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Este viernes se celebra el primer Día de Acción por la Salud de las Mujeres desde la legalización del aborto

Organizaciones feministas y de lucha por la igualdad de oportunidades convocaron a celebrar esta jornada, la primera que se realiza desde que se convirtió en Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, proyecto que había sido presentado por primera vez el 28 de Mayo de 2005.

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Organizaciones feministas y de lucha por la igualdad de oportunidades convocaron a celebrar este viernes el primer Día de Acción por la Salud de las Mujeres desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, proyecto que había sido presentado por primera vez el 28 de Mayo de 2005.

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) señaló a través de un comunicado que «la salud es un derecho inalienable para todas las personas independiente de su edad, identidad de género, lugar de residencia y cualquier otra variable. Y por eso, después de este gran paso, tenemos que insistir en asegurar que este derecho se garantice para niñas, mujeres, personas trans y con discapacidades, indígenas, afrodescendientes y migrantes».

«Del mismo modo, es importante reiterar el reclamo del derecho de niñas y mujeres a la salud sexual y reproductiva, que implica el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos, el ILE así como a la efectiva interrupción del embarazo ahora garantizado por la ley de IVE», añade la nota.

«En esta segunda ola de la pandemia en el país, debemos estar alertas y exigir a las autoridades y a todos los funcionarios de los distintos sectores como las fuerzas de seguridad, prestadores de salud y otros para que se implementen las políticas y estrategias necesarias para garantizar a todas las personas estos derechos, especialmente a poblaciones más frecuentemente ignoradas o con menor posibilidad de acceder a estos servicios de salud, ya sea por barreras geográficas, económicas y/o socioculturales, lingüísticas o por cualquier otro motivo», completa el comunicado de FEIM.

FUSA Asociación Civil emitió un comunicado en el que destacó que «en diciembre del 2020, Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través de la Ley 27.610 de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. Esta ampliación de derechos implica nuevas obligaciones y responsabilidades de los equipos de salud».

«Uno de los desafíos se relaciona con cómo se redefinen los roles en función de la atención y la necesidad de disponer de información clara, veraz y accesible; Asimismo, acontece en un contexto sanitario particular, atravesado y desgastado por la pandemia de COVID-19, donde parte de los esfuerzos y recursos se encuentran abocados al abordaje de esta emergencia sanitaria», añade la nota.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, afirmó que «la salud sexual y reproductiva es un derecho clave en el desarrollo de toda niña y mujer. Está demostrado que penalizar y restringir el aborto no lo impide, solo lo hace menos seguro y genera riesgos y consecuencias fatales».

«En todo el mundo, se estima que cinco millones de mujeres son hospitalizadas cada año para el tratamiento de complicaciones relacionadas con el aborto y unas 47.000 mueren. Por todo esto, no descansaremos hasta que todas las personas en nuestra región puedan tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos», añadió Belski.

En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Rsmlac), hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de Mayo con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud.

Esta red subrayó que las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.

En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos inició un proceso de evaluación de esta Campaña para ampliar su enfoque temático a la luz de nuevas problemáticas que afectan negativamente la salud de las mujeres.

Las organizaciones latinoamericanas y caribeñas se reunieron en Cuenca, Ecuador, y decidieron desde entonces impulsar en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, bajo la coordinación de la Rsmlac.

Hoy la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone un nueva modalidad para conmemorar esta fecha histórica y emblemática, iniciando a partir de 2011 una Campaña (Permanente) por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres y Niñas la cual, como lo dice su nombre, enfatizará en la salud integral de las mujeres, tomando en cuenta la definición holística e inclusiva de la Organización Mundial de la Salud que señala: «El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar».

El 28 de mayo de 2005 se lanzó en Argentina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que juntaría firmas que serían entregadas en el Congreso de la Nación en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso argentino el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. Establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo.

Política 📢

El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario

El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.

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Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.

El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.

La falacia de la «estrategia integral»

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.

De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.

Puntos clave:

  • * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
  • * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
  • * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
  • * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
  • * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.

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