Judiciales ⚖️
Alegatos en el juicio por el crimen de Fernando: la fiscalía acusó a los rugbiers de atacar “a traición”
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde “se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien”, para remarcar que el incidente en el interior de Le Brique fue “el móvil” que generó que lo mataran afuera.
El fiscal Gustavo García, uno de los que interviene en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, dijo esta mañana al iniciar su alegato que los ocho acusados atacaron «por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse» a la víctima y encuadró el delito en la figura de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones».
El representante del Ministerio Público Fiscal inició el alegato con la exposición de unas filminas, con las que repasó la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró «el móvil» que generó que lo mataran afuera.
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, «se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien».
«Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante», expuso el fiscal.
Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.
García dijo que tras la expulsión de «Le Brique», los acusados permanecieron «alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo».
El abogado defensor, Hugo Tomei, cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que «se asemeja más a una prueba que a un alegato» y consideró que es «un montaje» y «una prueba nueva» no adecuada para esta instancia.
La presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, dijo que el apoyo fílmico del alegato «es una metodología aprobada» y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.
García continuó con su alegato e hizo referencia a que «la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima» por una «situación de indefensión» y que «esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente».
«Consideramos de acuerdo a la prueba que se dieron las dos situaciones», sostuvo.
En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede «ser instantáneo», «no requiere mucha deliberación» y que en este caso los imputados «siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando».
«De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque», dijo.
Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.
El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.
El letrado dijo que en el video con el que acompañará la exposición se resalta «a los protagonistas» y que la idea es poner «en bandeja» al tribunal las imágenes y «una pequeña recreación» en la que además de la postura acusatoria «va a surgir en muchos casos la mendacidad de los acusados».
Luego, adelantó que «es factible» que pida en su alegato que se investigue a testigos por falso testimonio: «Hay cuatro candidatos, decidimos esperar el momento justo para eso, me parece el momento oportuno hoy», dijo.
Luego de los alegatos de las partes acusadoras, mañana será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
En tanto, se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.
Durante la etapa de pruebas solicitaron declarar Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Thomsen y Blas Cinalli; mientras que Benicelli, Viollaz y Comelli aptaron por no hacerlo.
Como familiares de la víctima, también estarán en condiciones de decir unas últimas palabras los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque en su caso deberán solicitarlo sus representantes en calidad de particular damnificado, Burlando y Fabián Améndola.
Una vez que finalicen los alegatos y las últimas palabras de los acusados, los jueces del TOC 1 darán a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero.
El debate oral se extendió a través de 13 jornadas de presentación de pruebas y el testimonio de 87 personas, entre ellos familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.
DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
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