La investigación judicial por el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo. El fiscal Franco Picardi solicitó la indagatoria del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y de otras 28 personas, en el marco de una causa que ya acumula procesamientos y que pone bajo sospecha un presunto desvío de $75 mil millones.

El expediente apunta a un esquema de direccionamiento de fondos públicos que, según la hipótesis fiscal, habría beneficiado a un grupo de empresarios mediante la manipulación de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El foco: el programa Incluir Salud

En el centro de la investigación aparece el Programa Incluir Salud, diseñado para garantizar prestaciones médicas a personas con discapacidad. La fiscalía sospecha que ese circuito fue utilizado para montar un sistema paralelo de pagos.

Según la acusación, los fondos destinados a:

Prótesis de alta complejidad

Implantes cocleares

Sillas de ruedas motorizadas

Insumos quirúrgicos de alto costo

habrían sido redirigidos de manera irregular, con sobreprecios, favoritismos y posibles retornos.

Un mecanismo bajo la lupa

De acuerdo con la investigación, el esquema habría operado mediante:

Empresas seleccionadas “a dedo” para proveer insumos

Exclusión de otros oferentes del sistema

Pagos sistemáticos a un grupo reducido de proveedores

La causa también incorpora menciones a coimas y retornos, lo que amplía el alcance del expediente más allá de la administración irregular y salpica a la hermana del Presidente, Karina Milei.

Un correo que encendió alarmas

Entre los elementos que analiza la Justicia figura un mail enviado en marzo de 2025 por el empresario Luis Cella a Spagnuolo. En ese mensaje, denunció que su firma había sido excluida del sistema de compras y advirtió sobre un “perverso y corrupto sistema” manejado por un grupo reducido.

La falta de respuesta oficial, según la fiscalía, forma parte del contexto que rodea las maniobras investigadas.

Una causa en expansión

El caso ANDIS ya cuenta con 19 personas procesadas y suma ahora una nueva tanda de indagatorias. La convocatoria a declarar no implica culpabilidad, pero marca un avance clave: la Justicia considera que hay elementos suficientes para profundizar responsabilidades.

Recursos públicos y población vulnerable

El expediente no sólo discute cifras. Pone en tensión el destino de recursos destinados a uno de los sectores más sensibles. La hipótesis de la fiscalía es que el esquema investigado no sólo habría afectado las arcas del Estado, sino también el acceso a prestaciones esenciales para personas con discapacidad.