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A 5 años del aborto legal en Argentina: una conquista que resiste

La importancia de garantizar su cumplimiento y “Belén”, la película de Dolores Fonzi que visibilizó el sistema acusatorio antes de la Ley.

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El aniversario de la sanción de la Ley 27.610 vuelve a poner en el centro del debate algo básico: el aborto legal no fue un capricho, fue una demanda social histórica que salvó vidas, amplió derechos y terminó con décadas de clandestinidad y desigualdad.

La marea verde, con años de organización feminista, logró que el Congreso reconociera lo que ya era una realidad: las mujeres y personas gestantes abortaban, pero lo hacían sin protección, sin acompañamiento médico y muchas veces poniendo en riesgo su salud y su vida.

La ley garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14, y luego bajo causales. También reconoce el derecho a acceder al sistema de salud sin dilaciones arbitrarias ni violencia institucional. Fue un cambio estructural: el aborto pasó del código penal al sistema sanitario.

Qué cambió desde la sanción

Se redujeron internaciones y complicaciones graves por abortos inseguros. Se incorporó la consejería y el acompañamiento integral como parte del cuidado de la salud. El misoprostol y la IVE pasaron a ser parte de protocolos oficiales, algo impensado años atrás. Miles de profesionales se formaron en prácticas seguras con enfoque de derechos.

Aunque todavía persisten obstáculos (objeción de conciencia abusiva, trabas en algunas provincias, judicialización selectiva), la diferencia entre legalidad y clandestinidad es concreta: menos riesgo, más dignidad, más igualdad.

Un derecho en disputa permanente

Los sectores conservadores nunca aceptaron la ley. Buscan retrocesos, apelan a discursos moralizantes y presionan sobre el sistema de salud. Pero la legitimidad social del derecho creció. La batalla cultural ya no es la misma: hoy una adolescente en una escuela puede hablar de derechos sexuales y reproductivos sin susurrar. Hoy existe información, acompañamiento y redes.

Salud pública, no moralina

El aborto legal se integra a una política más amplia:

educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, prevención de violencias, autonomía económica y proyectos de vida.

La experiencia internacional lo confirma: cuando el aborto es legal y accesible, disminuyen los abortos inseguros y las muertes evitables. No hay misterio. Se trata de salud pública.

Lo que falta

Argentina todavía arrastra desigualdades territoriales y socioeconómicas. En zonas rurales y provincias con fuerte resistencia institucional, acceder a la IVE puede ser un laberinto. La deuda sigue siendo con las más pobres, las jóvenes, las que no tienen redes.

Garantizar el derecho implica:

fortalecer el sistema público, sancionar prácticas de hostigamiento, asegurar disponibilidad de insumos y profesionales, proteger a quienes acompañan en territorio.

La marea verde no fue una moda. Fue una irrupción política y cultural que marcó época. El pañuelo en mochilas, carteras y tribunales sigue recordando algo simple: nadie más debe morir por abortar. Y la autonomía sobre el propio cuerpo no se negocia.

En un contexto donde se intentan recortar derechos y desfinanciar políticas públicas, el aniversario de la ley funciona también como advertencia: los derechos se conquistan, pero también se defienden todos los días.

Porque el aborto legal no obligó a nadie a abortar. Solo garantizó que quien lo necesite pueda hacerlo sin miedo, sin culpa y sin riesgo. Y eso, en un país desigual, es justicia social.

“Belén”: cuando el cine denuncia lo que la Justicia callaba

La película “Belén” se volvió una pieza clave para entender por qué era urgente salir de la clandestinidad. Narra el caso real de Belén, una joven tucumana que terminó presa después de llegar a un hospital público con una hemorragia obstétrica. El sistema la criminalizó sin pruebas firmes, la expuso públicamente y la mantuvo detenida durante más de dos años. Todo eso pasó en democracia y antes de la ley.

El film no solo reconstruye el caso. Hace otra cosa todavía más potente: muestra la violencia institucional que atravesaban miles de mujeres y personas gestantes cuando la maternidad no era una elección sino una imposición. Médicos que denunciaban pacientes. Fiscales que moralizaban. Jueces que condenaban sin perspectiva de género. Cuerpos convertidos en expediente.

Belén” se transformó en una herramienta política y cultural. Se proyectó en universidades, festivales, sindicatos, centros culturales y escuelas. Puso nombre y rostro a lo que muchas preferían invisibilizar: que la criminalización del aborto no era teoría, era cárcel, humillación y persecución sobre mujeres pobres.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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