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Fraude con certificados truchos en Salta: cómo una red en Facebook burló los controles de la provincia

Una red de falsificación de títulos y diplomaturas con aval ficticio de instituciones reales afectó los procesos de designación del Ministerio de Salud de Salta. La maniobra se detectó tras una auditoría interna que encontró casi 300 inscripciones con documentación apócrifa.

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★ La Justicia de Salta imputó a 53 docentes por presentar certificados falsos para aumentar puntajes en concursos y procesos de designación del Ministerio de Salud provincial. La investigación, que arrancó el 17 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia formal del secretario de Gestión Educativa, expuso una red organizada de falsificación de instrumentos privados que operó a través de redes sociales y cobró entre 95.000 y 360.000 pesos por certificado apócrifo.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta en un comunicado oficial que detalla el alcance de la maniobra y los roles que cada uno de los imputados habría cumplido dentro de la organización.

La auditoría que destapó la olla

La denuncia que activó la investigación judicial partió del propio sistema educativo provincial. Según el MPF salteño, la auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y un universo de 237 profesores implicados en total, de los cuales 53 ya fueron formalmente imputados en esta primera etapa procesal.

La pesquisa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), que determinó que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que facilitó tanto la detección de las irregularidades como la identificación de duplicaciones y numeraciones de títulos inexistentes.

Facebook como vidriera del fraude

La red operaba de manera abierta en Facebook, a través de perfiles como «Cursos Educar» o bajo el alias «Ana Guzmán». Desde esas cuentas se ofrecían diplomaturas con puntaje aparentemente avaladas por instituciones educativas reales; una modalidad que, según la fiscalía, resultó lo suficientemente convincente como para captar a cientos de docentes en distintas regiones de la provincia.

Una vez acordado el servicio, los interesados realizaban el pago, y a cambio recibían certificados en formato PDF con sellos y firmas escaneadas, sin ningún respaldo en registros oficiales. Miembros de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmaron que los números de los certificados no existían en las bases de datos estatales.

Roles identificados dentro de la red

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue quien trazó el mapa de responsabilidades dentro de la organización. Según la funcionaria judicial, la estructura se articulaba en tres funciones diferenciadas:

  • Una docente del sur provincial se encargaba de la captación de clientes y el cobro de los pagos.
  • Una mujer en el norte brindaba soporte y canalizaba consultas bajo una identidad ficticia.
  • Un hombre radicado en Bariloche fue señalado como administrador digital y receptor de los fondos.

Dos mujeres fueron detenidas y acusadas de manera provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita en concurso real, según informó el MPF.

Un escándalo que pone en jaque la selección de personal en salud

Más allá de la dimensión penal, el caso expone una grieta estructural en los mecanismos de control del sistema de designaciones en salud pública provincial. Que una red de este tipo haya podido operar durante un tiempo considerable, captando a cientos de docentes y manipulando registros sin ser detectada de inmediato, pone en cuestión la solidez de los sistemas de verificación de credenciales en el Estado salteño.

La magnitud del número de inscripciones adulteradas (286 sobre un universo de 291 detectadas como irregulares) sugiere que se trata de una práctica que encontró condiciones favorables para instalarse. La investigación judicial deberá determinar si existieron complicidades internas o simplemente fallas en los controles institucionales.

Puntos clave

  • 53 docentes imputados en una primera etapa; el universo total investigado alcanza los 237 profesores.
  • La auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos y 286 registros adulterados.
  • La red operaba en Facebook y cobraba entre $95.000 y $360.000 por certificado apócrifo.
  • Dos mujeres fueron detenidas y acusadas por falsificación, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
  • La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio identificó tres roles diferenciados dentro de la organización criminal. ★

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Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.

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El Argentino Diario-Fini Lanusse-Propofest.

“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest

Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.

«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.

El procesamiento y las medidas cautelares

El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.

Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido

La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.

El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.

Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología

El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.

La causa avanza hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.

Puntos clave:

  • Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
  • El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
  • La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
  • En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
  • El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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