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Derrumbe de Beara en CABA: temen pacto de impunidad

El boliche había sido clausurado por irregularidades. El gobierno porteño levantó esa clausura. Un par de meses después llegó el desastre y las muertes.

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Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana Lizarraga y madre de Leticia Provedo, las jóvenes fallecidas en el derrumbe del entrepiso en el boliche Beara en 2010 -durante la jefatura de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires-, coincidieron en destacar que durante el juicio los acusados hicieron hincapié en que durante estos 12 años sus vidas se arruinaron pero consideraron esas declaraciones como «indignantes» ya que «las que no están son Leti y Ariana» y temen que «pueda haber impunidad».

¿QUÉ PASÓ?

En septiembre de 2010, el entrepiso del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, donde se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó sobre la planta baja causando la muerte de las jóvenes que tenían 20 y 21 años, mientras que otras 50 personas resultaron heridas.

Doce años después de aquella noche los familiares de las víctimas esperan el veredicto que se dará a conocer el próximo 22 de junio, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EL JUICIO

«El juicio fue revivir esa noche y escuchar todas las declaraciones de los imputados que hacen mucho hincapié en que ellos tuvieron dificultades comerciales, laborales y en sus vidas privadas; pero la que perdió su vida fue Leti y de esa pérdida no se vuelve», dijo a Télam Tagliaferro madre de Leticia.

Para la mujer, los acusados que durante el juicio insistieron en remarcar que este hecho afectó sus vidas «piensan que estos 12 años les paso solo a ellos te empiezan a hablar de los hechos de su vida pero las que no están son las chicas», sostuvo.

Al respecto, contó que Leticia estaba cursando la carrera de sociología, hablaba inglés y trabajaba en un negocio familiar, «ella se preparó para vivir y lograr cosas», dijo.

LOS IMPUTADOS

Por las muertes de las jóvenes fueron imputadas 17 personas: Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess, dueños de Beara, el maestro mayor de obras Gustavo Amaru; 4 funcionarios del Gobierno porteño (Martín Diego Farrell, Pablo Damián Saikauskas, Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky). También el comisario de la Policía Federal, Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González.

Además, fueron investigados quien organizó el recital de esa noche, Maximiliano Fratino, el encargado de Beara Agustín De Grazia; Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de la sociedad comercial «El Viejo Sabio» que regentaba el boliche, y la exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski.

EL ALEGATO

En su alegato, el fiscal, Oscar Ciruzzi, había pedido penas de entre 3 y 4 años y 6 meses de prisión -y, en algunos casos, de inhabilitación- para 12 de los involucrados, mientras que requirió la absolución de otras cinco personas.

«Siento que puede volver a haber impunidad», dijo Tagliaferro, quien precisó estar de acuerdo con la penas solicitadas por la fiscalía aunque opinó que no cree que ninguna persona vaya preso.

«No quiero que salgan indemnes, porque sino hubieran construido ese entrepiso y tan mal, mi hija estaría viva; si lo hubieran inspeccionado como correspondía, mi hija estaría viva; si lo hubieran habilitado como correspondía, mi hija estaría viva y, por sobre todo, si Farrel -exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos- no hubiera firmado la habilitación mi hija estaría acá», afirmó.

LA CLAUSURA QUE LEVANTÓ MACRI

Unos meses antes el boliche Beara había sido clausurado por irregularidades y el gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como «salón de fiestas privadas» cuando en realidad funcionaba como discoteca, argumentó el fiscal Ciruzzi.

«Todos sabían que Beara estaba siendo utilizada para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que habían 700 personas que era mucho más de lo permitido (en el local), entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte», añadió.

«Estoy ansiosa y con temor, quiero que piensen que podían ser sus hijos, cuando se lamentan tanto por sus vidas me gustaría decirles que le cambió el lugar a cualquier con tal de tener a Leticia viva, ellos llegan a sus casa y pueden darle un beso a todos sus hijos, nosotros no», concluyó la mujer.

LAS MUERTES

Por su parte, Juan Lizarraga, padre de Ariana que al momento del derrumbe tenía 20 años y estudiaba derecho, dijo a esta agencia que todos se quejaron por el tiempo procesal que sus vidas se arruinaron.

«Decir que perdieron amigos, la oportunidad de llegar a juez, que le arruinó su carrera política, que no pudieron adoptar hijos, que tienen inhibidas las propiedades o la salida libre del país, es indignante porque nosotros perdimos a nuestra hija», enfatizó Luzarraga.

En tanto, dijo que espera que el tribunal sancione lo que sucedió aunque piensa que «son muy leves las penas solicitadas, creo que el homicidio culposo queda muy lejos».

Para Lizarraga, todos sabían que el entrepiso estaba mal construido y ahora «le quieren echar la culpa a un constructor que ya falleció».

El hombre definió el juicio como «una mala obra teatral», en tanto aseguró que «no se notó a nadie estar realmente arrepentido, se notó un esfuerzo hasta por llorar; fue una vergüenza porque en 12 años nadie fue capaz de dirigirnos nuestras condolencias y ahora verlos llorar cuando hablaban en el tribunal duele muchísimo».

«Alguna vez fabulé con pararme en la puerta de la cárcel y ver pasar a alguien de ellos, pero no creo que se cumpla mi sueño», concluyó.

CABA

Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA

Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.

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Jorge Macri admitió que la IA creará ganadores y perdedores; nadie explicó quién protegerá a los segundos.

La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.

El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».

La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo

Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.

En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.

La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.

La educación, entre el discurso y la contradicción

Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.

Un mapa federal con lecturas cruzadas

La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).

La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.

Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.

Qué significa ciudad inteligente y para quién

Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.

La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.

Puntos clave

  • Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
  • Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
  • El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
  • El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
  • El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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