Denuncia
Karina-Gate: ATE repudió el ataque a la libertad de expresión y la persecución a periodistas
La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que «las garantías constitucionales están en riesgo» tras la cautelar judicial que prohíbe difundir audios de Karina Milei y la persecución contra periodistas críticos.
⬛ La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un duro comunicado de repudio contra las acciones del Gobierno Nacional que considera un ataque directo a la libertad de expresión. La posición del gremio surge tras conocerse que el oficialismo consiguió una cautelar judicial que prohíbe la difusión de audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, firmó el comunicado donde el sindicato manifestó que «el intento» de allanar a periodistas «pone en riesgo» la institucionalidad del país. La declaración surge en el marco de una escalada de tensión entre el Gobierno libertario y varios comunicadores que han sido blanco de medidas judiciales.
Los periodistas en la mira
Los comunicadores señalados en esta controversia son Jorge Rial y Mauro Federico, ambos pertenecientes al streaming Carnaval, además de Pablo Giménez, responsable del portal Data Clave. Estos periodistas habrían sido objeto de intentos de allanamiento relacionados con la difusión de material comprometedor para el oficialismo.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que, como sociedad, tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», declaró Aguiar en el documento oficial del gremio.
Amparo constitucional y marco legal
ATE fundamentó su posición en el marco legal vigente, señalando que estas acciones gubernamentales atentan «contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna». El sindicato recordó que la Constitución Nacional respalda el derecho de todos los habitantes del país a «gozar del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa».
El comunicado también hizo referencia a los compromisos internacionales asumidos por Argentina. En este sentido, ATE recordó que el país suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión» y que el ejercicio de este derecho «no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
Contexto de tensión creciente
Esta declaración de ATE se enmarca en un clima de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y diversos sectores de la prensa. La administración libertaria ha mostrado una postura confrontativa hacia medios y periodistas críticos, lo que ha generado preocupación en organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La cautelar judicial que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei representa, según la visión del sindicato estatal, un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo independiente en Argentina. La medida judicial habría sido solicitada por el entorno presidencial para evitar la circulación de material que podría resultar comprometedor.
Puntos clave:
- ATE repudió públicamente las acciones del Gobierno Nacional contra la libertad de expresión
- El sindicato denunció intentos de allanamiento contra periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y Pablo Giménez
- Una cautelar judicial prohíbe difundir audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei
- ATE invocó los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
- El gremio advirtió que están «en riesgo» las garantías constitucionales y la institucionalidad del país
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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