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Denuncia

Exfuncionarios macristas pueden ver afectados sus patrimonios por endeudar al país durante el Gobierno de Cambiemos

Si la Justicia verifica que se cometieron irregularidades al tomar el crédito del FMI que sobreendeudó al país en 2018, podrían verse obligados a responder con sus patrimonios Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Guido Sandleris.

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Si la Justicia verifica que se cometieron irregularidades al tomar el crédito del FMI que sobreendeudó al país en 2018, podrían verse obligados a responder con sus patrimonios Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Guido Sandleris.

La directora del Banco Central, Betina Stein, dijo que ex funcionarios macristas como Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Guido Sandleris podrían verse obligados a responder con su patrimonio si la justicia verifica que cometieron irregularidades al tomar el crédito con el FMI que endeudó al país en 2018.

Al ser consultada sobre las responsabilidad de estos ex funcionarios luego de que el Gobierno decidiera ayer impulsar una querella criminal en contra de la administración macrista por las irregularidades encontradas en el último crédito contraído con el FMI, Stein equiparó la situación con la de una empresa.

«En una sociedad, frente al proveedor, la sociedad es responsable, e internamente se certifica un crédito que no se debería haber tomado. Y hay medidas para responsabilizar patrimonialmente a los funcionarios porque esto tiene que ver con la investigación. Ha habido incumplimientos del Convenio Constitutivo del FMI», dijo la funcionaria del BCRA, en declaraciones radiales.

Aunque no lo especificó, Stein se refirió a la violación del artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI que establece que » ningún país miembro debe utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destine a tal fin».

Como prueba de ello, Stein mencionó el «informe concluyente», elaborado por el Banco Central, en abril y mayo pasado, que analizó la Formación de Activos Externos durante el 2015 y el 2019.

«La formación de activos externos, que es la expresión técnica de lo que coloquialmente se conoce como ‘fuga de capitales’, se triplicó durante el gobierno de Mauricio Macri hasta superar los 86.000 millones de dólares», advirtió Stein. También mencionó los documentos firmados por estos ex funcionarios para obtener el préstamo con el FMI.

«En esos memorándum el Gobierno anterior se comprometió a absorber presiones externas con el tipo de cambio, limitando la venta de divisas, justamente para preservar las reservas internacionales. y nada de esto sucedió», dijo.

Según Stein, «en la primera fase, la formación de activos externos, resultó de alrededor 41.000 millones de dólares». Dicha fase «comenzó entre fines del 2015 y principios de 2016 con la eliminación del conocido cepo (cambiario) con el que se cuidaban las reservas».

Y luego, en la etapa de mayor aceleración, en mayo de 2018 hasta octubre de 2019, la formación de activos externos fue de «45.000 millones de dólares», precisó. Esto es casi el equivalente a la parte del crédito aprobado en junio de 2018 desembolsado por el FMI por un total de 44.000 millones de dólares, en prácticamente el mismo período.

El lunes el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa su decisión de impulsar una querella criminal para investigar delitos que a su juicio cometió el macrismo al endeudar al país con el FMI. Más tarde, el Banco Central envió a organismos de control toda la documentación para investigar el acuerdo.

Uno de los ex funcionarios apuntados por la denuncia del Gobierno, el ex presidente del BCRA Guido Sandleris -quien también formó parte del equipo económico- sostuvo en su cuenta en la red social Twitter que «el préstamo con el FMI casi no aumentó la deuda pública».

Y que «2 de cada 3 dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas (la deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a USD 241 mil millones)».

Por su parte, aunque no participó del armado del crédito con el FMI, el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza remarcó en defensa de la gestión macrista que «en 2020 la deuda aumentó más que en el promedio 2016-19: USD 21.000 millones, versus USD 17.800 millones promedio en cuatrienio anterior».

En tanto, la autoridad monetaria remitió todos los informes a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción, para que esos organismos analicen si hubo perjuicio contra el Estado a partir del convenio firmado durante la administración de Mauricio Macri con el FMI.

Advirtió que ni el Gobierno, ni el Fondo como órgano de contralor, tomaron medidas para evitar una fuga de divisas, que estimó en unos u$s45.100 millones entre mayo de 2018 y octubre de 2019, ya que no sólo fueron motorizadas por los ingresos del préstamo sino también con la salida de reservas.

El BCRA pidió «la realización de una auditoría específica» de la documentación para evaluar las «responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI» en 2018. A su vez reclamó «determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público».

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expresó que «se fugaron 45.000 millones de dólares, que van a tener que pagar todos los argentinos y argentinas». «Una deuda que nos dejó Macri, que es un cepo al desarrollo económico de nuestro país», añadió.

Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

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¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.

Puntos clave

  • Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
  • El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
  • El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
  • El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
  • En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.

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