DDHH
Casación ordenó reparar a una víctima de abuso sexual en el Ejército
La Cámara Federal de Casación Penal obligó al Estado a reparar integralmente a una suboficial que padeció abuso sexual y cinco años de hostigamiento laboral en una dependencia militar de Gualeguaychú. El fallo de la Sala II revocó la negativa del tribunal oral y fijó un precedente: quien ya probó el daño en sede penal no puede ser enviada al fuero civil a empezar de cero.
Casi diez años después de que un sargento del Ejército Argentino intentara forzar a una subordinada a mantener relaciones sexuales en una dependencia militar y comenzara a hostigarla hasta empujarla a un intento de suicidio, la justicia reconoció que el daño existió, que fue probado y que debe ser reparado aquí y ahora, sin más dilaciones.
La Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad de la Sala II integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar y la jueza Ángela Ledesma, ordenó la reparación integral de la víctima, una mujer que prestaba servicios en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú (Entre Ríos), donde el sargento Víctor Hugo Mercado se desempeñaba como su superior jerárquico. El fallo revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, que en septiembre de 2025 había condenado a Mercado a cuatro años y seis meses de prisión pero rechazado el pedido de reparación del daño.
Un crimen, cinco años de terror y un intento de suicidio
En julio de 2016, Mercado obligó a la suboficial a realizar una tarea fuera de su horario laboral y, aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad jerárquica, intentó forzarla a mantener relaciones sexuales y le efectuó distintos tocamientos sin su consentimiento. Ante su negativa, el sargento no retrocedió: inició un hostigamiento sistemático que incluyó burlas y expresiones denigrantes delante de sus compañeros, además del uso deliberado de su posición de mando para trasladarla en forma reiterada a distintas oficinas, impidiéndole desarrollar su carrera con normalidad.
El acoso persistió pese a las denuncias presentadas por la víctima y a una orden judicial de alejamiento. El deterioro psicológico acumulado en cinco años de persecución institucional derivó, en septiembre de 2021, en un intento de suicidio que la llevó a solicitar la baja del servicio militar. Su carrera en las Fuerzas Armadas quedó destruida.
El tribunal oral condenó pero negó la reparación
El TOF de Concepción del Uruguay condenó a Mercado el 8 de septiembre de 2025 como autor de abuso sexual simple en concurso real con lesiones psicológicas graves mediando violencia de género. Sin embargo, rechazó el pedido de reparación integral argumentando tres razones: que resultaba «sorpresivo», que la víctima no había tenido intervención como actora civil y que conceder el resarcimiento en sede penal impediría el ejercicio posterior de una acción civil autónoma.
La Fiscalía Federal de Gualeguaychú apeló esa decisión. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la reparación estaba lejos de ser sorpresiva: tanto la fiscalía de instrucción como la querella la habían planteado en sus requerimientos de elevación a juicio. Además, el cálculo elaborado en febrero de 2024 por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) había sido puesto en conocimiento de la defensa, que en ningún momento formuló objeciones.
Casación revirtió el rechazo con argumentos de derechos humanos
La Cámara de Casación acogió el recurso de la fiscalía y ordenó la reparación. El fallo estableció que remitir a una víctima a la vía civil luego de un proceso penal que ya acreditó el daño, su entidad y su vínculo causal con la conducta del condenado, no solo contradice la finalidad de la norma sino que impone una carga adicional e injustificada sobre quien ya atravesó un proceso de esa naturaleza. En palabras textuales del tribunal: «no solo resulta contrario a la finalidad de la norma, sino que importa, en los hechos, una carga adicional e injustificada sobre quien ya ha transitado un proceso de esta naturaleza».
Los jueces señalaron que el artículo 29 del Código Penal no establece como requisito que la víctima se constituya en actora civil ni que mantenga su participación como querellante hasta el debate. El Ministerio Público Fiscal, en su rol de representante del interés general y de los derechos de las víctimas, tiene plena legitimidad para solicitar ese resarcimiento.
Además, el tribunal remarcó que garantizar el acceso efectivo a la reparación es una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos, y recordó los compromisos asumidos mediante la Convención de Belém do Pará. El monto estimado en febrero de 2024 equivale a los salarios que la víctima debería haber percibido durante los cinco años en que soportó los hechos investigados, calculado en $29.228.298.
La recalificación y la nueva pena pendiente
En forma paralela, la Sala II introdujo una modificación en la tipificación del hecho: con los votos de Yacobucci y Ledesma y la disidencia de Slokar, recalificó la conducta de abuso sexual consumado a tentativa de abuso sexual, criterio que, según el fallo, había sido sostenido también por la propia fiscalía durante su alegato en el juicio oral. El tribunal aclaró expresamente que esa modificación no altera la escala penal aplicable, ni desconoce la materialidad del hecho ni la responsabilidad del sargento Mercado, confirmada por unanimidad sobre la base de las pruebas testimoniales y documentales incorporadas al debate.
Como consecuencia, la Cámara de Casación Penal ordenó devolver la causa al tribunal de origen para que, con una nueva integración, fije la pena correspondiente al delito tentado previa audiencia con intervención de todas las partes.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la reparación integral de una víctima de abuso sexual y hostigamiento laboral en el Ejército Argentino en Gualeguaychú.
- El sargento Víctor Hugo Mercado había sido condenado en septiembre de 2025 a cuatro años y seis meses de prisión; el tribunal oral rechazó la reparación y Casación revirtió ese rechazo.
- El fallo estableció que quien ya probó el daño en sede penal no puede ser obligada a iniciar un proceso civil para cobrar el resarcimiento.
- El monto de reparación estimado por organismos especializados del Ministerio Público equivale a $29.228.298, calculados sobre los salarios de los cinco años en que ocurrieron los hechos.
- La causa regresa al tribunal oral con nueva integración para que fije la pena correspondiente a la conducta recalificada como tentativa de abuso sexual.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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