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Judiciales ⚖️

Piden procesar por «torturas» a seis de los policías implicados en el crimen de Lucas

Así lo requirió el fiscal de Instrucción, al considerar que el joven fue quemado con un cigarrillo tras ser baleado, «mientras agonizaba» en el auto, al tiempo que sus amigos permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos y fueron sometidos a «actos de torturas».

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El-Argentino- Marcha por Lucas González - asesinado por policías porteños -.

El fiscal que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en el barrio porteño de Barracas cuando iba con tres amigos en un auto, pidió imputarles también el delito de «imposición de torturas» a seis policías que se encuentran detenidos por el encubrimiento del homicidio, al solicitar que sean procesados con prisión preventiva, informaron hoy fuentes judiciales.

Así lo requirió el fiscal de Instrucción, Leonel Gómez Barbella, al juez de la causa, Martín del Viso, al considerar que Lucas fue quemado con un cigarrillo «mientras agonizaba» en el auto en el que se movilizaba, al tiempo que sus amigos, también menores de edad, permanecieron «esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos» y fueron sometidos a «actos de torturas».

En el escrito de 45 páginas, el fiscal solicitó que los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña sean procesados con prisión preventiva por los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal».

A la vez, en los casos de Inca, Cuevas, Fariña y Miño, agregó la imputación de delito de «falso testimonio agravado», ya que los tres declararon como testigos ante la Policía Federal cuando fue convocada para tomar el caso.

El-Argentino- Lucas González asesinado por policías porteños-
Lucas González, asesinado por policías porteños.

Las nuevas imputaciones fueron requeridas por Gómez Barbella tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados llevadas a cabo ayer. No obstante, como los policías de la Ciudad están detenidos desde el 27 de noviembre pasado -salvo Miño que estuvo prófuga y se entregó el 29- el juez Del Viso debe resolver hoy sus situaciones procesales pero por las primeras imputaciones realizadas: «encubrimiento agravado, privación de la libertad agravadas y falsedad ideológicas», dijeron fuentes de la causa.

Para sustentar la nueva acusación, el representante de Ministerio Público se basó en la definición que dice que «por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuanto éstos tengan gravedad suficiente», y apeló también a la Convención sobre los Derechos del Niño.

«De la normativa internacional (…) surgen tres ejes esenciales referentes a específica prohibición de aplicar torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes a menores; que la detención del niño debe llevarse a cabo de acuerdo a la ley y que durante la misma, deben recibir un trato humanitario y respetuoso que atienda a las necesidades propias de su edad, aspectos respecto de los cuales no se efectuó ninguna consideración en el procedimiento llevado a cabo» para con los adolescentes, escribió, y añadió que «la tortura se caracteriza, entonces, a partir de la gravedad de los sufrimiento padecidos por la víctima».

En este sentido, mencionó que los «sufrimientos recibidos por Lucas González a través de la quemadura en su mano durante el procedimiento policial y mientras inventaban pruebas en su contra colocando un arma detrás suyo» y el de sus amigos «a través de las frases abominables, racistas, cargadas de odio, discriminatorias y estigmatizantes junto a sus detenciones ilegales después de haber baleado a un amigo suyo por parte de policías en un procedimiento inventado, luego de intentarlos matar y mientras estaban esposados».

Por ese mismo delito, junto a los de falsedad ideológica, encubrimiento y privación ilegal de la libertad, la fiscalía pidió la detención de otros ocho policías: un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial. Ese planteo también debe resolverlo el juez Del Viso, aunque sin plazo perentorio, agregaron los voceros.

El crimen fue cometido cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.

Judiciales ⚖️

La Justicia procesó a Día Argentina por evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones

La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.

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El-Argentino-Cadena de supermercados Día.

Procesaron a Día Argentina por evadir aportes de 13.690 trabajadores

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a la cadena de supermercados Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional agravada y le trabó un embargo de $800 millones sobre sus bienes. La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.

Una causa que lleva años: de los allanamientos de la AFIP al procesamiento penal

La investigación no es nueva. En 2018, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la empresa ante el mismo juzgado, luego de detectar una maniobra de evasión previsional agravada que en aquel momento superaba los $20 millones. La hipótesis de los investigadores era entonces la misma que hoy sostiene el procesamiento: la compañía habría designado a empleados propios como titulares de las franquicias para que figuraran formalmente como responsables del pago de cargas sociales, trasladando así una obligación que le corresponde a la empresa matriz.

Lo que durante años tramitó como investigación preliminar culminó el 20 de abril de 2026 con la resolución del juez Pablo Yadarola, que dispuso el procesamiento formal y la traba del embargo. La decisión fue notificada al día siguiente.

El fuero laboral, además, ya había dado señales en el mismo sentido: antes de llegar al procesamiento penal, Día Argentina fue condenada en sede laboral por el uso fraudulento del contrato de franquicia para enmascarar relaciones de dependencia encubiertas al momento de los allanamientos de 2019.

13.690 trabajadores y 1.072 supuestos franquiciados

La escala de la maniobra investigada es significativa. Según el expediente, la fiscalización alcanzó a 13.690 trabajadores: 993 identificados como franquiciados y 12.697 dependientes registrados formalmente por ellos. El relevamiento también identificó un universo de 1.072 supuestos franquiciados, muchos de los cuales habrían operado como empleados encubiertos de la compañía.

Un dato central del fallo refuerza esa hipótesis: el cruce de nóminas laborales detectó que 2.267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que para la acusación indica que no existía una autonomía real sino una dependencia técnica y jurídica directa con la empresa matriz.

Entre las pruebas valoradas figuran intervenciones telefónicas, declaraciones testimoniales, análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos y cruces de información laboral y fiscal. El fallo también citó el uso del sistema interno denominado «llave 4», que habría permitido a supervisores de Día modificar stocks y precios de manera remota en las sucursales de los supuestos franquiciados, socavando cualquier pretensión de independencia comercial. A eso se sumó que la recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por la propia compañía y que los pagos electrónicos se acreditaban en sus cuentas.

Evasión simple y agravada en 34 hechos

El procesamiento abarca 34 hechos distribuidos entre 2015 y 2018. Los delitos imputados combinan presunta evasión previsional simple, por períodos en que el monto no ingresado superó los $7 millones mensuales, y presunta evasión previsional agravada por la utilización de terceros interpuestos, en casos que superaron los $14 millones. Esta última figura, contemplada en la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario, prevé penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.

Para fijar el monto del embargo, el juzgado tomó en cuenta los importes ajustados de la fiscalización, descontados los pagos realizados en término, que arrojaron una cifra de $579.173.127,25, a la que se suman una eventual multa y los gastos del proceso.

La empresa niega y la defensa pide el sobreseimiento

Día Argentina S.A. negó los cargos y sostuvo que «cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente». La firma defendió la legitimidad de su modelo comercial y señaló que la causa «se encuentra en una etapa inicial de prueba». También indicó que cuenta con «sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento» y que está «a total disposición de las autoridades competentes».

La defensa había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Ambos planteos fueron rechazados. El procesamiento no implica una condena sino que el juzgado consideró reunidos elementos suficientes para avanzar con la causa penal.

Vale aclarar que el impacto de este tipo de maniobras no se limita a la empresa y sus trabajadores directos. Como señaló oportunamente la AFIP, los aportes evadidos alimentan el Sistema Único de la Seguridad Social, que financia jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, seguros de desempleo y pensiones por discapacidad, entre otras prestaciones del Estado que sostienen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Puntos clave:

  • El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones.
  • La maniobra investigada habría consistido en usar contratos de franquicia para encubrir relaciones laborales y eludir el pago de aportes a la seguridad social de 13.690 trabajadores.
  • La investigación se inició con una denuncia de la AFIP en 2018 y el fuero laboral ya había condenado a la empresa por uso fraudulento del sistema de franquicias.
  • El fallo abarca 34 hechos entre 2015 y 2018, con montos que superan los $7 millones mensuales en los casos simples y los $14 millones en los agravados.
  • La defensa solicitó el sobreseimiento, que fue rechazado; la empresa niega los cargos y dice estar «a disposición» de la Justicia.
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