★ El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, Eduardo Taiano, emitió este viernes un comunicado donde justificó las demoras en el avance de la causa $LIBRA, atribuyéndolas al «sumario administrativo» dictado por el procurador general Eduardo Casal.

Taiano, que subroga esa fiscalía, señaló que «luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)».

El fiscal explicó que «durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba ‘en curso’. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador».

El peritaje final demorado hasta febrero

Según el comunicado, el informe final con «conclusiones rigurosas» fue «elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026» pero recién fue incorporado «al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026«, cuando «quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026«.

La cronología revelada por Taiano confirma las demoras sistemáticas que caracterizan la causa. Los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli y Sergio Morales fueron secuestrados en marzo de 2024, su contenido fue extraído en mayo de ese año, pero el fiscal ordenó el análisis recién entre septiembre y octubre de 2025, tras las elecciones legislativas.

El informe preliminar de noviembre de 2025 ya contenía información relevante, pero permaneció «privado» durante meses. El informe final fue elevado en enero de 2026 pero recién se incorporó al sistema judicial en febrero, más de diez meses después de la extracción del contenido de los dispositivos.

La cancelación de la citación de Volosin

La Fiscalía indicó que «la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados».

Volosin había sido convocada como la primera testigo de la causa, después de haber difundido públicamente en 2025 documentos que revelaban la existencia de un presunto «acuerdo confidencial» entre Milei y Hayden Davis, creador de $LIBRA.

Sin embargo, Taiano señaló que esa medida «fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador general Casal había iniciado un sumario administrativo (Res PER 171/2026) y promovido una investigación penal por esa irregularidad». La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026).

La decisión de cancelar la citación de Volosin se produce en un contexto donde las filtraciones públicas de documentación de la causa generaron un impacto político masivo. Durante el fin de semana del 15 de marzo se difundió el «memo» recuperado del celular de Novelli que detalla un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo de Milei a $LIBRA.

El sumario de Casal: ¿protección de la investigación o entorpecimiento?

El comunicado de Taiano sostiene que las precisiones servirán para «llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso».

Sin embargo, la justificación del fiscal contrasta con la presión legislativa que recibió esta semana. La Comisión Investigadora del Caso $LIBRA de la Cámara de Diputados anunció el lunes que denunciará a Taiano por «entorpecer la causa» y pedirá la interpelación de Karina Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente de la Comisión, Maximiliano Ferraro, calificó el caso como «una estafa y un hecho de corrupción millonario» que representa «una clara malversación de la investidura presidencial» con Milei como «protagonista y partícipe necesario«.

En el Senado, los legisladores Martín Soria y Juliana Di Tullio presentaron cuestiones de privilegio contra el presidente, calificándolo de «estafador serial» por cobrar «más de 5 millones» de dólares en concepto de sobornos a cambio de la promoción de la criptomoneda.

Las demoras que el sumario no explica

El sumario administrativo de Casal por las filtraciones no explica las demoras acumuladas antes de marzo de 2026:

¿Por qué el análisis de los dispositivos secuestrados en marzo de 2024 fue ordenado recién seis meses después, en septiembre de 2025, tras las elecciones legislativas?

¿Por qué el informe final elevado en enero de 2026 demoró más de un mes en incorporarse al sistema judicial, quedando disponible recién en febrero?

¿Por qué la causa cumplirá en febrero de 2026 un año sin que ninguno de los principales implicados haya sido citado a prestar declaración indagatoria, pese a la acumulación de pruebas?

El querellante Martín Romeo fue contundente: «Con lo que surge del peritaje ya está todo dado para que se llame a indagatoria a todos los acusados, incluido Milei. ¿Qué más se necesita?».

Las pruebas disponibles desde hace meses

El peritaje de la DATIP cuyo informe final fue elevado en enero reveló:

Al menos cinco llamadas telefónicas entre Milei y Novelli en las horas previas al tuit que promocionó $LIBRA, y más de veinte comunicaciones tras el colapso del token.

Que Milei fue capacitador en criptomonedas en la academia de Novelli, con 41 archivos del presidente dando clases y promocionando la escuela de trading.

Borrado masivo de conversaciones entre los imputados, incluidos grupos de WhatsApp sobre el Tech Forum.

Conversaciones con Karina Milei (agendada como «KARINA MILEI RRPP»), Demian Reidel y Santiago Caputo.

Un NFT con la imagen de Milei creado por Novelli y un panel de control de $LIBRA en tiempo real.

Que el dispositivo de Sergio Morales «comenzó a utilizarse con este abonado recién el 20 de febrero de 2025» (seis días después del colapso), lo que indica que descartó su teléfono original.

El memo de los 5 millones

El «memo» recuperado del celular de Novelli que detalla el presunto acuerdo por 5 millones de dólares fue obtenido por peritos tras un intento de borrado. El documento describe tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado al tuit presidencial, y un último tramo por un contrato de asesoría en blockchain con Milei.

Esta prueba, junto con las llamadas telefónicas, los chats con figuras mediáticas como Yanina Latorre, las conversaciones con la ministra Sandra Pettovello, y la transferencia de un millón de dólares a un jubilado de Tigre, conforman un cuerpo de evidencia que la oposición considera más que suficiente para avanzar con indagatorias.

La estrategia de Casal

El sumario administrativo iniciado por el procurador Casal por las filtraciones de documentación de la causa tiene un doble efecto: por un lado, investiga una posible «irregularidad» en el manejo de información sensible; por otro, genera una justificación formal para las demoras del fiscal Taiano.

La denuncia penal radicada en el Juzgado Federal N°10 abre una nueva línea de investigación sobre quién filtró los documentos, desviando el foco de atención de la causa principal hacia un tema procedimental.

El fiscal Taiano imputó hasta ahora los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) planteó incorporar negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei.

La causa investiga un presunto «pump and dump», fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones falsas para venderlo a precio inflado antes del colapso. Las pérdidas globales se estiman en 250 millones de dólares según el New York Times.

Puntos clave

• Taiano justificó demoras en la causa $LIBRA por el sumario administrativo de Casal sobre filtraciones de documentación

• El fiscal reveló que el informe final de la DATIP fue elevado en enero pero incorporado al sistema judicial recién en febrero

• Canceló la citación de Natalia Volosin como testigo tras la investigación penal iniciada por Casal sobre «irregularidades»

• La cronología confirma demoras sistemáticas: dispositivos secuestrados en marzo 2024, análisis ordenado en septiembre 2025

• La causa cumplirá un año sin indagatorias pese a pruebas sobre 5 millones de dólares, llamadas telefónicas y borrado masivo ★