Buenos Aires
Kicillof presentó una denuncia penal contra D’Alessandro y el vocero de Rosatti
Un comunicado difundido por el Gobierno bonaerense señala que el mandatario argumentó en su presentación que la Provincia de Buenos Aires “es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada” por una decisión injusta e ilegal.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Según un comunicado difundido por el Gobierno bonaerense, el mandatario señaló en su presentación que la Provincia de Buenos Aires «es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema».
En ese sentido, Kicillof remarca en su presentación que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
De esta forma, el gobernador se refiere ala filtración de chats atribuidos a D’Alessandro y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.
En esos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
«Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno», sostuvo el texto al referirse a Horacio Rodriguez Larreta.
La presentación judicial, a la que tuvo acceso Télam, consta de 14 páginas en las que el gobierno denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D’Alessandro, y aporta además como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
Desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que «las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma», y agregaron que «hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional».
«Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires», se puntualizó desde el gobierno bonaerense.
PRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR BONAERENSE
Buenos Aires
Desalojo en Chapadmalal: orden judicial y tensión por la posible privatización
La medida fija un plazo de diez días para abandonar el predio y alcanza a unas 50 personas. El complejo, con nueve hoteles históricos, quedó en el centro de una disputa por su concesión a largo plazo y su futuro como espacio de turismo social.
Lo que tenés que saber
- La Justicia ordenó el desalojo del complejo turístico ubicado al sur de Mar del Plata
- Trabajadores que residen en el predio fueron intimados a retirarse en un plazo determinado
- El gremio estatal presentó un recurso para intentar frenar la medida
- El Gobierno impulsa una concesión del lugar para inversión privada
- El histórico espacio fue creado para facilitar vacaciones a familias trabajadoras
Orden judicial y plazo para abandonar el predio
La Justicia bonaerense dispuso el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, ubicado a unos kilómetros de Mar del Plata. La decisión alcanza a trabajadores de mantenimiento que viven en el lugar y que ya recibieron la intimación formal para retirarse.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado estableció un plazo de diez días para que abandonen el predio. En caso de incumplimiento, el procedimiento podría avanzar con intervención de la fuerza pública.
Reacción gremial y presentación judicial
Frente a la medida, el gremio de trabajadores estatales impulsó un recurso de amparo con el objetivo de frenar el desalojo. En paralelo, legisladores plantearon la posibilidad de que el complejo quede bajo administración provincial.
El conflicto se desarrolla en medio de una discusión más amplia sobre el destino del predio y su uso futuro.
Plan de concesión y participación privada
Según información oficial, el Gobierno evalúa otorgar la concesión del complejo por un período prolongado para atraer inversiones. La iniciativa apunta a la restauración de la infraestructura y a reducir costos operativos.
El anuncio de esta estrategia fue realizado semanas atrás por el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Un complejo histórico del turismo social
La Unidad Turística de Chapadmalal fue inaugurada en la década del ’50 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El espacio fue concebido como una política de turismo social destinada a facilitar el acceso a vacaciones para sectores trabajadores.
El predio cuenta con nueve hoteles de tres pisos y se ubica sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. Su construcción se realizó con aportes de la Fundación Eva Perón.
Situación actual y escenario abierto
El proceso judicial y administrativo continúa en desarrollo. Mientras avanza el plazo de desalojo, se mantienen las gestiones gremiales y políticas en torno al futuro del complejo.
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