CABA
Crimen de Lucas González: «No hubo enfrentamiento armado»
El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y volvían a sus hogares.
El exjefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en la investigación del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en 2021 en el barrio porteño de Barracas, calificó hoy como «aberrante» el hecho y aseguró que los tres efectivos acusados que dispararle «no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas», al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el homicidio y el posterior encubrimiento.
«Fue un hecho aberrante. Las circunstancias en que muere la víctima es un hecho aberrante y las conductas que llevaron a cabo la dotación del móvil policial deja mucho que desear», afirmó esta mañana el comisario inspector Gustavo Gauna, exjefe de la División Homicidios de la PFA, actualmente a cargo del Departamento Trata de Personas de la fuerza.
Gauna, quien se desempeñó 15 años en la División Homicidio, fue quien comandó las primeras diligencias en la pesquisa por el crimen del jugador de las inferiores del club de fútbol Barracas Central en el marco de la causa instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín Del Viso.
En su exposición ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan por el crimen los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la ciudad, el jefe policial consideró que éstos «no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas».
«En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida no tengo porqué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida», remarcó.
Gauna fue tajante al asegurar que ese 17 de noviembre «no hubo enfrentamiento armado» entre los jóvenes que iban a bordo del Volskwagen Surán y los efectivos que tripulaban un Nissan Tiida, tras lo cual detalló la secuencia del hecho que analizó a través de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.
«No se ve una secuencia de enfrentamiento. Incluso, la única cámara que avistaba la aproximación del vehículo policial que intercepta al vehículo Vokswagen está difusa. Está lejana y tapada por una rama», remarcó.
El exjefe de Homicidios recordó que tomó intervención en la causa cuando fue citado por el fiscal de instrucción Barbella, el 20 de noviembre de 2021, tres días posteriores al hecho y que lo primero que hizo fue ese mismo día concretar los arrestos de de los policías Issasi, López y Nieva, secuestrar sus teléfonos celulares personales y los que les había suministrado la fuerza porteña-
«El día 22 se pidieron otras diligencias, como el secuestro de documentación, libros y hojas de servicio, y todo lo relacionado al servicio policial del 17 de noviembre», recordó el testigo.
Previo al testimonio de Gauna ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró otro agente de la PFA, el principal Gustavo Maciel, quien estuvo a cargo de la coordinación de las cuatro brigadas de la División Homicidios.
El testigo indicó que de los análisis realizados no pudo establecerse que el auto utilizado por los acusados llevara balizas o sirena al momento de la persecución del auto en el que viajaba Lucas con sus amigos Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
«Acorde a los protocolos de la policía no se puede hacer una persecución sin balizas, debido a la peligrosidad que eso implica. Por eso se identifican con sirenas o balizas. En el video no vi balizas ni la sirena, denominada ´chichón´», afirmó Maciel.
La cuarta audiencia del juicio por el crimen del adolescente de 17 años continuaba con la declaración de más agentes de la PFA y dos vecinos de Barracas que fueron testigos de la detención de los amigos de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos por el personal policial instantes después de la persecución y asesinato del adolescente.
El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, que no estaban uniformados ni llevaban balizas.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
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CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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