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Judiciales ⚖️

Caso Luciano: «no existe la opción de que el arma del policía se haya disparado sola»

Aseguró Judith, madre de la víctima, mientras continúan las declaraciones de testigos en la instancia judicial.

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La madre de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años asesinado el último viernes de un balazo en el pecho por policías que lo persiguieron porque aparentemente se negó a detenerse en un control en la ciudad balnearia de Miramar, aseguró este lunes que ese día «había un circo de policías» en el lugar del hecho y remarcó que «no existe la opción de que el arma se haya disparado sola».

En tanto, fuentes judiciales indicaron que durante la mañana declaró como testigo en el marco de la investigación del hecho uno de los amigos de la víctima que estaban con él la madrugada del crimen, mientras que para mañana está previsto que lo hagan los familiares con los que el adolescente convivía.

A su vez, mañana comenzarán las pericias pedidas por la fiscal del caso, Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, que buscarán determinar si funcionaba correctamente el arma perteneciente al policía imputado por el hecho, Maximiliano González (25).

«Lo único que queda es esperar justicia. Un circo de policías era. Todos sabían lo que se había hecho y sabían lo que se iba a venir. Mientras traían más policías, los únicos que estábamos éramos yo, mi pareja y los amigos del nene, ¿qué podíamos hacer? «, dijo este mediodía Judith, mamá de la víctima.

Además, la mujer contó que los policías trasladaron rápidamente del lugar al acusado de ser el autor del disparo, y denunció que los agentes la agredieron físicamente a ella cuando «pedía explicaciones» por lo sucedido.

«Cuando descubro que mi hijo tenía un balazo en el pecho, me levanté y ellos me pegaron. Pedía respuestas y nadie me decía nada. Yo estuve toda la noche arriba de mi hijo y de a momentos me levantaba para pedir explicaciones y me pegaban. No me hablaban, me pegaban», relató la madre del adolescente, quien dijo que, como consecuencia de los golpes, tuvo que ser internada el domingo en un centro de salud por «fuertes dolores en las costillas y la espalda».

En en marco de la causa, la madre y padrastro del joven declararán mañana como testigos en la sede de la fiscalía en Miramar, según confirmó a Télam Cintia Aristegui, madrina de la víctima, quien es además integrante de la Policía Bonaerense y también brindará testimonio.

Además, desde mañana a las 10 se harán en el Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata, dependiente del Ministerio Público, las pericias para determinar si la pistola Bersa 9 milímetros utilizada por el efectivo detenido funcionaba correctamente.

También será peritada la vaina servida del proyectil, que fue hallada en el lugar, mientras que el plomo que perforó la remera, el buzo, la campera que la víctima llevaba puestos, y que atravesó su cuerpo, no pudo ser localizado durante los rastrillajes llevados a cabo tras el hecho.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron además que este lunes se inició en el Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General el análisis de decenas de cámaras privadas relevadas en las cuadras que duró la persecución de Olivera por parte de uno de los patrulleros involucrados, y el Municipio de General Alvarado aportó además imágenes tomadas por dispositivos del sistema de monitoreo público.

La fiscalía intentaba además determinar el origen de una imagen que circuló desde el día del crimen por redes sociales, tomada supuestamente durante el momento en que Olivera fue baleado, que no fue sumada a la investigación por desconocerse su procedencia. En caso de ser identificado el autor de ese registro podría ser citado por la fiscalía a brindar declaración como testigo.

Los investigadores aguardaban además el informe definitivo de la autopsia al cuerpo de Olivera, que podría conocerse sobre el fin de la semana, y también el resultado de las pericias toxicológicas sobre la extracción de sangre realizada al imputado, que serán practicadas en una sede de la Asesoría Pericial del Poder Judicial bonaerense.

Por otro lado, el abogado defensor de González, Lautaro Resúa, aseguró que al efectivo acusado de asesinar a Luciano «se le escapó el tiro» y que en ningún momento «le apuntó» con su arma reglamentaria a la víctima.

«González refiere en todo momento que nunca apuntó con su arma; sí que la llevaba montada, pero que no apuntó hacia el cuerpo de Luciano», indicó el letrado en diálogo con el canal Todo Noticias.

La madre de la víctima rechazó rotundamente la versión de la defensa: «No existe la opción de que el arma se haya disparado sola. Y en caso de que existiera, viene todo mal desde arriba. Él lo estaba esperando con el arma en la mano. A la velocidad que venía Luciano, le dio tiempo a hacer todos los pasos que lleva disparar un arma».

Respecto del imputado, la fiscalía solicitó además documentación sobre capacitaciones y antecedentes laborales suyos. Por otra parte, la madre de Olivera dijo que «no quiere ver trabajando» al exjefe de la Policía de Seguridad Comunal de General Alvarado, el comisario Edgardo Vulcano, quien fue desplazado ayer de su cargo por el Ministerio de Seguridad provincial, con el objetivo de que la investigación del caso «se pueda realizar con todas las facilidades», según indicó una fuente oficial.

«Al comisario lo trasladaron. Ahora lo mandaron a un pueblo, y va a hacer la misma mierda que hizo acá. Yo no lo quiero ver más trabajando. Todo lo que me pasó hasta ahora fueron palabras. Yo quiero hechos», concluyó.

El asesinato de Luciano

El asesinato de Olivera se produjo en la madrugada del último viernes, cuando un patrullero con cuatro efectivos a bordo quiso identificar presuntamente al adolescente que se trasladaba a bordo de una moto Yamaha YBR 125 roja.

En circunstancias que aún son materia de investigación, efectivos que iban en otro móvil se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de descender de esa unidad, González le efectuó un disparo con su arma reglamentaria.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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