A través de un extenso informe publicado esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre la desaparición sistemática de políticas de cuidado bajo la administración de Javier Milei. Según el relevamiento, de las 50 políticas nacionales relevadas, solo cuatro continúan vigentes. En términos poblacionales, el recorte afectó directamente a 2.866.000 personas, que dejaron de recibir al menos una prestación a la que tenían acceso antes de diciembre de 2023.

“Se profundiza el modelo del individualismo”, señaló Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS. “Las pocas políticas que subsisten están enfocadas en transferencias directas de ingresos, como la AUH y la Asignación por Embarazo, pero sin estructura de cuidado que las acompañe, no alcanzan para sostener a las familias”, afirmó.

El informe detalla un colapso institucional de áreas clave del Estado, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI, el Ministerio de Mujeres y el ex Ministerio de Desarrollo Social, cuyos presupuestos fueron recortados drásticamente en el marco del ajuste fiscal del Gobierno.

Adultos mayores: entre medicarse o comer

El recorte en políticas previsionales golpeó de lleno a las personas mayores, que ya no pueden acceder a la moratoria previsional derogada por decreto. Según el informe, la jubilación mínima más bono se ubica $45.000 por debajo de la canasta básica total, lo que ubica a millones de personas mayores por debajo de la línea de pobreza.

Además, la cobertura de medicamentos gratuitos del PAMI cayó de 4,6 millones a 3,8 millones de beneficiarios. La eliminación de programas de apoyo domiciliario, reducción de centros de día y la falta de actualización en prestaciones agrava la situación de vulnerabilidad.

Discapacidad: más burocracia, menos derechos

La situación de las personas con discapacidad es especialmente crítica. El informe denuncia que el porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad subió del 40% al 75%, mientras que el Estado revocó 56.000 pensiones ya otorgadas.

“El retroceso es evidente: se multiplicaron los trámites y se recortaron prestaciones sin fundamentos sólidos”, denunció de la Vega. La ANDIS, organismo responsable del área, fue vaciado presupuestariamente y opera con personal reducido, sin capacidad para garantizar respuestas ni seguimiento adecuado.

Salud sexual, niñez y género: otro frente del vaciamiento

El CELS alertó también sobre el desfinanciamiento de la Educación Sexual Integral (ESI), la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los programas de distribución gratuita de anticonceptivos. El recorte afecta directamente a mujeres y disidencias, y compromete el acceso a derechos reproductivos básicos.

Además, se eliminaron los cupos laborales para personas travestis y trans, y se congelaron los salarios del personal de casas particulares desde enero, afectando un universo altamente feminizado y precarizado. La situación de las mujeres rurales también fue calificada como de “emergencia”, por el abandono de programas específicos y la falta de asistencia técnica.

El Estado como enemigo: un cambio estructural

Para el CELS, lo que está en marcha es un cambio de paradigma en la función del Estado. “El Gobierno abandonó su rol de garante de derechos para convertirse en administrador de transferencias mínimas. Se pasa de un esquema de protección social a uno de supervivencia individual”, concluye el informe.

El impacto estructural de este giro —sostiene el organismo— aumentará la desigualdad social, de género y de clase, dejando expuestos a millones de personas sin red de contención.