Denuncia
Una denuncia por violencia de género agudiza la crisis en Morón
El caso de Hernán Sabbatella, acusado de violencia de género, desató una nueva crisis política en Morón. Su expulsión de Nuevo Encuentro (NE), partido liderado por su hermano, Martín Sabbatella, agudiza las tensiones internas y pone en jaque al intendente Lucas Ghi, quien lo mantiene en su gabinete pese a los reclamos y denuncias en su contra.
Por Luis Monge
Hernán Sabbatella fue expulsado del partido que conduce su hermano Martín Sabbatella, exintendente de Morón. El hecho que desencadenó el despido ocurrió en 2021 y la víctima decidió formalizar la denuncia ahora a raíz de la jerarquización de Hernán en el Gobierno de Lucas Ghi.
La situación es conocida y repudiada en el partido que fundó y conduce el exintendente Martín Sabbatella. Quienes preguntaron por qué hace cuatro años el mayor rompió con su hermano Hernán recibieron siempre la misma respuesta susurrada: “Martín puede discutir horas y horas con un compañero que tiene otras ideas o que no comparte la estrategia. Pero en cuestiones como el acoso, el abuso o la violencia de género es implacable. Te corta al medio y no hay vuelta atrás”.
Esta semana se hizo público un fallo de la Justicia Federal Electoral en el que se acepta “la resolución dictada por la Comisión de Ética del partido Nuevo Encuentro, de fecha 07 de marzo de 2025, mediante la cual se procede a la expulsión partidaria del Sr. Hernán Sabbatella”. De esa forma, el actual funcionario de Morón queda formalmente desplazado de su partido por estar involucrado en una situación de violencia de género, según pudo reconstruir El Argentino.

Aunque se desconoce el nombre de la víctima y las circunstancias que derivaron en la expulsión, este diario pudo acceder a testimonios de lo ocurrido. Según relataron en off fuentes del Municipio que conduce Lucas Ghi, los hechos se remontan a una madrugada de agosto de 2021, cuando una joven de Morón apareció abandonada en la vía pública en una calle de Vicente López, en la zona norte del conurbano. Cuando recuperó la conciencia, la víctima explicó que mantenía un vínculo personal con el entonces jefe de Gabinete del Gobierno de Morón, Hernán Sabbatella, con quien había estado en las horas previas al desvanecimiento y el abandono. Hoy se investigan las circunstancias y posibles causas de la intoxicación y pérdida de conciencia que registraba la mujer cuando fue encontrada y derivada al hospital local. Al hecho siguió una denuncia en sede judicial que no prosperó por decisión de la propia afectada, quien prefirió retirar la causa y solo relatar el hecho a autoridades del Gobierno de Morón.
De acuerdo con lo reconstruido, el caso llegó ese mismo día a oídos del exintendente Martín Sabbatella. En ese momento la decisión de la víctima fue no activar el protocolo que tiene Nuevo Encuentro para tratar casos de violencia de género. Respetando la confidencialidad del caso, el mandamás increpó a su hermano y le exigió sin éxito que renunciara a su responsabilidad al frente del equipo municipal.
Aunque Nuevo Encuentro ya cuestionaba el encierro de Ghi en su Privada, todavía las tensiones en el oficialismo no habían aparecido y la relación del intendente con su jefe político era buena. En ese marco el alcalde aceptó desplazar a Hernán Sabbatella de la Jefatura de Gabinete. La decisión de la víctima de no avanzar entonces con la denuncia judicial o la aplicación del protocolo municipal para casos de violencia de género dejó en suspenso cualquier instancia de sanción institucional sobre el acusado.

Desde entonces, Martín cortó todo diálogo con su hermano menor y lo relevó de todas las tareas partidarias, además de exigirle a Ghi que no le diera responsabilidades públicas ni de Gobierno. El intendente mantuvo a Sabbatella Jr. en un cargo de asesor, relegado a tareas menores que se hicieron cada vez más importantes a medida que crecía la distancia del alcalde con su mentor y referente político. Incluso Ghi le propuso al exintendente volver a darle rango de secretario municipal a Hernán; primero al frente de Políticas Ambientales y luego en Desarrollo Territorial. Los intentos de promover al acusado fueron infructuosos y solo agudizaron el enfrentamiento entre Lucas y Martín, ya que éste no aceptaba romper el compromiso asumido con la víctima y con las dirigentas partidarias que sabían de la situación de abuso.
Desde su salida forzada hasta las elecciones de 2023, Hernán Sabbatella fortaleció su cercanía y confianza con el intendente, al punto de transformarse en una especie de embajador en actos y reuniones protocolares, tomando la palabra en nombre del jefe comunal y ganando espacio en sus redes sociales. Esta decisión del intendente fue cuestionada por Nuevo Encuentro, especialmente por las mujeres del espacio, que desde hace más de 20 años construyen políticas públicas con perspectiva de género. Muchas criticaron el respaldo de Ghi a su funcionario y algunas lo llegaron a calificar de “encubridor”, lo que amplió el distanciamiento entre el partido y el intendente.
A principios de 2024, las diferencias de gestión y de política ya eran insalvables entre NE y Ghi, al punto que el reelecto decidió avanzar con cambios significativos en la estructura de Gobierno, entre ellos dos trascendentes: eliminó la Jefatura de Gabinete que ocupaba el sabbatellista Damián Aguilar desde la eyección de Hernán Sabbatella, y repuso a éste como secretario municipal, ahora de Legal y Técnica, un área con poca visibilidad pero mucho peso en las definiciones burocráticas. De paso, promovió como integrante del Gabinete a Estefanía Franco, la persona que más influye en las decisiones de Ghi desde 2019. Con esos movimientos, el intendente logró liberarse de cualquier obstáculo y condicionamiento, ya que todos los decretos requieren la firma de dos secretarios. Desde entonces y hasta hoy, las resoluciones más diversas del Gobierno llevan mayormente la rúbrica de la tríada Ghi / Sabbatella Jr. / Franco.
La gota que revictimizó
Tal vez confiado en que el paso del tiempo había cicatrizado la herida generada en agosto de 2021 en Vicente López, el intendente profundizó la grieta local y en octubre de 2024 amplió las atribuciones institucionales de Hernán: le sumó áreas estratégicas, como las direcciones de Recursos Humanos y Sueldos, y le encargó la tarea de gerenciar los acuerdos en el Concejo Deliberante. La promoción le dio mayor incidencia y visibilidad al menor de los Sabbatella, pero también reavivó el lamentable hecho de éste con su exempleada, quien además volvió a quedar bajo la órbita de Hernán, tras la ampliación de facultades y atribuciones que le otorgó Ghi.
Ante ese panorama, la víctima decidió recurrir finalmente a las instancias judicial, institucional y política para evitar que el acusado ganara impunidad. A principios de este año, de acuerdo con lo reconstruido por El Argentino, volvió a la misma fiscalía para reabrir la causa judicial e informó al partido Nuevo Encuentro y a la Secretaría de Mujeres, Género, Diversidades y DDHH de la Municipalidad de Morón para que se activaran los protocolos correspondientes. Inmediatamente, Martín Sabbatella puso en marcha los mecanismos que derivaron en la conformación de una comisión especial para investigar y dictaminar sobre lo denunciado. En menos de dos meses, se abrió el caso, se citó a partes y testigos, se habilitaron acusaciones y defensas y se emitió un dictamen condenatorio. Con ello, el Comité de Ética dispuso echar al afiliado Hernán Sabbatella y pedirle a Ghi que lo saque del Gobierno.
Habiendo dado todos los pasos legales fijados en el protocolo, la conducción de la fuerza del exintendente Martín Sabbatella tomó una decisión sin precedentes tanto por sus consecuencias políticas como por la filiación sanguínea del dirigente sancionado: la expulsión inmediata de Hernán, la cual fue comunicada a los órganos partidarios, al intendente y a la Justicia Electoral. Además del Comité de Ética, la propia presidenta de Nuevo Encuentro de la Provincia de Buenos Aires Mónica Macha y la Mesa Ejecutiva nacional reiteraron formalmente a Ghi el pedido de que desplace al condenado del Gobierno de Morón.
Informado del caso, el Juzgado Federal con Competencia Electoral, a cargo de la Dra. María Romilda Servini, tomó conocimiento de la expulsión partidaria. Lo que sigue dependerá del sumario que instruya la Justicia Penal y la decisión que tome Lucas Ghi. El alcalde puede correr al funcionario como quiere Nuevo Encuentro y la víctima, o respaldarlo y mantener en el Gobierno a una de sus espadas más importantes y cuestionadas.
Mientras tanto, la onda expansiva del conflicto trasciende las fronteras del sabbatellismo, porque muchos dirigentes y dirigentas de los espacios políticos que conforman UP (Unión por la Patria) están al tanto de la situación. “La diferencia -según una fuente cercana a Martín Sabbatella- está entre quienes repudian y actúan en consecuencia, y quienes encubren, haciendo de cuenta que nada pasó”.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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