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Salta

Semana Mundial del Parto Respetado: pese a las leyes, persiste la violencia

En nuestro país, sólo el 41,4% de mujeres, tuvieron acompañamiento en el parto en el ámbito público.

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Por Eurídice Ferrara

Maltrato verbal, falta de contacto de los recién nacidos con sus madres, escaso acompañamiento a las mujeres en sus estudios y parto, insuficiente provisión de información sobre los derechos que las asisten. Estas son algunas de las violencias obstétricas que persisten, según advierten los especialistas, para quienes todas ellas provocan que el acceso a un parto respetado «se convierta en un negocio y aún así no garantiza ese objetivo».

«Creemos que las violencias obstétricas recrudecieron muchísimo respecto del informe que realizamos en 2015 por (causa de) la pandemia, sobre todo (por el hecho de) no permitir el acompañamiento en las cesáreas y partos, los controles obstétricos aún son sin acompañantes», afirmó la psicóloga perinatal, Brenda Charnis, quien forma parte de la agrupación del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA).

Charnis señaló que desde el OVOA consideran «ridículo hablar de una ‘semana del parto respetado'», que en la Argentina y el mundo se llevará adelante desde el próximo lunes y hasta el domingo 22. Para la psicóloga perinatal, «no están dadas las condiciones para hacerlo. Hay que pagar aranceles carísimos o ir a cuatro o cinco hospitales, que atienden bajo las premisas establecidas por ley, y aún así no hay garantías de que estén dadas las condiciones» para llevarlo a cabo.

Dicha norma es la la Ley de Protección del Embarazo y del Recién Nacido Nº 25.929, más conocida como «la ley del parto respetado», por la cual fueron establecidos los derechos básicos que garantizan el respeto y autonomía de las mujeres y en su relación con sus bebés recién nacidos, en la etapa del embarazo, parto, trabajo de parto y postparto.

El informe al que refirió Charnis, el cual busca trazar el panorama de la atención perinatal en Argentina, data de 2015 y fue confeccionado, de modo físico y virtual y con la participación de referentes en todo el país, sobre una base de 4939 nacimientos reportados, de los cuales el 50,4% sucedieron en un establecimiento privado, el 27,9% en un hospital público, el 17% en institución gestionada por una obra social y el 3% en el domicilio de la persona gestante. La edad media resultó de 27,8 años y 7,5 de cada 10 personas gestantes eran primerizas.

La evidencia de los datos recolectados indicó que «un alto porcentaje de las mujeres atraviesan el nacimiento de sus hijos e hijas en un ambiente hostil». Un ítem del informe menciona que son usuales comentarios tales como ´le estás haciendo mal a tu bebé´. Y poco más de un tercio de las mujeres manifestaron que les hicieron sentir que ella o su bebé corrían peligro.

Otro resultado indicó que 5,4 de cada 10 mujeres no se sintieron contenidas ni pudieron expresar sus miedos; 2,5 fueron criticadas por expresar sus emociones durante el trabajo de parto; y 2,7 recibieron comentarios irónicos o descalificadores.

El estudio consignó además que 5,3 de cada 10 mujeres fueron tratadas con sobrenombres o diminutivos («gorda», «mamita» y «nena», entre ellos), a 3 de cada 10 no se les garantizó su derecho de estar acompañadas durante el trabajo de parto; 4 de cada 10 no estuvieron acompañadas durante el parto o cesárea y 2 de cada 10 no estuvieron acompañadas durante el posparto.

El documento enfatiza que desde la primera imposición, acostarse (litotomía) y quedarse quieta con conexión con una vía fija al suero, «la mujer gestante deja de ser autónoma para convertirse en un objeto de observación e intervención».

De ese proceso -advierte el informe-, «devienen riesgos absolutamente innecesarios con su catarata de intervenciones para «subsanarlos»; el/la bebé no desciende, se ralentiza el proceso de parto, el periné sufre mayor compresión y esfuerzo en su zona posterior».

En 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una reunión en la ciudad brasileña de Fortaleza de la cual surgió la declaración «El embarazo no es una enfermedad», que dio origen a una serie de iniciativas y normativas en favor de la transformación del modelo sanitario con el propósito de «humanizar» la atención del parto, promover el protagonismo de la persona gestante y su familia y transformar las maternidades en instituciones «centradas en la familia».

En ese sentido, Charnis resumió qué significa un parto respetado: «Estamos hablando de respeto, que no te insulten, que no te griten, que no te realicen procedimientos en tu cuerpo como la episiotomía, poner oxitocina, apretarte tu panza, además de cesáreas innecesarias, entre otras cosas, que no hayas autorizado, que te informen tus derechos y te permitan estar acompañada, cosas básicas que hacen a la autonomía de la mujer, en este país no suceden, si pasan, es porque tuviste suerte».

A su vez, remarcó que la Ley 25929, «si bien es súper necesaria, no tiene una figura legal que venga a sancionar el mal ejercicio de los profesionales».

En igual sentido, Violeta Osorio, feminista y también integrante de la agrupación de OVOA y Las Casildas, ratificó la persistencias de estas violencias obstétricas y el punto de inflexión sobre la necesidad de reformar o crear un nueva ley del parto respetado o humanizado.

«Tener una ley que habla sobre el marco de derechos en relación a la atención obstétrica y otra ley como la 26485, de protección integral de las mujeres, que describe la violencia obstétrica como una vulneración sobre nosotras, nos convierte en un país pionero».

Sin embargo, advirtió que la normativa «carece de mecanismos concretos de prevención, sanción y reparación. Termina siendo más una guía de buenas prácticas. Ese es un vacío enorme porque no hay garantía de cumplimiento, y lleva a que los equipos obstétricos y las instituciones de salud puedan tomar como una cuestión de buena voluntad, el cumplir y garantizar o no derechos».

«Entonces te dicen: ´acá no hacemos parto respetado´ y las mujeres pagan los extras por los paquetes de parto respetado que hay en algunos hospitales, lo que tampoco te garantiza que se cumplan los derechos», agregó.

Según los datos oficiales y actualizados del Ministerio nacional de Salud, en 2020 nacieron 533.299 bebés vivos, el 99,7% de los partos fueron institucionales, de los cuales un 38,2% se realizaron a través de cesárea, en el ámbito público. En tanto, diez años atrás, el porcentaje de cesáreas fue un 10% menos: 28,2%. Otro dato que se indica es que solo el 41,4% de mujeres, tuvieron acompañamiento en el parto en el ámbito público.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una declaración sobre las tasas de cesárea donde especifica que «desde 1985 los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%»

A su vez, el documento especifica que también desde entonces, «las cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo».

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Judiciales ⚖️

Fraude con certificados truchos en Salta: cómo una red en Facebook burló los controles de la provincia

Una red de falsificación de títulos y diplomaturas con aval ficticio de instituciones reales afectó los procesos de designación del Ministerio de Salud de Salta. La maniobra se detectó tras una auditoría interna que encontró casi 300 inscripciones con documentación apócrifa.

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★ La Justicia de Salta imputó a 53 docentes por presentar certificados falsos para aumentar puntajes en concursos y procesos de designación del Ministerio de Salud provincial. La investigación, que arrancó el 17 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia formal del secretario de Gestión Educativa, expuso una red organizada de falsificación de instrumentos privados que operó a través de redes sociales y cobró entre 95.000 y 360.000 pesos por certificado apócrifo.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta en un comunicado oficial que detalla el alcance de la maniobra y los roles que cada uno de los imputados habría cumplido dentro de la organización.

La auditoría que destapó la olla

La denuncia que activó la investigación judicial partió del propio sistema educativo provincial. Según el MPF salteño, la auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y un universo de 237 profesores implicados en total, de los cuales 53 ya fueron formalmente imputados en esta primera etapa procesal.

La pesquisa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), que determinó que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que facilitó tanto la detección de las irregularidades como la identificación de duplicaciones y numeraciones de títulos inexistentes.

Facebook como vidriera del fraude

La red operaba de manera abierta en Facebook, a través de perfiles como «Cursos Educar» o bajo el alias «Ana Guzmán». Desde esas cuentas se ofrecían diplomaturas con puntaje aparentemente avaladas por instituciones educativas reales; una modalidad que, según la fiscalía, resultó lo suficientemente convincente como para captar a cientos de docentes en distintas regiones de la provincia.

Una vez acordado el servicio, los interesados realizaban el pago, y a cambio recibían certificados en formato PDF con sellos y firmas escaneadas, sin ningún respaldo en registros oficiales. Miembros de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmaron que los números de los certificados no existían en las bases de datos estatales.

Roles identificados dentro de la red

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue quien trazó el mapa de responsabilidades dentro de la organización. Según la funcionaria judicial, la estructura se articulaba en tres funciones diferenciadas:

  • Una docente del sur provincial se encargaba de la captación de clientes y el cobro de los pagos.
  • Una mujer en el norte brindaba soporte y canalizaba consultas bajo una identidad ficticia.
  • Un hombre radicado en Bariloche fue señalado como administrador digital y receptor de los fondos.

Dos mujeres fueron detenidas y acusadas de manera provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita en concurso real, según informó el MPF.

Un escándalo que pone en jaque la selección de personal en salud

Más allá de la dimensión penal, el caso expone una grieta estructural en los mecanismos de control del sistema de designaciones en salud pública provincial. Que una red de este tipo haya podido operar durante un tiempo considerable, captando a cientos de docentes y manipulando registros sin ser detectada de inmediato, pone en cuestión la solidez de los sistemas de verificación de credenciales en el Estado salteño.

La magnitud del número de inscripciones adulteradas (286 sobre un universo de 291 detectadas como irregulares) sugiere que se trata de una práctica que encontró condiciones favorables para instalarse. La investigación judicial deberá determinar si existieron complicidades internas o simplemente fallas en los controles institucionales.

Puntos clave

  • 53 docentes imputados en una primera etapa; el universo total investigado alcanza los 237 profesores.
  • La auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos y 286 registros adulterados.
  • La red operaba en Facebook y cobraba entre $95.000 y $360.000 por certificado apócrifo.
  • Dos mujeres fueron detenidas y acusadas por falsificación, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
  • La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio identificó tres roles diferenciados dentro de la organización criminal. ★
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