Judiciales ⚖️
Juicio por crimen de Lucas González: se percibe la «desesperación» de los policías imputados
Así lo definió una subinspectora de la Policía Federal que participó en las primeras pericias en el lugar donde ocurrió el asesinato, en el barrio de Barracas.
Una subinspectora de la Policía Federal que participó en las primeras pericias en el lugar donde ocurrió el crimen de Lucas González, el adolescente asesinado por policías de la Ciudad en 2021 en el barrio de Barracas, aseguró este martes en el juicio oral por el hecho que percibió “desesperación” de los agentes porteños que consultaban sobre el procedimiento, mientras que el médico forense que practicó la autopsia al cuerpo de la víctima aseguró que el joven recibió dos disparos y que presentaba una lesión en una mano provocada «en vida» por un elemento «compatible» con la quemadura de un cigarrillo
Claudia Moreira, subinspectora de la PFA, que participó de los primeros peritajes en la esquina de Perdriel y Alvarado, de Barracas, el lugar donde ocurrió el homicidio de Lucas, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que tiene a su cargo el juicio que se le sigue a 14 efectivos, que “había aproximadamente alrededor de 150 personas de la Policía de la Ciudad”, que se encontraban “uniformados, de civil y con chalecos de la Brigada”.
“Constantemente querían subir al móvil donde estábamos (con su equipo de trabajo), pero se les pidió que no lo hagan. Nunca había visto tanto personal policial y de civil. Querían saber qué había dicho la doctora (funcionaria judicial), qué había decidido”, indicó la agente, quien brindó su testimonio mediante la plataforma virtual Zoom.
Moreira señaló que cumplía órdenes del subcomisario de la PFA Pablo Andrés Blanco, jefe segundo de la sección de Intervenciones Judiciales de dicha fuerza y encargado de la recolección de pruebas el día del hecho.
En la esquina de Perdriel y Alvarado, donde quedó detenido el Volkswagen Suran en el que se trasladaban Lucas junto a sus amigos Joaquín Zuñiga, Julián Salas y Niven Huanca, Moreira aseguró que “nunca” estuvo “en un procedimiento con tanta gente” y que notó «desesperación» por parte de los policías porteños, aunque aclaró que nunca le sugirieron qué debía hacer.
La subinspectora federal recordó que cuando tomó conocimiento del hecho se dirigió con su superior al lugar del hecho, donde tenían que contactarse con el subcomisario Roberto Inca, jefe policial de la Comuna 4 porteña.
Las tareas que realizó Moreira fueron el traslado en calidad de detenido de Huanca, el amigo de Lucas que se dio a la fuga tras el hecho y que se presentó en una comisaria de Barracas a las pocas horas, y entrevistarse con médicos y la familia de la víctima en el Hospital Penna de Parque Patricios, donde incautó prendas del joven y una esquila de bala, la cual resguardó por separado de las prendas.
Previo a la declaración de Moreira, dio su testimonio el médico forense Alejandro Rullan Corna, quien realizó la autopsia al cuerpo de Lucas.
«El cuerpo presentaba tres lesiones: dos producto de proyectiles de arma de fuego y una lesión compatible con una quemadura en una de sus manos», declaró Rullan Corna, forense de la morgue del Poder Judicial de la Nación.
Según explicó, la trayectoria que realizó el proyectil mortal en la sien fue de «adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo».
En cuanto a la lesión en la mano derecha de Lucas, Rullan Corna la describió como “compatible con un objeto circular de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, en la mano derecha, en el primer espacio entre el dedo pulgar y el índice».
Si bien aclaró que no pudo determinar con qué elemento fue causada la herida, indicó que es compatible con el diámetro de un cigarrillo y fue causada cuando Lucas aún estaba vivo.
También en la jornada declararon dos peritos de la PFA encargados del análisis de las muestras odoríficas tomadas a los imputados, además de las agentes Lorena Miño y Micaela Fariña, a quienes le dictaron en la instrucción falta de mérito pero sigue investigadas.
“Se tomaron muestras sobre una réplica de un arma de fuego que estaba en un vehículo y sobre los asientos de ese vehículo. Dieron positivo sobre las pericias a Cuevas (Héctor, principal), Fariña y Miño. El análisis da un 90 por ciento de efectividad”, relataron los testigos.
El crimen del jugador de las divisiones inferiores de Barracas Central ocurrió el 17 de noviembre de 2021 cuando regresaba junto a tres amigos a bordo de un Volkswagen Suran y fue interceptado por un automóvil Nissan Tiida, en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
A los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37) se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas. En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».
Análisis
Sin golpe de Estado ni tanques, así se destroza la democracia en el siglo XXI: decretos, lawfare y un Congreso socavado
Un análisis del New York Times advierte que la Corte Suprema de Estados Unidos le arrebata sistemáticamente poder al Congreso, el cuerpo directamente elegido por los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: en Argentina, el gobierno de Javier Milei lo lleva al extremo con una fábrica de decretos que intentan legislar por las espaldas del Parlamento. El DNU 70/23, la Ley Bases, el veto a las universidades y los fallos parciales de la Corte argentina configuran un mismo patrón global: el vaciamiento del poder legislativo.
El Congreso fue diseñado para ser el corazón de la democracia representativa: el lugar donde los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos, deciden las leyes que organizan la vida en común. Ese principio, fundacional en cualquier república, está siendo erosionado de manera simultánea en dos de las democracias más antiguas de Ámerica, con métodos distintos pero con el mismo resultado: el vaciamiento del poder legislativo en favor del ejecutivo y del poder judicial, dos poderes que nadie vota.
Un análisis publicado esta semana por el New York Times en su sección de investigación plantea que la Corte Suprema de EEUU, liderada por John Roberts, lleva años despojando sistemáticamente de poder al Congreso norteamericano: restringe la capacidad de las agencias reguladoras de implementar leyes, exige estándares imposibles para las políticas de derechos civiles, limita la delegación de poder a los organismos estatales.
El resultado, según el análisis, es una transferencia gradual y silenciosa de poder hacia un tribunal no electo que se mueve más rápido que el Congreso y tiene menos obligaciones en la estructura constitucional.
El espejo argentino: Milei y la fábrica de Decretos
En Argentina, el fenómeno adopta otra forma pero apunta al mismo destino. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y en sus primeros días de gobierno firmó el DNU 70/23, un mega decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que desreguló la economía, modificó el régimen laboral y alteró decenas de normas aprobadas por el Congreso, todo ello sin pasar por el Parlamento.
La Constitución argentina establece que los DNU son una herramienta de carácter excepcional, para situaciones de urgencia que impidan el tratamiento legislativo ordinario. Milei los usó como método de gobierno: según datos de Chequeado, en 2025 el libertario dictó 11 DNU, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron en el mismo período.
La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23. La reforma laboral quedó en suspenso. Pero el resto del decreto siguió vigente, porque la Corte Suprema argentina rechazó sucesivos planteos para obligar al Congreso a tratarlo y declararlo inconstitucional en su totalidad, bajo el argumento de que no había «caso o controversia» suficiente. La Corte falló contra cuatro de los cinco DNU que analizó en los últimos años, pero el DNU de Milei sigue en un limbo jurídico que, en la práctica, lo mantiene vigente.
El veto a las universidades: cuando el ejecutivo dice no al Congreso y a la Justicia
El patrón no se agota en el DNU 70/23. El Congreso argentino aprobó en 2024 una ley de financiamiento universitario que garantizaba recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y disponía actualizaciones salariales para su personal. Milei la vetó. El Congreso ratificó la ley. Milei la ignoró.
En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligó al gobierno a cumplir con esa Ley, en un fallo que los rectores universitarios celebraron como el final de un proceso largo y difícil. Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, lo sintetizó en una publicación en X: «Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.»
El escenario se repite en cada conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: el gobierno desconoce o veta las leyes que no le gustan, impulsa reformas estructurales mediante decretos que evitan el debate parlamentario, y espera que la Corte tarde años en resolver, como ocurrió con el DNU de Macri sobre el que el máximo tribunal recién se pronunció siete años después de firmado. La lentitud judicial se convierte así en un instrumento político: el decreto funciona mientras la Corte no lo invalida.
Un fenómeno global: del Congreso de papel a la democracia de papel
El paralelo entre el análisis del NYT sobre EEUU y la Era Milei no es casual ni superficial. Responde a una tendencia global que politólogos y constitucionalistas vienen documentando desde hace años bajo el nombre de «retroceso democrático» o «erosión democrática»: la democracia no muere de un golpe, sino que se vacía lentamente, cuando las instituciones formales siguen en pie pero pierden su contenido real. El Congreso existe pero no legisla; la Corte existe pero tarda o esquiva; el presidente gobierna por decreto y el Congreso aprobado por el voto popular queda reducido a un sello.
En EEUU, la Corte Suprema de mayoría conservadora, designada en buena medida por Trump durante su primer mandato, avanzó en años recientes sobre el derecho al aborto (revertiendo Roe v. Wade), sobre la regulación ambiental (limitando la capacidad de la EPA), sobre la autonomía de las agencias independientes (restringiendo el poder de la FTC) y sobre la inmunidad presidencial (otorgándosela a Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país). Cada uno de esos fallos recortó el poder del Congreso para regular, proteger y legislar, y lo transfirió a un tribunal no electo cuyos miembros tienen cargos vitalicios.
En Argentina, el proceso tiene su propia especificidad: aquí el vaciamiento lo lidera el Ejecutivo, que gobierna por Decreto y asfixia presupuestariamente todo aquello que el Congreso aprobó, desde las universidades hasta la Línea 144, desde los programas sociales hasta las transferencias a provincias. La Corte oscila entre frenar algunos excesos (universidades, reforma laboral) y dejar pasar otros (el DNU 70/23 en su conjunto). El resultado es una democracia que funciona en sus formas pero pierde sustancia en su contenido.
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