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Denuncia

Escándalo en Capital Humano: imputan a Pettovello por maniobras millonarias en compra de alimentos

La causa, que investiga una transferencia de 14 mil millones de pesos a un programa de Naciones Unidas con una sospechosa comisión del 3%, cayó en manos del juez Ariel Lijo, mientras crece el escrutinio sobre la gestión libertaria en materia alimentaria.

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El Argentino Diario-Sandra Pettovello.

Nuevos problemas judiciales para el Ministerio de Pettovello

El fiscal federal Franco Picardi decidió imputar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en una transferencia millonaria destinada a la compra de alimentos. La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, apunta contra la funcionaria por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Según consta en la presentación judicial, el 8 de febrero pasado Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos a un programa de Naciones Unidas destinado a la compra de alimentos básicos como arroz, fideos y leche en polvo. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que esta operación incluiría el pago de una comisión del 3% por la intermediación del organismo internacional.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien actúa como subrogante del juzgado federal 12, mientras que el fiscal Picardi ya solicitó diversas medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Un contexto de creciente tensión por la política alimentaria

Esta nueva imputación contra Pettovello se suma a las polémicas que han rodeado su gestión desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Capital Humano ha estado en el centro de las críticas por la demora en la distribución de alimentos almacenados en galpones mientras aumentaba la demanda en comedores comunitarios.

Según informó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, la entrega de alimentos a comedores comunitarios cayó más del 90%. Esta situación generó protestas de organizaciones sociales y denuncias judiciales que obligaron al gobierno a reactivar parcialmente la distribución.

La nueva causa por presunta malversación se enmarca en este contexto de cuestionamientos a la política alimentaria del gobierno libertario, en un momento en que los índices de pobreza han alcanzado al 55,5% de la población, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

Dudas sobre el mecanismo de contratación internacional

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia radica en el mecanismo de contratación elegido. Según trascendidos, la transferencia millonaria habría sido destinada a un programa específico de Naciones Unidas, lo que permitiría eludir los controles habituales de contratación pública argentina.

«La modalidad de compra a través de organismos internacionales debe ser excepcional y justificada, no puede convertirse en un atajo para evitar los procedimientos de transparencia», explicó a Página/12 Agustín Carrara, especialista en contrataciones públicas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

La licitación, según indica la denuncia, contemplaba la adquisición de un millón de unidades de cada producto (arroz, fideos y leche en polvo), pero aparentemente no habría seguido su curso normal. El fiscal Picardi solicitó medidas para determinar el destino efectivo de los fondos y si existieron irregularidades en la operatoria.

Puntos clave del caso Pettovello:

  • La ministra fue imputada por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
  • La transferencia investigada asciende a 14 mil millones de pesos con una comisión del 3% para un organismo internacional.
  • El caso se suma a otras polémicas por la acumulación de alimentos sin distribuir en depósitos del ministerio.
  • La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo, recientemente propuesto por el gobierno para la Corte Suprema.
  • La política alimentaria del gobierno libertario enfrenta críticas en un contexto de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social.

Denuncia

Viales presentaron denuncia penal contra Milei por el manejo de fondos jubilatorios

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el presidente Milei y funcionarios por la presunta apropiación de fondos de la seguridad social canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en lo que el gremio califica como un retorno al esquema de las AFJP.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social. La acción fue registrada bajo el número 204/2026 y fue llevada adelante por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con la representación del abogado Eduardo Barcesat.

Los cargos y la acusación

En la presentación, el sindicato solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con administración fraudulenta. La denuncia apunta a la «presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado», los que habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores.

El STVyARA advirtió que esta situación representa «un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP«, que en su momento provocaron «perjuicios económicos» a los trabajadores y solo «benefició a las entidades financieras».

El alcance de la denuncia

La acción penal también comprende a funcionarios del ámbito político y administrativo que «participaron en la elaboración» del proyecto de la Ley de Modernización Laboral, así como a los legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. El escrito señala, además, la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

El gremio también invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de «dignidad, progresividad y no regresión». Desde el STVyARA sostuvieron que «las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales», en contraposición con los estándares de la jurisprudencia nacional e internacional.

Puntos clave

  • El STVyARA denunció penalmente a Milei ante la PIA (Nº 204/2026) por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social.
  • La acusación incluye violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
  • Los fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en un esquema que el gremio equipara al de las AFJP.
  • La denuncia alcanza también a funcionarios y legisladores que participaron de la sanción de la Ley Nº 27.802.
  • El sindicato invocó el art. 14 bis de la Constitución y convenios de la OIT en defensa del régimen solidario de reparto.
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