitó a merendar cerca de mi casa para saludarme por mi cumpleaños, pero terminamos en un bar de Vicente López tomando cerveza», reconstruyó González en diálogo con un medio local. La empleada de la Secretaría de Salud municipal recordó que Sabbatella la contactó por redes sociales un día después de su cumpleaños y la citó en Ramos Mejía con el pretexto de hacer trámites relacionados con su hijo.
Cuatro horas perdidas en la inconsciencia
El encuentro derivó en una salida al bar Tiempos Modernos en Vicente López. «Hasta ahí llega mi memoria, después perdí el conocimiento», aseguró la denunciante. Su próximo recuerdo fue en la guardia del hospital de Vicente López, donde la llevaron trabajadores de delivery que la encontraron tirada en la vereda, desorientada y pidiendo ayuda.
Los estudios médicos posteriores confirmaron la presencia de opiáceos en su organismo. «Las muestras de orina se mandaron al hospital Posadas y confirmaron que yo había sido drogada con opiáceos», explicó González. Sin embargo, las muestras de sangre del hospital de Morón fueron «descartadas supuestamente porque yo lo pedí», algo que la víctima niega categóricamente: «Yo no podía ni hablar, así que eso es imposible».
Una investigación plagada de irregularidades
El abogado de González, Javier Baños, denunció serias falencias en la investigación inicial. «La fiscal no llamó a declarar a la víctima para escuchar su versión», señaló a este medio. Además, destacó que «se aportaron como prueba audios del director del hospital de Morón donde menciona que descartaron muestras de sangre sin motivos, y aun así la Justicia no lo citó para que declare».
La Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas del Distrito Vicente López archivó la causa en noviembre de 2021 por considerar que «no había pruebas suficientes». Sin embargo, el letrado insistió en que «sí existían pruebas para profundizar la instrucción y tomar nuevas medidas».
Una segunda muestra de sangre tomada en el hospital de Moreno también se perdió por «errores administrativos», según consta en el expediente. «Siempre pasaba algo», relató González, quien finalmente «se dejó convencer por Hernán en retirar la denuncia contra él».
El riesgo de impunidad total
La causa fue reabierta este año tras el ascenso de Sabbatella, que se convertiría temporalmente en jefe de González. Sin embargo, el funcionario permanece en su cargo pese a que el partido Nuevo Encuentro resolvió su expulsión en abril tras una investigación interna.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el expediente aguarda resolución en el Departamento Judicial de San Isidro, pero enfrenta los mismos obstáculos probatorios que motivaron su archivo inicial. «Del propio dictamen del fiscal superior se desprende que el archivo podría variar en caso de manejarse nuevas probanzas», precisó Baños, aunque reconoció la dificultad de obtener nueva evidencia tras más de tres años.
El abogado atribuyó las falencias investigativas a la saturación del sistema de justicia bonaerense. «En la Provincia de Buenos Aires se denuncian más de un millón de delitos por año. Solo durante 2024, la Procuración General informó 19.927 investigaciones por delitos contra la integridad sexual», explicó, señalando que «es un caudal que puede desbordar cualquier actividad jurisdiccional».
Baños también cuestionó la falta de perspectiva de género en el caso: «Considero que el archivo es prematuro desde que no se habían agotado las diligencias de investigación ni las ordenadas por la fiscalía de drogas».
Presiones institucionales y revictimización
González denunció que tras acercarse a la secretaria municipal de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, Laura De Peri, en junio pasado, sufrió represalias laborales. «Desplazaron a mi psicóloga de cabecera y a la trabajadora social que me ayudaban en este proceso y no renovaron mi licencia como lo hacían regularmente», relató.
La joven está bajo licencia laboral respaldada por el Centro Vivir Sin Violencia del municipio, pero teme perder su trabajo. «Lo último que quiero es trabajar con él de superior», alertó.
La defensa del funcionario
Sabbatella atribuye el resurgimiento del caso a «una interna política local» y cuestiona: «¿Por qué no me expulsaron en 2021 cuando empezó la denuncia?». El funcionario asegura que «nunca trabajó conmigo ni le di un cargo en el Estado» y que «la relación jerárquica fue puntual y breve».
Sin embargo, su hermano Martín Sabbatella lo contradijo públicamente: «Hernán quiere mezclar las cosas para protegerse y enchastrar la situación para desacreditar la denuncia y desautorizar la palabra de la víctima».
Las secuelas de la impunidad
González describió las consecuencias que le dejaron los hechos: «Llegué a estar muy mal, con tratamientos terapéuticos y psiquiátricos. Perdí el foco de mis anhelos vocacionales, tuve que cambiar de trabajo. El vacío de no saber qué hicieron conmigo me hace ruido hasta el día de hoy».
La denunciante explicó por qué retomó el caso: «Pasaron los años, ahora soy otra persona, tengo más voz, más fuerza y estoy más acompañada. No puede quedar impune».
El caso evidencia las dificultades estructurales del sistema judicial para investigar delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Con pruebas perdidas, muestras descartadas y una investigación inicial deficiente, el riesgo de impunidad total se cierne sobre una causa que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de los servidores públicos ante denuncias de esta gravedad.
Puntos clave del caso:
- Daiana González denunció haber sido drogada con opiáceos por Hernán Sabbatella en agosto de 2021
- Los análisis médicos confirmaron la presencia de opiáceos en su organismo tras cuatro horas de inconsciencia
- La causa fue archivada en 2021 por «falta de pruebas» pese a evidencias médicas y testimoniales
- Múltiples muestras de sangre se perdieron por «errores administrativos» durante la investigación
- El caso fue reabierto este año pero enfrenta los mismos obstáculos probatorios iniciales
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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