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Legislativo

El veto a Michelli expone la grieta interna de LLA: Bullrich desafía abiertamente a los Milei

La decisión del Gobierno de vetar el pliego de la jueza Verónica Michelli desató una fractura abierta en La Libertad Avanza. Patricia Bullrich puso su renuncia a disposición y la sesión del Senado prevista para este jueves, que debía aprobar 73 pliegos judiciales, quedó en vilo.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich.
Bullrich ofreció renunciar al bloque LLA y el Senado frenó la aprobación de 73 pliegos.

Crisis en LLA: Bullrich ofreció renunciar y la interna libertaria en el Senado se pone al rojo vivo

★ La interna del oficialismo explotó este martes y encontró su epicentro en el Senado de la Nación. La decisión de la secretaria general Karina Milei de impulsar el retiro del pliego de la candidata a jueza federal Verónica Michelli abrió una grieta que ya tenía historia pero que ahora se hizo pública de manera definitiva: la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso su renuncia a la conducción del bloque a disposición del presidente Javier Milei, aunque la oferta habría sido rechazada.

El detonante: el pliego de Michelli

La tensión escaló cuando el Ejecutivo decidió retirar el pliego de Verónica Michelli, quien había sido postulada como vocal del Tribunal Federal de La Plata y contaba con el aval de los bloques dialoguistas del Senado. Bullrich se negó a acatar esa línea. «Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», declaró la titular del bloque.

La postura de Bullrich encontró respaldo inmediato en los bloques aliados. La senadora radical Carolina Losada afirmó públicamente que votará en contra del retiro del pliego y adelantó que el bloque de la Unión Cívica Radical, de diez miembros, sostendrá esa posición: «No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar», señaló la legisladora santafesina. La disidencia dejó en evidencia que el Gobierno no tiene margen para imponer su voluntad sin costo político.

A las críticas se sumaron el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones institucionalistas Integridad Republicana y Será Justicia, que cuestionaron la maniobra oficial y advirtieron sobre la interferencia del Ejecutivo en el proceso de designación de magistrados.

Los 73 pliegos, en suspenso

El impacto inmediato de la crisis fue la incertidumbre sobre la sesión del jueves. La Comisión de Acuerdos ya tenía en condiciones de tratamiento 73 pliegos judiciales, una agenda acordada previamente entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, junto con proyectos sobre pago a fondos buitre y propiedad privada. Sin embargo, la fractura interna amenazó con demorar o directamente bloquear esa votación.

Entre los pliegos en condiciones de ser aprobados figura el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti; el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi; el de Juan Pablo Moldes, hijo del fiscal Germán Moldes; y el de Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán. También figuran pliegos de secretarios de juzgados y fiscales.

En cambio, la Comisión no incluyó en el dictamen el pliego de Michelli, pese a que contaba con las firmas necesarias para ser tratado en el recinto, lo que agravó la tensión con los bloques aliados que habían suscripto su postulación.

Los pliegos frenados: AFA y Justicia Legítima en la mira

Permanecen en lista de espera los pliegos de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, objetados por el Gobierno por haber emitido fallos favorables al presidente de la AFA, Carlos «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, ambos con causas judiciales abiertas. También espera el pliego del juez Juan Mejuto, señalado por su cercanía a Justicia Legítima.

Adorni, el detonante más profundo

La ruptura no surgió de la nada. Las diferencias entre Milei y Bullrich venían acumulándose en los últimos meses y encontraron uno de sus puntos de mayor tensión cuando Bullrich exigió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada patrimonial, en el contexto de las denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito que tramitan en el juzgado del magistrado Ariel Lijo con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Esa demanda, formulada desde el interior del propio bloque oficialista, expone la profundidad de la fractura y evidencia que la crisis no es solo institucional sino también política y personal.

Una sesión, múltiples tensiones

La reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 11 del martes debía definir el temario definitivo de la sesión del jueves. El acuerdo previo contemplaba la aprobación de los pliegos judiciales, el proyecto de pago a dos fondos buitre y la iniciativa sobre propiedad privada. Pero la interna libertaria alteró ese escenario y sembró dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener los acuerdos alcanzados.

La crisis del martes es también la síntesis de un oficialismo que construyó poder sobre la base de la confrontación externa y que ahora enfrenta sus propias contradicciones internas, justo cuando necesita al Senado para avanzar en una agenda judicial que le resulta estratégica.

Puntos clave:

  • Bullrich ofreció su renuncia como titular del bloque LLA en el Senado; Milei la habría rechazado.
  • El detonante fue la decisión de Karina Milei de vetar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli.
  • La aprobación de 73 pliegos judiciales prevista para el jueves quedó en riesgo por la crisis interna.
  • El bloque radical, de diez senadores, respaldó la postura de Bullrich y rechazó el retiro del pliego.
  • Las diferencias previas entre Bullrich y Milei incluyen el reclamo por la declaración jurada de Adorni.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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