Judiciales ⚖️
Juez Ercolini ordena a Alberto Fernández cesar comunicaciones con Fabiola Yáñez
Según la querella, Fernández envió a Yáñez un artículo crítico hacia la familia de ella y una publicación de redes sociales.
El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa que involucra al ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yáñez, ordenó a Fernández que deje de comunicarse con Yáñez, tras determinar que este accionar incumple la restricción perimetral impuesta en el marco del proceso judicial.
La decisión se tomó luego de que Mariana Gallego, abogada de la ex primera dama, presentara una denuncia en la que expone que Fernández envió mensajes de WhatsApp a Yáñez, situación que habría afectado su estabilidad emocional. “Mi mandante entiende que esta comunicación tuvo por claro objeto perturbar la estabilidad emocional de la Sra. Yáñez e incluso podría considerarse una violación a la medida cautelar dictada”, manifestó Gallego.
En su resolución, el juez Ercolini instruyó a Fernández para que cese cualquier intento de contacto, directo o indirecto, con Yáñez o sus familiares, excepto por temas que conciernan al hijo que comparten. En estos casos, cualquier comunicación deberá contar con autorización previa de la progenitora. “Intímese […] a Alberto Ángel Fernández a través de su defensa a cesar de forma inmediata todo acto de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital”, detalló el juez en su escrito.
Ercolini también advirtió que la persistencia en estos actos podría constituir «obstrucción a la justicia». Según se informó, uno de los mensajes enviados por Fernández contenía un artículo titulado «Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez», donde se cuestionaban declaraciones de la madre y hermana de Yáñez. Otro mensaje incluía una publicación de la red social X, aunque no se revelaron detalles adicionales sobre su contenido.
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Tapia blindó a Faroni hasta 2030: el contrato que la Justicia convirtió en prueba de defraudación
La Asociación del Fútbol Argentino extendió de manera anticipada y bajo hermetismo total su vínculo con la firma offshore de Javier Faroni y Erica Gillette. La renovación, firmada en octubre de 2025 por Claudio Tapia y el secretario general Cristian Malaspina, amplió las facultades de la empresa con sede en Miami y quedó fuera de toda instancia de deliberación colectiva de la entidad. Hoy, ese documento se convirtió en la principal prueba de cargo de una investigación por defraudación que involucra a la cúpula del fútbol argentino.
AFA prorrogó en secreto el contrato con TourProdEnter y amplió sus poderes un año antes de que venciera
El 15 de octubre de 2025, cuando faltaba más de un año para que venciera el contrato vigente entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma TourProdEnter LLC, el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, estampó su firma en una prórroga que extendió ese vínculo hasta 2030. A su lado firmó el secretario general, Cristian Malaspina. Lo que no hicieron fue informarlo a nadie.
La renovación no figuró en el temario de ninguna reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. No se informó en la asamblea ordinaria posterior. Cuando la Justicia allanó la sede de la calle Viamonte, la entidad apenas reconoció la existencia de un contrato «vigente», sin mencionar la prórroga ni su alcance temporal hasta 2030. El hermetismo no fue un descuido administrativo; para el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Guerberoff, fue una estrategia deliberada para evitar la trazabilidad de los fondos.
El contrato que se amplió en silencio
TourProdEnter LLC es la empresa controlada por Javier Faroni y Erica Gillette que administra los ingresos de la AFA en el exterior. El vínculo original le otorgaba el carácter de «agente comercial y de cobro», con comisiones del 30% sobre ingresos y 10% sobre logística. La prórroga firmada en octubre de 2025 no solo extendió ese esquema hasta 2030, sino que amplió sustancialmente las facultades operativas de la firma: bajo el nuevo documento, TourProdEnter puede administrar pagos de la AFA en el exterior, efectuar pagos a la entidad mediante bonos de deuda soberana argentina o transferencias bancarias, ejecutar órdenes de pago a terceros por cuenta y orden de la AFA, y ceder el contrato a sociedades afiliadas en cualquier jurisdicción.
La transformación de un simple agente de cobro en un administrador operativo de pagos con poder de cesión en cualquier país del mundo no es un detalle técnico: es, según el dictamen fiscal de Guerberoff, el mecanismo que habría servido para ocultar el origen y destino de fondos que debían integrar el patrimonio de la AFA pero terminaron fluyendo, presuntamente, hacia empresas fantasma en Miami.
Las inconsistencias operativas
La AFA justificó la renovación anticipada en la «buena performance» de TourProdEnter. Sin embargo, la realidad operativa de la firma contradice esa narrativa. La sede declarada por la empresa en Miami funciona actualmente como una hamburguesería. Los balances oficiales de la AFA omitieron sistemáticamente los movimientos millonarios vinculados a esta sociedad durante años, según consta en el expediente judicial.
La Justicia de Estados Unidos inició además sus propias investigaciones sobre los movimientos bancarios de Faroni y Gillette, lo que añade una dimensión internacional a una causa que ya acumula múltiples frentes en Argentina.
El contexto judicial más amplio
Esta causa no es la única que comprometió a la cúpula de la AFA. Este medio informó en reiteradas oportunidades sobre la trama judicial que rodea a la entidad: la investigación por retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos; la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por el uso de facturas apócrifas que superarían los 916 millones de pesos; y la causa de lavado de dinero vinculada al tesorero Pablo Toviggino y la propiedad en Pilar atribuida a su entorno.
En ese marco, el contrato con TourProdEnter que Tapia buscó «blindar» hasta 2030 adquirió una dimensión diferente: lo que nació como un acuerdo comercial se convirtió en el hilo conductor de una investigación sobre el manejo discrecional de los fondos del fútbol argentino, fondos que en definitiva pertenecen a los clubes y a la comunidad que los sostiene.
El apuro por firmar la prórroga antes del vencimiento natural del vínculo, el silencio institucional que rodeó esa decisión y la ampliación de poderes concedida a una empresa cuya sede física resultó ser una hamburguesería componen un cuadro que la Justicia ya no interpreta como casualidad.
Puntos clave
- El 15 de octubre de 2025, Tapia y Malaspina prorrogaron el contrato con TourProdEnter hasta 2030, más de un año antes de su vencimiento previsto para diciembre de 2026.
- La renovación no se informó al Comité Ejecutivo ni a la asamblea ordinaria de la AFA.
- El nuevo documento amplió las facultades de la firma: de agente de cobro a administrador operativo de pagos con poder de cesión en cualquier jurisdicción.
- El fiscal Guerberoff sostuvo que la maniobra buscó evitar la trazabilidad de fondos que debían integrar el patrimonio de la AFA.
- La sede declarada por TourProdEnter en Miami funciona como una hamburguesería; la Justicia estadounidense también investiga los movimientos bancarios de Faroni y Gillette.
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