Denuncia
Ley de Glaciares: Greenpeace va a la Justicia contra el blindaje libertario a las audiencias públicas
La organización pidió una cautelar para garantizar participación oral a 100 mil inscriptos. El oficialismo estableció un mecanismo restrictivo que habilita solo 400 exposiciones orales y relega al resto a enviar videos o textos.
★ La organización ambientalista Greenpeace presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las audiencias públicas previstas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la reforma a la Ley de Glaciares.
La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que actualmente es subrogado por Enrique V. Lavié Pico.
El pedido judicial apunta contra la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que estableció un mecanismo restrictivo: solo podrán exponer en forma presencial 200 inscriptos el miércoles 25 (los primeros de cada provincia), otros 200 en forma virtual el jueves 26, y el resto deberá enviar su ponencia por escrito o mediante un video de 5 minutos.
500 días de audiencias o restricción a la participación
Según fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas, si se aceptara el pedido de Greenpeace se necesitarían 500 días para realizar las audiencias. Sin embargo, desde la oposición señalaron que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores.
La organización ambientalista rechazó el mecanismo dispuesto por el oficialismo y en su escrito pidió que se ordene «al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones» sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado el 26 de febrero con 40 votos afirmativos contra 31 rechazos.
«A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas», agregó la presentación.
Incompatibilidad con el Acuerdo de Escazú
Greenpeace también solicitó que «se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral, como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube, por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».
Además, la organización pidió la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Este tratado internacional, ratificado por Argentina en 2021, garantiza derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Contexto: una reforma para habilitar la megaminería
La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas.
La iniciativa elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciares y transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
El proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica para destrabar inversiones en megaminería e hidrocarburos. El oficialismo aceleró el trámite en Diputados con el objetivo de mostrar avances antes del «Argentina Week 2026», evento que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.
Puntos clave:
• Greenpeace pidió una medida cautelar ante la Justicia Federal para garantizar participación oral a 100 mil inscriptos
• El oficialismo estableció un mecanismo que habilita solo 400 exposiciones orales en las audiencias del 25 y 26 de marzo
• La organización solicitó veedores judiciales y readecuación del cronograma conforme al Acuerdo de Escazú
• Fuentes parlamentarias señalaron que atender a todos los inscriptos demandaría 500 días de audiencias
• La reforma a la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero con 40 votos afirmativos ★
Chubut
Crisis en Chubut: el cobre vale $17 mil el kilo y los robos de cables en yacimientos no paran
Se estima que en el mes de abril ya se sustrajeron casi 50 kilómetros de cable en la zona. Los robos no solo generan pérdidas millonarias, sino que interrumpen la producción de pozos petroleros y afectan el suministro eléctrico en la región.
Chubut: el precio del cobre dispara los robos de cables en yacimientos petroleros
★ La escalada del precio del cobre en el mercado ilegal, que en las últimas semanas alcanzó los $17.000 por kilogramo, recrudeció una ola de robos sobre la infraestructura eléctrica de los yacimientos petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge, con epicentro en la zona de Comodoro Rivadavia. El fenómeno, que las autoridades vinculan directamente con la crisis económica que atraviesa el país, dejó en alerta a las empresas del sector y a las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut.
Un detenido con 120 kilos de cobre robado a YPF
El miércoles 15 de abril, un operativo conjunto entre personal de Protección Patrimonial de YPF y efectivos de la Policía del Chubut terminó con la detención de un hombre identificado por sus iniciales como D.C.L. en la zona de Campamento Escalante. El procedimiento se inició alrededor de las 13:10 horas, tras una denuncia del superficiario de una estancia lindante sobre la presencia de personas ajenas en el predio.
Al arribar a la Subestación G-174, punto neurálgico del suministro eléctrico de pozos de petróleo de la zona, los agentes confirmaron el robo de la Línea 1 que alimenta varios yacimientos en actividad. El delincuente vandalizó el tendido eléctrico por completo, dejando apenas restos de las fases y sacando las unidades de servicio íntegramente, lo que generó el cese de la producción en los pozos afectados y pérdidas millonarias para la petrolera estatal.
Tras un rastrillaje a pie por una zona de arboleda con patrullas de Protección, efectivos policiales y unidades motorizadas, los agentes localizaron un Toyota Etios con 120 kilogramos de cobre fraccionado y embalado en su interior, además de herramientas profesionales de corte. El material tenía como destino presunto la ciudad de Comodoro Rivadavia para su comercialización en el mercado ilegal, según la hipótesis de los investigadores.
D.C.L. quedó detenido a disposición de la Fiscalía. Se confirmó que el sospechoso contaba con un pedido de captura vigente por otros delitos.
Un patrón que se repite: la cuenca como blanco sistemático
El episodio de Campamento Escalante no es un hecho aislado. En los últimas semanas se registraron múltiples operativos similares en distintos puntos de la cuenca. El 16 de abril, personal policial y de seguridad privada de la empresa Pecom también frustró un robo en el sector de Diadema Argentina, donde aprehendieron a un hombre dentro del predio de la compañía con recortes de cobre y herramientas de corte profesional. La causa quedó bajo investigación por el delito de robo, según informó el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.
Fuentes consultadas al tanto de la situación confirmaron el incremento sostenido del valor del cobre y el consecuente aumento de los robos para abastecer el mercado ilegal. «Este mes ya se llevaron casi 50 kilómetros de cable», advirtieron esas fuentes, una cifra que grafica la magnitud del problema.
La crisis económica como trasfondo
El fenómeno del robo de cobre no es nuevo en la región, pero la aceleración del último período tiene una explicación estructural que las autoridades no pueden soslayar. El deterioro del poder adquisitivo, el desempleo creciente y la contracción del mercado de trabajo formal empujan a una parte de la población hacia la economía ilegal. El cobre robado en los yacimientos recorre una cadena corta: se fracciona, se embala y se revende en puntos de reducción en la ciudad, donde el anonimato permite «lavar» el material sin mayores controles.
La infraestructura afectada no es solo de las empresas petroleras. Los cortes de tendido eléctrico provocados por los ladrones de cobre impactan también en el suministro de energía a vecinos de la zona y en la operatividad de pozos que sostienen la producción hidrocarburífera de la cuenca, con las consecuencias directas que eso tiene sobre los ingresos fiscales de la provincia.
En marzo de 2026, una situación similar en inmediaciones del Hospital Roque González de Comodoro Rivadavia terminó con la detención de dos hombres sorprendidos sobre una «palmera» de alta tensión, según consignó Radio 3 Cadena Patagónica.
Puntos clave
- El precio del cobre en el mercado ilegal trepó a $17.000 por kilogramo, impulsando una ola de robos en instalaciones petroleras de Chubut.
- Un operativo conjunto de la Policía del Chubut y Protección Patrimonial de YPF detuvo a D.C.L. en Campamento Escalante con 120 kg de cobre robado y herramientas profesionales de corte.
- El detenido tenía pedido de captura vigente por otros delitos previos.
- Se estima que en el mes de abril ya se sustrajeron casi 50 kilómetros de cable en la zona.
- Los robos no solo generan pérdidas millonarias, sino que interrumpen la producción de pozos petroleros y afectan el suministro eléctrico en la región.
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