Por Silvina Molina

El aumento de centros de salud que garantizan el aborto legal, la desigualdad entre provincias en el acceso al derecho, el récord de consultas sobre la práctica, el incremento en la distribución de misoprostol y la necesidad de mayor difusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es el balance del primer aniversario de aplicación de la norma sancionada el 30 de diciembre del año pasado.

A través de un pronunciamiento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó que la ley 27.610 de IVE «es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos» que «cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado».

Y valoró que «es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos».

Los datos oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

También que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una implicación de la oferta de un 30% en el último año, tal como explicó el último miércoles la ministra de Salud Carla Vizzotti durante un desayuno con periodistas del que participaron su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.

Otro dato positivo es que la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

La información de la Cartera de Salud también indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

En su documento, la Campaña pidió acceso a la la mifepristona «un medicamento que garantizaría mejor atención» a quienes deciden interrumpir un proceso gestacional.

Al respecto Vizzotti adelantó que se han realizado «importantes avances» tanto para iniciar la producción local mifepristona de por parte del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe como para alcanzar la aprobación por parte de la Anmat.

La Campaña también exigió «la efectiva implementación de la ley» ya que según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran la organización federal el acceso al derecho al aborto «es desigual en todo el territorio nacional».

A la misma conclusión arribó el estudio del proyecto Mirar del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, que analizó la aplicación de la norma.

En un anticipo del proyecto publicado por Télam se develaron las desigualdades entre las provincias, ya que la tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.

Sancionada hace un año, en plena pandemia por covid19, la ley se promulgó el 14 de enero, y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, y luego se sumaron dos mas para atención posaborto y para atención a víctimas de violaciones sexuales.

Que la ley, el derecho, se conozca más en todo el país es un reclamo que hizo en la última semana Amnistía Internacional y es uno de los pedidos de la Campaña en su pronunciamiento. Además solicitó «capacitación y sensibilización en perspectiva de género» para los equipos de salud.

Los datos suministrados por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) dicen que 904 profesionales de todo el país «recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales: se formaron en la ley 27.610, en las edades y el consentimiento para el acceso a la IVE/ILE, consejerías, en el tratamiento con medicamentos y con Aspiración Manual Endouterina (AMEU), y en la atención posaborto».

«Estas cifras dan cuenta de las demandas de la población en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y de las respuestas que desde el sistema sanitario se vienen implementando para garantizar derechos en este primer año de sanción de la ley 27.610», resaltó Valeria Isla, titular de la Dnssr.

La Campaña solicitó «la efectiva implementación» de la educación sexual integral «en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir. ¡Separación ya de la iglesia y el Estado!».

Asimismo reclamó la libertad «de las más de 1.500 presas por abortos o eventos obstétricos» y el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz «criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal» y «el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos».

La ley IVE «es una conquista y un mensaje de esperanza para los feminismos que en todo el mundo luchan por un mundo justo. El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral», resaltó la Campaña.

Para festejar el primer año de aborto legal se realizarán pañuelazos en todo el país, utilizando el pañuelo verde símbolo de la lucha por el acceso al derecho en la Argentina que se trasladó como emblema a otros países que reclaman ley o modificaciones en las normas sobre interrupción de embarazo.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que participará del pañuelazo en distintas provincias, que realizará encuentros de debate y reflexión en la sede ministerial en el barrio porteño de San Telmo y anunció un conversatorio online de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, funcionarias y referentas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre ellas, la reconocida activista Nelly Minyersky.

La Ley 27.610 reconoce el derecho de mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a decidir interrumpir un embarazo, y a requerir y acceder a la atención en el sistema de salud.

Hasta la semana 14 del proceso gestacional, inclusive, se contempla el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin que sea necesario que la personas que solicita esta práctica exprese el motivo de su decisión.

Y contempla el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), cuando es producto de una violación (una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro de un noviazgo o matrimonio); o si el embarazo pone en riesgo la salud (física, psíquica y/o social) o la vida de la persona gestante.

El acceso a la IVE/ILE es gratuito en todo el país en hospitales, centros de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga.