Denuncia
Ley de Glaciares: Greenpeace va a la Justicia contra el blindaje libertario a las audiencias públicas
La organización pidió una cautelar para garantizar participación oral a 100 mil inscriptos. El oficialismo estableció un mecanismo restrictivo que habilita solo 400 exposiciones orales y relega al resto a enviar videos o textos.
★ La organización ambientalista Greenpeace presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las audiencias públicas previstas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la reforma a la Ley de Glaciares.
La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que actualmente es subrogado por Enrique V. Lavié Pico.
El pedido judicial apunta contra la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que estableció un mecanismo restrictivo: solo podrán exponer en forma presencial 200 inscriptos el miércoles 25 (los primeros de cada provincia), otros 200 en forma virtual el jueves 26, y el resto deberá enviar su ponencia por escrito o mediante un video de 5 minutos.
500 días de audiencias o restricción a la participación
Según fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas, si se aceptara el pedido de Greenpeace se necesitarían 500 días para realizar las audiencias. Sin embargo, desde la oposición señalaron que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores.
La organización ambientalista rechazó el mecanismo dispuesto por el oficialismo y en su escrito pidió que se ordene «al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones» sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado el 26 de febrero con 40 votos afirmativos contra 31 rechazos.
«A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas», agregó la presentación.
Incompatibilidad con el Acuerdo de Escazú
Greenpeace también solicitó que «se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral, como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube, por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».
Además, la organización pidió la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Este tratado internacional, ratificado por Argentina en 2021, garantiza derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Contexto: una reforma para habilitar la megaminería
La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas.
La iniciativa elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciares y transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
El proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica para destrabar inversiones en megaminería e hidrocarburos. El oficialismo aceleró el trámite en Diputados con el objetivo de mostrar avances antes del «Argentina Week 2026», evento que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.
Puntos clave:
• Greenpeace pidió una medida cautelar ante la Justicia Federal para garantizar participación oral a 100 mil inscriptos
• El oficialismo estableció un mecanismo que habilita solo 400 exposiciones orales en las audiencias del 25 y 26 de marzo
• La organización solicitó veedores judiciales y readecuación del cronograma conforme al Acuerdo de Escazú
• Fuentes parlamentarias señalaron que atender a todos los inscriptos demandaría 500 días de audiencias
• La reforma a la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero con 40 votos afirmativos ★
Denuncia
La UOM desconoció el hostigamiento judicial y reeligió a Furlán con el 80% de los votos
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica obtuvo el 80% de los votos en el congreso celebrado este miércoles en San Telmo, con el respaldo de 48 de las 53 seccionales del país. El gremio desconoció el fallo de la Cámara del Trabajo que había suspendido los comicios por denuncias de fraude en la seccional Campana, clave para habilitar la candidatura de Furlán.
★ La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llevó adelante este miércoles su congreso electoral en un hotel del barrio porteño de San Telmo y reeligió a Abel Furlán como secretario general por otros cuatro años, con el respaldo de 215 de los 270 electores habilitados para votar en el Colegio Electoral, lo que representó el 80% de los sufragios.
El acto se realizó pese a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado horas antes una resolución que suspendía ese mismo congreso, a raíz de una cautelar solicitada por la lista opositora de la seccional Campana.
Fuentes de la cúpula del sindicato justificaron la decisión de seguir adelante con una afirmación que instala una pregunta institucional de fondo: «No nos notificaron de ningún fallo», declararon. La Cámara, sin embargo, había dictado la suspensión con anterioridad al inicio del congreso, según consta en el expediente judicial.
La seccional Campana: el nudo que lo explica todo
El conflicto en torno a los comicios de la seccional Campana no es un detalle menor. La elección en esa filial era determinante para la habilitación de la candidatura de Furlán a la reelección nacional: el triunfo en Campana era el requisito que le permitía postularse al frente del gremio a nivel nacional.
La lista opositora en esa seccional denunció ante la Justicia «un plan premeditado para concretar el fraude» en los comicios seccionales celebrados a principios de marzo, con acusaciones de adulteración de padrones y hostigamiento por parte de «barras bravas». Fue esa denuncia la que motivó la cautelar y, posteriormente, la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspendió el congreso nacional previsto para este miércoles.
Al ignorar esa suspensión y avanzar de todos modos con el acto eleccionario, la conducción del gremio asumió un riesgo institucional significativo: los resultados de este miércoles podrían ser impugnados judicialmente, y la legitimidad de la reelección de Furlán quedará en suspenso hasta que la Justicia se expida sobre el fondo del asunto electoral en Campana.
El resultado y la nueva conducción
De los 276 representantes habilitados para votar en el Colegio Electoral, participaron 270. Furlán obtuvo 215 votos, lo que la UOM definió en su comunicado como una «unidad granítica dentro del gremio y un fuerte aval a la estrategia sindical llevada adelante hasta el momento». Lo apoyaron 48 de las 53 seccionales del país; solo se manifestaron en contra las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata.
Como secretario adjunto fue electo Daniel Daporta, de la seccional Avellaneda, en reemplazo del histórico Naldo Brunelli, de la seccional San Nicolás, uno de los distritos que votó en contra de Furlán.
El allanamiento del viernes y el escenario de presión múltiple
La reelección de Furlán se produce en el peor momento institucional que atravesó el gremio metalúrgico en años recientes. El viernes 13 de marzo, apenas cinco días antes del congreso, la sede nacional de la UOM fue allanada por orden del juez federal Julián Ercolini y a pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculada a un contrato con la empresa USEM, que dirige María Soledad Calle, identificada en versiones periodísticas no confirmadas oficialmente como dirigente de La Cámpora y también empleada del gremio.
La superposición de un allanamiento federal, una suspensión judicial de los comicios y una elección que se realizó de todos modos configura un cuadro de alta tensión institucional alrededor del mayor gremio industrial del país.
Furlán es, además, una de las figuras centrales del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el espacio sindical que lideró la resistencia más activa contra la Ley de Modernización Laboral de Javier Milei en las últimas semanas, con marchas en Córdoba, Rosario y tres movilizaciones frente al Congreso durante el tratamiento legislativo de la reforma.
En ese contexto, la pregunta que esta redacción ya formuló al cubrir el allanamiento del viernes mantiene toda su vigencia: si la acumulación de presiones judiciales sobre Furlán responde exclusivamente a causas con sustento probatorio propio, o si el timing de esas intervenciones guarda alguna relación con el protagonismo del dirigente metalúrgico en la confrontación con el gobierno libertario. Esta redacción no puede afirmar ni descartar ninguna de las dos hipótesis con la información disponible, pero el registro de los hechos obliga a formularla.
Puntos clave
- Abel Furlán fue reelecto secretario general de la UOM con el 80% de los votos (215 de 270 electores), con respaldo de 48 de las 53 seccionales (fuente: comunicado de la UOM, 18/03/2026).
- El congreso se realizó pese a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado una resolución de suspensión previa al inicio del acto (fuente: información judicial).
- La suspensión judicial respondió a una cautelar de la lista opositora en Campana, que denunció fraude, adulteración de padrones y hostigamiento por barras bravas en los comicios seccionales.
- La seccional Campana era determinante para habilitar la candidatura de Furlán a la reelección nacional.
- Daniel Daporta (Avellaneda) fue electo secretario adjunto en reemplazo de Naldo Brunelli (San Nicolás). ★
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