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Judiciales ⚖️

Aportantes truchos: la Justicia rechazó los estados contables de Cambiemos

Avanza la causa que investiga cómo se financió la fuerza política macrista en las elecciones 2017 de provincia de Buenos Aires

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El-Argentino-Vidal-Macri

Es por la campaña para las elecciones presidenciales de 2015 y legislativas de 2017. La Justicia rechazó los documentos presentados y pidió avanzar en la investigación penal que busca identificar cómo se financió la fuerza política de Macri.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la investigación de la causa conocida como «aportantes truchos», rechazó los estados contables presentados por Cambiemos, en referencia a las elecciones 2017 en la provincia de Buenos Aires. El magistrado de la causa además pidió que se certifiquen los testimonios recogidos a fin de iniciar una investigación penal por posible lavado de dinero.

El caso investiga las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. En la lista de aportantes al Pro para la campaña electoral 2017 aparecen cien grandes empresarios y compañías que aportaron entre $500 mil y $3 millones, que en total sumaban 130 millones.

También aparecen otros 1.400 donantes integrados por funcionarios, empleados públicos, personas en relación de dependencia, monotributistas y hasta algunos jubilados, que suman $20 millones.

En el fallo, el magistrado ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito». Además, el juez sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces Gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires. El caso se conoció en 2018 cuando se descubrió que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.

Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

Juez Alejo Ramos Padilla

En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, «los DNI no se correspondían».

«Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales», añadió.

También se detectó que 40 aportantes «podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos».

Paralelamente, se detectaron 209 personas «que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses» y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que «muchas de las personas declaradas en el informe» de Cambiemos «rechazan haber realizado el aporte informado». Sumado a ello, se objetó que la coalición no haya informado gastos en honorarios de asesores, «como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas (…) cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña». Los peritos de la CNE cuestionaron luego el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.

En el fallo, Ramos Padilla recordó que se pidió a la alianza política Cambiemos que subsane todas esas observaciones, tras lo cual esa fuerza presentó nuevos informes de campaña.

De acuerdo al juez, aparecieron entonces nuevas denuncias de personas que negaban haber sido aportantes de la campaña de este espacio, por lo que se dispuso una nueva pericia de la CNE, y en base a esos datos se emitió un nuevo dictamen «teniendo en cuenta la versión rectificada de los informes de finales» de las actividades proselitistas.

Según los peritajes, el macrismo reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes «sin brindar justificación alguna» y rectificó rendiciones de cuentas, pero «existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación» y comprobó que de 37 personas citadas, «sólo 15 confirmaron el aporte» y el resto lo desconoció.

Los auditores contadores concluyeron en su segundo trabajo que «la información presentada por la agrupación no resulta confiable, por lo cual no se encontraba debidamente acreditado el origen de los fondos declarados».

El resto de las observaciones -gastos operativos de campaña, pago a asesores y publicidad- no fueron subsanadas, por lo que los peritos concluyeron que «subsistían observaciones significativas en los informes finales de campaña, principalmente en lo relativo a los ingresos privados de personas físicas, en los que no se acreditó debidamente el origen de los fondos».

Ramos Padilla tuvo en cuenta que el representante del Ministerio Público Fiscal también recomendó no aprobar el informe de gastos de JxC y que en la causa se recabaron testimonios y denuncias de 98 personas, 79 de las cuales negaron haber sido contribuyentes.

Así, el juez rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos «no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral» y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.

Judiciales ⚖️

Tras votar en disidencia, Lorenzetti criticó decisión clave de la Corte y a sus miembros

Luego de la creación de la nueva Secretaría Penal Especial, el miembro de la Corte dudó de la motivación detrás de esta y otras decisiones recientes y sostuvo que afecta la transparencia de uno de los pilares del Poder Judicial.

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Ricardo Lorenzetti se opuso y criticó en duros términos a sus tres colegas por la creación de una nueva secretaría penal en la Corte Suprema. “La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, advirtió el ministro de la Corte sobre la creación de la nueva repartición.

Críticas a la Gestión de la Corte

Lorenzetti afirmó: “Esta práctica es censurable en todo sentido, porque es un patrón de comportamiento que se ha producido en los últimos dos años, y se ha acelerado en el presente, contrario a lo que fue siempre la excelencia de la Corte Suprema”. En su extenso voto, Lorenzetti criticó las razones esgrimidas para la nueva secretaría y repasó las últimas decisiones internas del máximo tribunal avaladas por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

“La invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”, embistió Lorenzetti, y apuntó: “La excelencia es desplazada por la ambición. (…) Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”.

Denuncia de Nombramientos sin Concurso

Lorenzetti denunció que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”. En ese contexto, reclamó que “siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”. Sostuvo que se trata de “decisiones apresuradas, cuyo único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”.

Críticas a la Lentitud del Tribunal

El ex presidente de la Corte también cuestionó la lentitud del tribunal en el tratamiento y resolución de causas. “Las demoras en los fallos y su acumulación se deben a la falta de gestión en los acuerdos de ministros”, advirtió, y precisó que hay “casi trescientas causas trascendentes y casi sesenta mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito”.

La Corte Suprema Creó una Secretaría Penal y Abrió Grieta

La Corte Suprema de Justicia decidió crear por mayoría una nueva Secretaría Penal Especial con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz con el objetivo de “mejorar la eficiencia en la tramitación de causas penales” y tuvo la disidencia de Ricardo Lorenzetti.

El argumento para crear una nueva dependencia apunta a descongestionar la Secretaría Judicial n° 3, que ha visto un incremento considerable en la cantidad de expedientes penales en los últimos años. Según la resolución, «es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables».

Funciones y Personal de la Nueva Secretaría

La nueva Secretaría Penal Especial se encargará de tramitar las causas de competencia penal que hasta ahora manejaba la Secretaría Judicial n° 3. Estas incluyen juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus. Además, gestionará las contiendas de competencia en causas penales que tramitaban en la Secretaría de Relaciones de Consumo. El personal de esta nueva secretaría estará compuesto por empleados de la Secretaría Judicial n° 3 y posibles refuerzos futuros según las necesidades.

Argumentos y Resolución

Los argumentos, según la acordada a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, establecen:

  1. Que desde hace varios años se incrementó de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan a la Secretaría Judicial n° 3 de esta Corte.
  2. Que es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables.
  3. Que a fin de cumplir ese importante objetivo resulta necesario crear en el ámbito de esta Corte una nueva secretaría judicial en materia penal para que intervenga en causas correspondientes a ciertos asuntos de dicha especialidad.
  4. Que en atención a la naturaleza de la decisión, corresponde aplicar la excepción prevista en el punto 6 de la Acordada 15/2023.

I. Disponer la creación de la Secretaría Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. Asignar a dicha secretaría la tramitación de todas las causas de competencia penal que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría Judicial n° 3 cuyo contenido se refiera a juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus.
III. Asignar a esa misma secretaría la tramitación de las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría de Relaciones de Consumo.
IV. Disponer que las restantes causas de competencia penal continuarán tramitando ante la Secretaría Judicial n° 3.
V. Disponer que la dotación de personal de la Secretaría Penal Especial estará conformada, además de su titular, por parte de los empleados y funcionarios que actualmente se desempeñan en la Secretaría Judicial n° 3, más los eventuales refuerzos que disponga el Tribunal en lo sucesivo de acuerdo a las necesidades de cada una de las dependencias.
VI. Disponer que el presente trámite estará regido por el punto 6 de la Acordada 15/2023.

Lorenzetti y los Cuestionamientos a la Secretaría Penal

Uno de los puntos que cruzó a Lorenzetti y los jueces que votaron la creación de la Secretaría Penal fue el trámite de causas. “Entre el 19 de abril de 2018 —designación de Fernando Arnedo como secretario— y hoy, se dictaron 14.206 sentencias en expedientes tramitados por la Secretaría n° 3. De ese total, 11.668 fueron decisiones sobre competencia y honorarios. En cuanto al contenido de las resoluciones, 5511 fueron rechazos por aplicación del art. 280 del Código Procesal, 1414 incumplimientos de la Acordada n° 4 y 898 por falta de sentencia definitiva”, apuntaron. En la actualidad la Secretaría n° 3 tiene 7 mil causas pendientes de decisión.

Disidencia de Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti expresó su disidencia respecto a esta decisión, argumentando que las recientes medidas tomadas por la Corte no responden a necesidades reales sino a intereses internos de poder. Lorenzetti sostuvo que «la invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema».

Lorenzetti criticó la creación de nuevas oficinas y designaciones sin concurso, señalando que estas prácticas contrarían las expectativas de austeridad que la sociedad argentina demanda. «En todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige», afirmó.

En los tribunales atendieron los cuestionamientos de Lorenzetti y recordaron que “durante la presidencia del juez Lorenzetti se efectuaron diversas reorganizaciones de las secretarías de la Corte. En el ámbito judicial, se crearon las Secretaría de Juicios Ambientales (Acordada nº 8/15) y de Relaciones de Consumo (Acordada nº 36/15), a las cuales se les asignaron la tramitación de las causas sobre tales temáticas que antes tramitaban en otras Secretarías”.

Además, argumentó que la acumulación de casos en la Corte se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, y no se solucionará con la designación de nuevos funcionarios. «La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis», explicó Lorenzetti.

El ministro también destacó la eficiencia histórica de la Secretaría Penal, que desde abril de 2018 resolvió 17.076 causas. «Hace treinta años que la Secretaría Penal tiene el mismo diseño, y siempre tuvo una gran cantidad de causas, y no hay ninguna justificación para crear una nueva, excepto la de designar un nuevo secretario, con un altísimo costo y sin concurso alguno», puntualizó.

Lorenzetti concluyó su disidencia al enfatizar en la necesidad de transparencia y mérito en las decisiones de la Corte, abogando por una administración austera y concursos transparentes para evitar el nepotismo.

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