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Denuncia

Escándalo en Capital Humano: imputan a Pettovello por maniobras millonarias en compra de alimentos

La causa, que investiga una transferencia de 14 mil millones de pesos a un programa de Naciones Unidas con una sospechosa comisión del 3%, cayó en manos del juez Ariel Lijo, mientras crece el escrutinio sobre la gestión libertaria en materia alimentaria.

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El Argentino Diario-Sandra Pettovello.

Nuevos problemas judiciales para el Ministerio de Pettovello

El fiscal federal Franco Picardi decidió imputar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en una transferencia millonaria destinada a la compra de alimentos. La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, apunta contra la funcionaria por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Según consta en la presentación judicial, el 8 de febrero pasado Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos a un programa de Naciones Unidas destinado a la compra de alimentos básicos como arroz, fideos y leche en polvo. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que esta operación incluiría el pago de una comisión del 3% por la intermediación del organismo internacional.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien actúa como subrogante del juzgado federal 12, mientras que el fiscal Picardi ya solicitó diversas medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Un contexto de creciente tensión por la política alimentaria

Esta nueva imputación contra Pettovello se suma a las polémicas que han rodeado su gestión desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Capital Humano ha estado en el centro de las críticas por la demora en la distribución de alimentos almacenados en galpones mientras aumentaba la demanda en comedores comunitarios.

Según informó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, la entrega de alimentos a comedores comunitarios cayó más del 90%. Esta situación generó protestas de organizaciones sociales y denuncias judiciales que obligaron al gobierno a reactivar parcialmente la distribución.

La nueva causa por presunta malversación se enmarca en este contexto de cuestionamientos a la política alimentaria del gobierno libertario, en un momento en que los índices de pobreza han alcanzado al 55,5% de la población, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

Dudas sobre el mecanismo de contratación internacional

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia radica en el mecanismo de contratación elegido. Según trascendidos, la transferencia millonaria habría sido destinada a un programa específico de Naciones Unidas, lo que permitiría eludir los controles habituales de contratación pública argentina.

«La modalidad de compra a través de organismos internacionales debe ser excepcional y justificada, no puede convertirse en un atajo para evitar los procedimientos de transparencia», explicó a Página/12 Agustín Carrara, especialista en contrataciones públicas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

La licitación, según indica la denuncia, contemplaba la adquisición de un millón de unidades de cada producto (arroz, fideos y leche en polvo), pero aparentemente no habría seguido su curso normal. El fiscal Picardi solicitó medidas para determinar el destino efectivo de los fondos y si existieron irregularidades en la operatoria.

Puntos clave del caso Pettovello:

  • La ministra fue imputada por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
  • La transferencia investigada asciende a 14 mil millones de pesos con una comisión del 3% para un organismo internacional.
  • El caso se suma a otras polémicas por la acumulación de alimentos sin distribuir en depósitos del ministerio.
  • La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo, recientemente propuesto por el gobierno para la Corte Suprema.
  • La política alimentaria del gobierno libertario enfrenta críticas en un contexto de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social.

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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