Femicidio
El veredicto al ex policía por el femicidio de Úrsula Bahillo
Matías Martínez, detenido en un penal de Junín y condenado por «lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas» en perjuicio de una ex pareja en 2017, es juzgado por «por femicidio y homicidio triplemente agravado por el vínculo con alevosía» de la joven de 18 años.
Por Ernesto Zambrini
El veredicto en el juicio a un ex policía acusado de asesinar de 15 puñaladas en febrero pasado a su expareja, Úrsula Bahillo, a quien tenía prohibido acercarse ya que la joven lo había denunciado varias veces por violencia de género, en la ciudad bonaerense de Rojas, se dará a conocer este martes, informaron fuentes judiciales.
La audiencia comenzará a las 10, en la sede de los tribunales de Junín con la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de esa ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Sergio Terrón solicitó en su alegato que Matías Ezequiel Martínez (26) sea condenado a prisión perpetua por el «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio» de Úrsula (18).
El juicio por el femicidio de la joven comenzó el viernes 3 de diciembre y se llevó a cabo de manera presencial, con el aforo correspondiente por la pandemia del coronavirus. Durante la única audiencia del debate declararon unos diez testigos, entre ellos el padre de la víctima, y el único acusado del juicio, el ex policía y expareja de Bahillo.
De acuerdo a los voceros, Martínez aseguró ante el TOC 1, conformado por los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli, que no tuvo intenciones de matar a la joven y que ella lo «agredió» en primera instancia.

Finalizada la ronda de testigos, el fiscal Terrón, quien también instruyó la causa, realizó su alegato y pidió una pena de reclusión perpetua para el ex efectivo por el crimen de Bahillo. Por su parte, el abogado Emiliano Basso, quien representa a la familia de la joven asesinada como particular damnificada en la causa, acompañó el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. Mientras que la defensa solicitó que Martínez sea condenado por un «homicidio en exceso de la legítima defensa», informaron fuentes judiciales.
El acusado permanece detenido en la Unidad Penal 49 de Junín y el pasado 22 de febrero fue condenado por el juez en lo Correccional 1 de esa ciudad, Héctor Alberto Barbera, por los delitos de «lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas», en perjuicio de una expareja atacada en 2017. Estos cuatro años de cárcel se unificarán con la eventual pena única de reclusión perpetua a la que podría ser condenado por el femicidio de Úrsula, indicaron las fuentes.
Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por Terrón, al que accedió Télam, «el mismo día del hecho, en horas de la mañana, el imputado Martínez fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la imposición de un perímetro que le vedaba acercarse a Úrsula Bahillo y, como bien consta en el acta de procedimiento, tenía en su poder al momento de su aprehensión».
«Que dicha restricción no fue un obstáculo para concertar un encuentro con la víctima en horas de la tarde. (…) Que dicho encuentro al que accedió la víctima, debe hacerse insoslayablemente desde una mirada de perspectiva de género, entendiendo que una mujer manipulada que no puede romper una telaraña de amenazas y violencia, acude a hablar con el imputado para aclarar la situación que estaban viviendo y por la que lo había denunciado», sostuvo Terrón.
De acuerdo a la acusación, con Úrsula a bordo, el sospechoso se alejó al paraje Guido Spano, distante aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Rojas, «siendo un lugar con frondosa arboleda, con un río en las proximidades, totalmente inhóspito».
«Allí, con la víctima a su merced, sin posibilidad de ser auxiliada por persona alguna, realizó el feroz ataque (…) con el cuchillo -secuestrado en autos- que tenía en su poder y había llevado con dicho propósito, ocasionándole una muerte brutal a esta joven de apenas 18 años de edad», indicó la fiscalía.
Tras el femicidio, Martínez llamó «reiteradamente a su tío, luego de las 20, pidiéndole que vaya solo (¿buscando su colaboración o complicidad tal vez para deshacerse del cadáver?), no sin antes montar una ‘mise en scène’ para hacer creer que existió un ataque previo de la víctima o, tal vez, una tentativa de suicidio».
Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas el lunes 8 de febrero último cerca de las 20.30, entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido.
El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que «se había mandado una cagada».
Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.
Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.
Femicidio
Un año del triple femicidio de Varela: 16 detenidos, tres prófugos y una familia que reclama justicia sin “benevolencia”
A un año del asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo en Florencio Varela, el abuelo de dos de las víctimas reclamó que la Justicia «no sea benévola» con los 16 detenidos e insistió en que quedan tres prófugos con pedido de captura internacional. La causa ya tramita en el fuero federal y el principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», fue extraditado desde Perú en mayo de 2026.
Las torturaron durante horas, grabaron todo en vivo para un grupo cerrado de 45 personas y las enterraron en el patio de una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Tenían entre 15 y 20 años. Este sábado se cumple un año del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, crimen con sello narco que conmocionó al país y desató una investigación que aún sigue abierta.
Antonio Del Castillo, abuelo de Morena y Brenda, conversó con la agencia Noticias Argentinas en el primer aniversario de los crímenes y expresó el dolor que atraviesa a su familia cada día: «Las extrañamos muchísimo, muchísimo las extrañamos y las vamos a seguir extrañando». También elevó un reclamo directo a la Justicia: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La causa está actualmente a cargo del juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez.
La trampa mortal del 19 de septiembre de 2025
A las 21.30 del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente PAZ355 en la rotonda de La Tablada. Les habían prometido una fiesta en la que cobrarían 300 dólares cada una. En la madrugada del sábado 20, en el inmueble de la calle Chañar 702, las jóvenes fueron torturadas con el objetivo de que revelaran dónde estaba la droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Lara Gutiérrez, la menor del grupo, de 15 años, habría conocido días antes a uno de los implicados.
Las autopsias del Cuerpo Médico Forense revelaron la magnitud de la violencia ejercida. Lara fue víctima de violencia extrema y sistemática: presentaba cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras, y un corte muy profundo en el cuello que se presume fue la causa de su muerte. Morena falleció por un shock neurogénico producto de una estrangulación, con una bolsa cubriendo su cabeza. Brenda murió de un paro cardiorrespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo, con heridas cortantes y fracturas en varias partes del cuerpo. En todos los casos, el informe forense confirmó que las primeras lesiones fueron provocadas mientras las víctimas aún estaban con vida.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas fueron transmitidas en directo a través de una red social, en un grupo cerrado al que había 45 personas conectadas. Según la fiscalía, los acusados «prolongaron el sufrimiento de las víctimas de manera deliberada e inhumana».
Los cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre, enterrados en el patio de la vivienda. «No te olvides que a las nenas nos las devolvieron en una bolsa de consorcio», dijo Antonio Del Castillo. «Ojalá que hoy estén bien protegidas por Dios. Ellas también deben estar clamando justicia. Y cuando un cuerpo no clama justicia no descansa en paz».
Dieciséis detenidos y tres prófugos
La investigación avanzó con rapidez en los primeros días. Las cámaras de seguridad permitieron identificar la camioneta el lunes 22; el martes 23, la señal del celular de una de las víctimas impactó en una antena de Villa Vatteone y derivó en el primer allanamiento, donde fueron detenidos Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Parra, quienes limpiaban la vivienda. La camioneta apareció incendiada ese mismo día.
Hoy la causa cuenta con 16 detenidos: Tony Janzen Valverde Victoriano (alias «Pequeño J»), Matías Agustín Ozorio, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Mónica Débora Mujica, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Luis Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera, Eugenia Quispe Gallardo y David Godoy, este último incorporado a la causa el 17 de septiembre de 2026 cuando se encontraba detenido por un robo en Parque Chacabuco.
El abuelo De Castillo señaló que junto a su hija Sabrina, madre de Morena, calculan que son 17 los implicados, y que faltan tres prófugos con nombre y apellido con pedidos de captura internacional activos. «Calculo que puede haber más detenciones», afirmó.
«Pequeño J»: el líder de la banda, extraditado desde Perú
El principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025. Su extradición fue oficializada por el gobierno peruano el 31 de enero de 2026 y llegó al país el 4 de mayo. Al día siguiente, desde la cárcel de Marcos Paz, declaró ante la Justicia: negó su participación en los asesinatos y dijo lamentar el hecho, pero no respondió preguntas. En noviembre de 2025, la Justicia Federal aceptó investigar el triple crimen, lo que amplió el alcance de la causa. Los delitos imputados incluyen triple homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, privación ilegal de la libertad coactiva, trata de personas, lavado de activos y narcotráfico.
Daniel Adler, especialista en Seguridad Pública, explicó la lógica detrás de la brutalidad del crimen: «El sello narco depende de una organización y tiene la particularidad de que se usa extrema violencia y en muy rápida velocidad de gestión. Lo único que les importa es dejar un mensaje, un precedente. Lo que busca el narco es causar el máximo impacto en menor tiempo posible».
Un año después: homenajes y reclamo de justicia
Este sábado, al cumplirse un año de los crímenes, los familiares y amigos de Lara, Morena y Brenda se reunieron a las 20.00 en el cruce de La Quila y Crovara para iniciar una peregrinación con velas que recorrió el mismo camino que hizo la camioneta que las trasladó aquella noche. A medianoche, en el momento exacto en que se cumplió el año, se presentó el mural en la rotonda y se realizó una suelta de globos en su memoria.
Antonio Del Castillo fue claro sobre lo que espera de la Justicia: «Que los magistrados no sean benévolos con los imputados porque hicieron mucho daño, muchísimo daño. Seguimos confiando». También describió cómo el duelo altera incluso la memoria cotidiana: «A veces por nombrar a Jana, digo Morena, y cuando quiero decir Pilar, digo Brenda. Recordamos el día a día y en familia, es lo mejor que podemos hacer».
Lo que tenés que saber
- Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo fueron torturadas y asesinadas en la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, en el marco de un ajuste de cuentas narco.
- Las torturas fueron transmitidas en vivo en un grupo cerrado de redes sociales al que había 45 personas conectadas, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense.
- La causa cuenta con 16 detenidos; el principal acusado, «Pequeño J», fue extraditado desde Perú en mayo de 2026 y declaró negando su participación.
- El abuelo de dos de las víctimas reclamó que la Justicia «no sea benévola» y denunció que quedan tres prófugos con pedidos de captura internacional activos.
- En el primer aniversario, familiares y amigos realizaron una peregrinación con velas e inauguraron un mural en su memoria.
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