Legislativo
El veto a Michelli expone la grieta interna de LLA: Bullrich desafía abiertamente a los Milei
La decisión del Gobierno de vetar el pliego de la jueza Verónica Michelli desató una fractura abierta en La Libertad Avanza. Patricia Bullrich puso su renuncia a disposición y la sesión del Senado prevista para este jueves, que debía aprobar 73 pliegos judiciales, quedó en vilo.
Crisis en LLA: Bullrich ofreció renunciar y la interna libertaria en el Senado se pone al rojo vivo
★ La interna del oficialismo explotó este martes y encontró su epicentro en el Senado de la Nación. La decisión de la secretaria general Karina Milei de impulsar el retiro del pliego de la candidata a jueza federal Verónica Michelli abrió una grieta que ya tenía historia pero que ahora se hizo pública de manera definitiva: la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso su renuncia a la conducción del bloque a disposición del presidente Javier Milei, aunque la oferta habría sido rechazada.
El detonante: el pliego de Michelli
La tensión escaló cuando el Ejecutivo decidió retirar el pliego de Verónica Michelli, quien había sido postulada como vocal del Tribunal Federal de La Plata y contaba con el aval de los bloques dialoguistas del Senado. Bullrich se negó a acatar esa línea. «Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», declaró la titular del bloque.
La postura de Bullrich encontró respaldo inmediato en los bloques aliados. La senadora radical Carolina Losada afirmó públicamente que votará en contra del retiro del pliego y adelantó que el bloque de la Unión Cívica Radical, de diez miembros, sostendrá esa posición: «No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar», señaló la legisladora santafesina. La disidencia dejó en evidencia que el Gobierno no tiene margen para imponer su voluntad sin costo político.
A las críticas se sumaron el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones institucionalistas Integridad Republicana y Será Justicia, que cuestionaron la maniobra oficial y advirtieron sobre la interferencia del Ejecutivo en el proceso de designación de magistrados.
Los 73 pliegos, en suspenso
El impacto inmediato de la crisis fue la incertidumbre sobre la sesión del jueves. La Comisión de Acuerdos ya tenía en condiciones de tratamiento 73 pliegos judiciales, una agenda acordada previamente entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, junto con proyectos sobre pago a fondos buitre y propiedad privada. Sin embargo, la fractura interna amenazó con demorar o directamente bloquear esa votación.
Entre los pliegos en condiciones de ser aprobados figura el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti; el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi; el de Juan Pablo Moldes, hijo del fiscal Germán Moldes; y el de Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán. También figuran pliegos de secretarios de juzgados y fiscales.
En cambio, la Comisión no incluyó en el dictamen el pliego de Michelli, pese a que contaba con las firmas necesarias para ser tratado en el recinto, lo que agravó la tensión con los bloques aliados que habían suscripto su postulación.
Los pliegos frenados: AFA y Justicia Legítima en la mira
Permanecen en lista de espera los pliegos de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, objetados por el Gobierno por haber emitido fallos favorables al presidente de la AFA, Carlos «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, ambos con causas judiciales abiertas. También espera el pliego del juez Juan Mejuto, señalado por su cercanía a Justicia Legítima.
Adorni, el detonante más profundo
La ruptura no surgió de la nada. Las diferencias entre Milei y Bullrich venían acumulándose en los últimos meses y encontraron uno de sus puntos de mayor tensión cuando Bullrich exigió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada patrimonial, en el contexto de las denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito que tramitan en el juzgado del magistrado Ariel Lijo con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Esa demanda, formulada desde el interior del propio bloque oficialista, expone la profundidad de la fractura y evidencia que la crisis no es solo institucional sino también política y personal.
Una sesión, múltiples tensiones
La reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 11 del martes debía definir el temario definitivo de la sesión del jueves. El acuerdo previo contemplaba la aprobación de los pliegos judiciales, el proyecto de pago a dos fondos buitre y la iniciativa sobre propiedad privada. Pero la interna libertaria alteró ese escenario y sembró dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener los acuerdos alcanzados.
La crisis del martes es también la síntesis de un oficialismo que construyó poder sobre la base de la confrontación externa y que ahora enfrenta sus propias contradicciones internas, justo cuando necesita al Senado para avanzar en una agenda judicial que le resulta estratégica.
Puntos clave:
- Bullrich ofreció su renuncia como titular del bloque LLA en el Senado; Milei la habría rechazado.
- El detonante fue la decisión de Karina Milei de vetar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli.
- La aprobación de 73 pliegos judiciales prevista para el jueves quedó en riesgo por la crisis interna.
- El bloque radical, de diez senadores, respaldó la postura de Bullrich y rechazó el retiro del pliego.
- Las diferencias previas entre Bullrich y Milei incluyen el reclamo por la declaración jurada de Adorni.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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