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Judiciales ⚖️

Reforma laboral: Cormick suspende dos artículos sobre costas y juicios pagados en cuotas

El mismo juez que multó a Santilli por la ley universitaria frenó por tres meses los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. Vuelve a regir la redacción anterior de la Ley de Contrato de Trabajo. El Gobierno ya había salido a cuestionar sus antecedentes políticos.

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Bandera contra la reforma laboral en una movilización

La reforma laboral de Javier Milei sumó un revés en los tribunales. El juez federal Martín Cormick suspendió por tres meses dos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: el que permitía cargar las costas de un juicio sobre el trabajador y su abogado por un reclamo considerado excesivo, y el que modificó el régimen de pago de las sentencias laborales y de los honorarios.

Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11, hizo lugar a una medida cautelar promovida por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), en una causa a la que se acumuló el planteo del Colegio de Abogados de Villa María, contra los artículos 10 y 56 de la ley. La suspensión rige por tres meses o hasta que haya sentencia definitiva, lo que ocurra primero. No es todavía una declaración de inconstitucionalidad: esa discusión de fondo sigue abierta en el amparo contra el Estado Nacional.

Qué frenó el juez

El artículo 10 había incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo un criterio objetivo de sobreestimación de los créditos para definir la «pluspetición inexcusable», una figura que permite imponer las costas en forma solidaria al trabajador y al profesional que lo representa. Es decir, que un abogado podía terminar respondiendo con su patrimonio si el monto reclamado superaba lo que finalmente reconocía la sentencia.

Para Cormick, la norma «carece de claridad en su redacción, circunstancia que conduce a conformar una incertidumbre que amerita la suspensión cautelar solicitada», y la diferencia entre la suma pedida y la concedida no alcanza por sí sola para establecer la responsabilidad del abogado: hay que examinar las particularidades del expediente y la conducta de las partes. Mientras dure la cautelar vuelve a regir la redacción anterior del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya contemplaba la pluspetición inexcusable pero sin el parámetro objetivo cuestionado.

El artículo 56 modificó el artículo 277 de la misma ley y habilitó a cancelar las condenas laborales en cuotas. Según el texto de la ley, las grandes empresas podían pagar en hasta seis cuotas mensuales y las pymes en hasta doce, con actualización por inflación y un interés anual del 3%. El juez advirtió que la norma no distingue con claridad si esa modalidad alcanza también a los honorarios de los abogados, que forman parte de las costas. Por eso ordenó aplicar la Ley 27.423 para el cobro de los honorarios y la versión anterior del artículo 277, también en lo referido a los pactos de cuota litis (los acuerdos que fijan la remuneración del abogado como un porcentaje del resultado del juicio).

El CPACF celebró la resolución en su sitio oficial: sostuvo que, aunque no resuelve todavía la cuestión de fondo, es un avance importante en defensa de la abogacía. En su presentación, la entidad había advertido que los cambios comprometían también la defensa de los trabajadores y su acceso a la Justicia.

El juez que incomoda al Gobierno

Cormick es el mismo magistrado que el 6 de octubre declaró inconstitucional el mecanismo con el que el Poder Ejecutivo suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, después de que el Congreso rechazara el veto. Consideró que la promulgación condicionada había funcionado como un veto no previsto por la Constitución. Esta semana, además, fijó una multa inicial de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, como informó este diario.

El Gobierno anunció que apelaría aquella decisión y cuestionó los antecedentes políticos del juez. Cormick es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la UBA, y llegó al fuero federal en 2020, designado por Alberto Fernández mediante el decreto 866 tras el acuerdo del Senado. Antes condujo la Inspección General de Justicia, designado por Cristina Fernández de Kirchner en 2014, y entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 estuvo a cargo de la Sindicatura General del PAMI. Antes había trabajado en la Defensoría del Pueblo porteña.

Su juzgado ya había quedado en el centro de la escena con la causa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. En diciembre de 2025 declaró nula esa resolución por considerar que el Ejecutivo había avanzado sobre atribuciones del Congreso, aunque la Cámara dejó sin efecto esa decisión en marzo de 2026.

Cuando los fallos no le gustan, el Gobierno discute la biografía del juez; lo que no explica es por qué sus normas terminan una y otra vez frenadas en los tribunales.

Lo que tenés que saber:

  • Cormick suspendió por tres meses los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
  • El artículo 10 permitía imponer las costas al trabajador y a su abogado por «pluspetición inexcusable» con un criterio objetivo.
  • El artículo 56 habilitaba el pago de condenas laborales en cuotas; se vuelve a aplicar el artículo 277 anterior y la Ley 27.423 para honorarios.
  • La medida no declara la inconstitucionalidad: el fondo del amparo sigue pendiente.
  • Es el mismo juez que multó a Santilli por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

Policiales 🚨

Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre

El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.

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Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.

La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.

Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego

El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.

Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.

La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.

Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido

La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.

El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.

La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva

La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.

Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.

También dispusieron su expulsión de Argentina

Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.

El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.

Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.

De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.

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