★ La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretó este viernes 20 de marzo de 2026 una medida de fuerza «a la japonesa» frente a la sede central de la Superintendencia de Servicios de Salud, en respuesta a lo que el gremio describió como «una nueva amenaza de despidos» en el organismo. La modalidad de protesta, que consiste en atender los reclamos de los usuarios en la puerta de entrada del edificio en lugar de hacerlo desde las oficinas internas, fue votada en asamblea por los trabajadores del organismo, según informó ATE en un comunicado oficial.

La denuncia de Aguiar: expedientes frenados y negocios con prepagas

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente en sus acusaciones. «Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia», declaró el dirigente gremial.

Aguiar apuntó directamente contra el superintendente Claudio Stivelman y lo acusó de generar «una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas». El secretario general fue más lejos y sostuvo que «el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas«, al tiempo que denunció que desde la Superintendencia «se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes».

Las acusaciones de Aguiar son de suma gravedad y provienen de una fuente sindical. No existe, al momento de publicación de esta nota, una respuesta oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud ni del superintendente Stivelman ante estos señalamientos, ni se confirmó la apertura de ninguna investigación judicial al respecto.

El organismo que regula a las prepagas, en el centro de la disputa

La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo estatal encargado de fiscalizar y regular a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga en Argentina. Su rol es central para garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones que les corresponden por ley, mediante la resolución de reclamos y el control del cumplimiento de la normativa vigente.

La denuncia de ATE sobre el «cajoneo» de expedientes apunta directamente al corazón de esa función: si los reclamos de los usuarios no se tramitan, el organismo deja de actuar como contrapeso del poder de las prepagas y se convierte, en la práctica, en un escudo para sus intereses. El gremio eligió la modalidad «a la japonesa» precisamente para hacer visible esa contradicción: mostrar, en la puerta del organismo, cuántos ciudadanos necesitan respuestas que el Estado les niega.

Una semana negra para el mercado laboral

La medida de fuerza de ATE se produce en una semana en que los datos laborales oficiales confirmaron el peor panorama desde el inicio de la gestión Milei. El miércoles, el INDEC informó que la tasa de desocupación del cuarto trimestre de 2025 llegó al 7,5%, 1,8 puntos porcentuales por encima del dato de diciembre de 2023. Ese mismo día, un informe del IIEP de la UBA reveló que la tasa de informalidad laboral trepó al 43% en el mismo período, con un aumento de un punto porcentual interanual.

Esos números se inscriben en un contexto de 290 mil puestos formales perdidos en dos años, según el Instituto Argentina Grande (IAG), y de un desempleo real estimado en el 13,8% si se incorporan los trabajadores precarizados que buscan más empleo. La amenaza de nuevos despidos en la Superintendencia de Salud es, en ese marco, un episodio más de la misma lógica: reducción del Estado, vaciamiento de organismos de control y precarización de los trabajadores que los sostienen.

Puntos clave

• ATE realizó este viernes una medida de fuerza «a la japonesa» en la Superintendencia de Servicios de Salud ante una nueva amenaza de despidos, según comunicado gremial.
• El secretario general Rodolfo Aguiar acusó al superintendente Claudio Stivelman de frenar expedientes de usuarios y de desplegar «conductas delictivas» en beneficio de las prepagas; la Superintendencia no respondió públicamente a esas acusaciones.
• La protesta fue votada en asamblea por los trabajadores de la sede central del organismo.
• La medida se da en la misma semana en que el INDEC confirmó el 7,5% de desempleo oficial y la UBA reveló el 43% de informalidad laboral en el cuarto trimestre de 2025.
• Las acusaciones de Aguiar no tienen, al cierre de esta nota, respuesta oficial ni confirmación judicial. ★